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doportaciones convictos ilegal

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El incremento se debe a un programa que entrena a policías a identificar a inmigrantes indocumentados convictos.

Tras cumplir sentencias, son deportados

LOS ÁNGELES.— El rastreo de inmigrantes indocumentados en las cárceles del condado de Los Ángeles ha casi duplicado el número de presos que han sido identificados para ser deportados una vez que cumplan sus sentencias, anunciaron las autoridades.

En 2006, 5,829 presos fueron identificados como candidatos a deportación, comparado con 3,000 el año anterior.

En los próximos dos años, Inmigración espera aumentar la cifra del personal asignado a las cárceles mediante su Programa de Extranjeros Delincuentes.

Por motivos de seguridad, la agencia no quiso suministrar el número de empleados en el programa. Pero espera agregar 220 más a partir del 2008.

“El beneficio es que estas personas que están cometiendo crímenes no están siendo liberadas a las calles para que cometan más crímenes. Están siendo expulsados de los Estados Unidos”, dijo Jim Hayes, director de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles.

Ocho oficiales entrenados como inspectores de asuntos de inmigración fueron asignados a la cárcel del condado de LA desde finales de 2005 y se estima que investigaron a casi 10,000 convictos. También, el número de agentes de inmigración presentes en las cárceles para encargarse de los trámites de deportación se dobló desde octubre.

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Además de ser cuestionados, los convictos son puestos en una base de datos de ICE que es cotejada con una lista de personas que han sido deportadas previamente o que han violado leyes de inmigración. Una vez que cumplen sus sentencias en las cárceles de condado, los que son identificados como indocumentados pasan a custodia de las autoridades federales.

Las autoridades estimas de de los 170,000 presos que pasan por las cárceles de Los Ángeles, unos 40,000 son indocumentados.

El año pasado, casi 7,000 convictos que pasaron por las cárceles del condado fueron entregados a las autoridades federales y dirigidos a audiencias de deportación.

El Programa de Extranjeros Delincuentes también se ha aplicado en otros tres condados del sur de California.

Un caso real

En Costa Mesa, una ciudad de unos 105,000 habitantes en el condado de Orange, un funcionario de Inmigración trabaja tiempo completo en la prisión desde diciembre. En el primer mes el agente identificó a 46 indocumentados, inclusive a dos hombres con antecedentes de arrestos que habían sido deportados varias veces.

Juan Martínez esperaba regresar a su trabajo como obrero de la construcción después de cumplir una sentencia de un mes por violar las condiciones de libertad condicional por cargos de drogas.

Pero cuando quedó en libertad en la cárcel del condado de Orange, en vez de su madre lo recibieron los agentes de inmigración. Se dispuso deportar al inmigrante indocumentado de 23 años con $68 en el bolsillo y un futuro incierto.

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"Probablemente no regresaré", dijo sobre la perspectiva de ser enviado a Tijuana. "Si lo hago, seguiré volviendo a la cárcel y no quiero eso", intuyó.

Los grupos conservadores están satisfechos con la nueva estrategia pero les preocupa que el énfasis en los controles carcelarios sea más bien una estrategia política que amenace desviar personal y recursos de la tarea de detener a los que cruzan ilegalmente la frontera.

"Esto es algo con lo que todos están de acuerdo pero no ejerce un efecto verdadero sobre el total del flujo inmigratorio", observó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios sobre Inmigración, un grupo de investigación conservador. "Acalla a los críticos", advirtió.

Los grupos defensores de los inmigrantes se oponen a esta estrategia. Dicen que los inmigrantes indocumentados podrían dejar de denunciar el abuso infantil o la violencia familiar para proteger a maridos o padres de la deportación. También les preocupa que personas que hayan sido arrestadas equivocadamente sean deportadas debido a ese mecanismo.

"Es una práctica que conduce a debilitar o eliminar las libertades civiles, en primer lugar para los inmigrantes", afirmó Nativo López, presidente de la Asociación Política Mexicana-Estadounidense (Mexican American Political Association), con sede en Los Angeles.

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"Todos nosotros nos vemos afectados por eso ya sea que estemos aquí ilegalmente o que nuestras raíces las rastreemos a los peregrinos", agregó.

ICE recibió este año un aumento presupuestario de $45 millones para aumentar la deportación de delincuentes, dijo Julie Myers, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Interna en Inmigración y Aduanas. Ha solicitado otros $31 millones para el año próximo, lo que elevaría a $168 millones el presupuesto del programa.

Los fondos no alcanzan para cubrir todas las prisiones del país. Inmigración espera aumentar su alcance expandiendo otro programa que le permite a las autoridades entrenar a los oficiales de las prisiones locales en leyes de inmigración federal para que ellos mismos detecten a los indocumentados.

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