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Argentina presiona al Gobierno de EEUU en el conflicto de la deuda

Argentina presiona al Gobierno de EEUU en el conflicto de la deuda

El Ejecutivo argentino instó a Washington a pronunciarse sobre la denuncia presentada ante la Corte de La Haya.

El Ejecutivo argentino elevó la presión sobre el Gobierno estadounidense en el marco del conflicto de la deuda e instó a Washington a pronunciarse sobre la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

"Al día de la fecha Estados Unidos no ha contestado si acepta o no acepta dirimir la controversia con la Argentina en el Tribunal Internacional", destacó el canciller argentino, Héctor Timerman, durante una rueda de prensa.

El Gobierno de Cristina Fernández denunció a Estados Unidos en La Haya por lo que considera una "violación directa a la soberanía, emanada de una decisión judicial de Estados Unidos" en el conflicto por la deuda, según Timerman.

"EE.UU. debe asumir la responsabilidad por los actos ilegales del juez Thomas Griesa", afirmó el canciller respecto al fallo favorable a los fondos especulativos tenedores de bonos no sujetos a la reestructuración de la deuda y denunciaron a Argentina para cobrar el monto íntegro que está en mora desde 2001.

Según el Gobierno argentino, Estados Unidos debe responder por "estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de la ONU", para que la Argentina "no pueda llegar a cumplir el pago de los bonos, forzando su decisión soberana de reestructurar su deuda".

El canciller desmintió que Estados Unidos haya manifestado una postura oficial sobre la denuncia, pese a que funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, que pidieron no ser identificados, rechazaron la jurisdicción de la CIJ en declaraciones a los medios.

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También afirmó que la demanda se presentó pese a saber que Washington no reconoce obligatoriamente la jurisdicción de La Haya y que en otras ocasiones ha desconocido sus sentencias.

Denuncia contra Estados Unidos

El canciller explicó que la denuncia no es contra los fondos demandantes sino "contra Estados Unidos, en el marco de una controversia entre estados", ya que éste debe hacerse responsable de las actuaciones de todos sus órganos, ya sean legislativos, ejecutivos o judiciales, según las resoluciones de Naciones Unidas.

Timerman hizo hincapié en que "si los Estados Unidos no se avienen a presentarse" ante la Corte Internacional, "deberán indicar un método alternativo pacífico de solución de controversias".

Según el ministro, la denuncia se interpuso después de que miembros del Ejecutivo argentino, entre ellos él mismo, fueran informados de forma oficiosa de que funcionarios estadounidenses habían sido instruidos por el departamento de Estado y el departamento del Tesoro a no dialogar con sus pares de Argentina sobre la deuda.

Además, el Ejecutivo de Cristina Fernández denunció una campaña contra los intereses argentinos por parte de legisladores estadounidenses que, según Timerman, han recibido donaciones de los fondos litigantes por valor de diez millones de dólares.

Como parte de la aplicación de la sentencia de Griesa, que obliga a Argentina a pagar unos 1.500 millones de dólares a los fondos especulativos, el juez mantiene bloqueados los fondos depositados por Argentina para hacer frente al último vencimiento adeudado a los tenedores de bonos sujetos a los canjes de 2005 y 2010, que implicaron importantes quitas en el valor de los títulos.

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El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir el fallo porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas que aceptaron la reestructuración, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015

Por ello, el Ejecutivo argentino considera que el fallo del magistrado neoyorquino viola su inmunidad soberana ya que pone en riesgo el proceso de reestructuración de la deuda.

Además, Griesa, según dijo hoy Timerman, se "extralimita" en su competencia al bloquear el pago de bonos que "que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre".

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