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Alejandro García Padilla firmó la nueva política sobre la posesión de la marihuana en Puerto Rico.

Cambios a la política de posesión de marihuana

Cambios a la política de posesión de marihuana

Procesar a una persona por posesión de seis gramos o menos de marihuana no será prioridad en el sistema de justicia


Alejandro García Padilla firmó la nueva política sobre la posesión de la...
Alejandro García Padilla firmó la nueva política sobre la posesión de la marihuana en Puerto Rico.

Procesar a una persona por posesión de seis gramos o menos de marihuana no estará en las áreas de prioridad a la hora de asignar recursos para la implementación de la ley, estableció hoy el gobernador Alejandro García Padilla al firmar una orden ejecutiva que cambia la normativa legal. 

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La medida persigue reenfocar los recursos del estado pues, como establece el Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde la salud pública.

En este sentido, los recursos limitados con los que cuentan los estados deben usarse principalmente para combatir la violencia y la criminalidad organizada, según la OEA.

Las ocho áreas de prioridad al momento de asignar recursos para el procesamiento de delitos relacionados con la marihuana serán prevenir la distribución a menores de edad; que las ganancias de la venta ilegal vayan a las empresas criminales, pandillas y carteles, además de prevenir la desviación interestatal de marihuana desde estados donde es legal al amparo de leyes estatales.

También, prevenir que la actividad legal relacionada con marihuana en unos estados al amparo de leyes estatales, sea utilizada como subterfugio o pretexto para traficar otras drogas ilegales o incurrir en otra actividad ilegal; prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y distribución de la hierba.

Igualmente, prevenir que se conduzcan vehículos de motor bajo los efectos de la marihuana y la exacerbación de otras consecuencias adversas a la salud pública asociadas con su uso; prevenir el cultivo en tierras públicas y atender los asuntos de seguridad pública y riesgo ambientales creados por la producción de marihuana; y prevenir la posesión de marihuana en propiedad pública federal.

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Con esta orden del gobernador García Padilla se instruye al secretario de Justicia para que, según su discreción, en los casos en que la persona califique y cuando se trate del primer incidente, se consienta un acuerdo para que se someta a tratamiento y rehabilitación o pueda ser sometido a libertad a prueba. Esto es permitido por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas.

¿Por qué Jeremy está preso y “Melino” no? /Univision Puerto Rico

Además, cuando una persona se declare o sea hallada culpable y el tribunal determine que no representa un peligro para la sociedad ni que es adicta a sustancias controladas, el secretario de Justicia deberá prioritariamente imponer una multa y la prestación de servicios a la comunidad conforme al Art. 404(c) de Ley de Sustancias Controladas.

Esta medida no provee una defensa legal contra las violaciones a la ley; no enmienda ni deroga lo dispuesto por el Código Penal, la Ley de Sustancias Controladas, ni cualquier otra legislación relacionada con la regulación de la marihuana, se explicó.

Tampoco legaliza ni despenaliza la posesión de marihuana ni prohíbe la investigación y procesamiento, en circunstancias particulares donde se sirva un interés estatal importante.

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“A modo de ejemplo, para diciembre de 2014, el Departamento de Corrección incurrió en gastos ascendentes a 2,280,000 de dólares por confinamiento de usuarios y poseedores de marihuana”, aseguró García Padilla.

El gobernador expuso que “con esta orden renfocamos el uso de fondos públicos de la penalización a la rehabilitación en los casos de posesión de marihuana para consumo personal y continuamos redirigiendo los recursos y esfuerzos del país para combatir el trasiego de drogas, la violencia y la corrupción asociada al narcotráfico”.

García Padilla expresó que, como gobernador, “espero que este sea un primer paso para que este asunto se pueda atender a través de legislación en un futuro cercano”. 

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