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Tribunal Supremo de Estados Unidos

Colegio de Abogados espera fallo favorable del Tribunal Supremo federal sobre ley de quiebras criolla

Colegio de Abogados espera fallo favorable del Tribunal Supremo federal sobre ley de quiebras criolla

"Es imprescindible que la ley pueda entrar en vigor, porque lo menos que necesitamos es que nos desinflen los pocos salvavidas que nos quedan".

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El Colegio de Abogados de Puerto Rico espera un fallo favorable en el caso que sobre la ley de quiebras criolla ventila el Tribunal Supremo federal, y a través de su presidente, Mark Anthony Bimbela, señaló que “es imprescindible que la ley pueda entrar en vigor, porque lo menos que necesitamos es que nos desinflen los pocos salvavidas que nos quedan”.

“En un acto sin precedentes, el Tribunal Supremo acogió dos casos de Puerto Rico para ser evaluados por el pleno. El primero, Pueblo v. Sánchez Valle, ya tuvo su día en corte el pasado 13 de enero. Ahora, por la impugnación de la Ley 71 de 2014 que establece un procedimiento de repago, restructuración y cumplimiento de las deudas del gobierno de Puerto Rico”, explicó Bimbela.

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El licenciado Bimbela expresó en declaraciones escritas que la ley impugnada es muy importante “para brindarle a Puerto Rico un alivio a su maltrecha economía. Hemos comparecido como institución ante el alto foro federal planteando la validez y constitucionalidad de la legislación”.

El documento presentado por el Colegio, al que se unió la Puerto Rican Bar Association of New York, expone que la Ley 71 permite que Puerto Rico regule y corrija sus finanzas de una manera ordenada.

Así también, denuncia que el Congreso-al aprobar la reforma de la Ley Federal de Quiebras en 1984- privó arbitrariamente a Puerto Rico y al Distrito de Columbia de herramientas legales para manejar efectivamente sus deudas.

Según el escrito, ello forzó al gobierno local a tener que ejercitar acciones legales para poder defender el patrimonio público y al pueblo de Puerto Rico.

“Esperamos que, por el bien del país, se acojan los planteamientos de Puerto Rico, y podamos comenzar una restructuración viable para nuestra economía, y poder finalmente ver la luz al final del túnel”, finalizó el presidente del Colegio.

En junio de 2014 un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) impugnó en el tribunal federal de San Juan la Ley 71, conocida como la “Ley de Quiebra Criolla”. En dicho pleito el juez Francisco Besosa declaró inconstitucional la Ley 71, estableciendo que el Código Federal de Quiebras ocupa el campo legal que intentó legislar Puerto Rico y prohibió la puesta en vigor del estatuto.

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Ante ello, el gobierno de Puerto Rico recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Boston, y este sostuvo la decisión del juez Besosa. El Tribunal de Boston también interpretó que el Congreso federal se reservó el derecho de enmendar el capítulo 9 para incluir a Puerto Rico.

El pasado 4 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió la petición del gobierno de Puerto Rico para revisar la determinación del Tribunal de Apelaciones.

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