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Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico

Aníbal Acevedo Vilá recomienda demandar a los Estados Unidos

Aníbal Acevedo Vilá recomienda demandar a los Estados Unidos

El exmandatario afirma que el ejecutivo federal, Barack Obama, sí tiene poder para actuar sobre la crisis fiscal.


Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico
Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico

El exgobernador de Puerto Rico,  Aníbal Acevedo Vilá, recomendó al gobierno demandar a Estados Unidos como codeudor de la deuda pública y aumentar la presión sobre el presidente Barack Obama para que atienda la crisis fiscal de la isla, al tiempo que se prepare el escenario para el no pago a los bonistas.

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En un comunicado difundido esta mañana, Acevedo Vilá señala que porque “no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando un milagro”, ha pensado “en tres pasos simultáneos, en tres niveles y tres escenarios distintos” para atender la crisis económica.

A su entender, “pretender decir que quien único puede actuar es el Congreso republicano es falso, pues la rama ejecutiva federal tiene el poder de actuar”.

Explica que el estudio del profesor y economista Arturo Estrella, encomendado por la Fundación Carvajal y publicado recientemente, establece que el Banco de la Reserva Federal (“que se ha expresado, pero no ha hecho nada sobre el tema de Puerto Rico y su crisis fiscal”), conjuntamente con el Departamento del Tesoro, pueden tomar acciones inmediatas, sin la necesidad de autorización del Congreso.

Según este estudio, al amparo de la sección 14 (2) del Federal Reserve Act, e l Banco de la Reserva puede comprar deuda de Puerto Rico con vencimiento de seis meses. “ Eso resolvería el problema de liquidez a corto plazo, permitiría el pago de la deuda, evitaría un cierre parcial o que se reduzca la jornada de los empleados públicos”, asevera el exgobernador popular.

“Mediante esa misma sección y tratando a Puerto Rico como una jurisdicción extranjera -algo que ya somos para propósitos del código federal de rentas internas y también bajo ciertas regulaciones del propio Banco de la Reserva- éste puede comprar deuda de Puerto Rico sin importar la fecha de vencimiento. Esto nos daría acceso inmediato a los mercados de capital a intereses mucho más razonables”, asegura Acebedo Vilá.

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A su juicio, lograr acción del presidente Obama va a requerir de una presión fuerte de parte de todos los sectores de nuestro país, hablando con una sola voz. La diáspora, que se ha levantado con solidaridad y voz fuerte, tiene que presionar al Congreso y a Obama. No es fácil, pero no es imposible”.

Argumenta que “lo que es fácil, pero inaceptable, es liberar a Obama de su responsabilidad y poner toda la responsabilidad en el Congreso, que ciertamente representa el peor de los escenarios”.

Por eso, “si lo que Obama quiere es que el Congreso republicano pague el costo político que para él representaría ganar capital político (actuando luego unilateralmente como hizo en el caso de la reforma de inmigración), mi reflexión es que en nuestra situación, el tiempo es nuestro mayor enemigo y no hay tiempo para maniobras”.

La segunda recomendación es “demandar al gobierno de los Estados Unidos. Si Puerto Rico cae en el impago (es seguro el gobierno del Estado Libre Asociado será demandado y ya hay que prepararse para eso). Pero no hay mejor defensiva que una buena ofensiva y por eso desde ya también hay que advertirle al gobierno de Estados Unidos que si somos demandados, Puerto Rico traerá al gobierno federal como codeudor”.

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Acevedo Vilá sostiene que “Estados Unidos es codeudor de esos 73,000 millones que debemos”.

Explica que “nuestra deuda se vendió en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos al amparo de una ley federal que le otorga a los bonos del ELA triple exención contributiva. Sin esa ley federal, vigente desde 1917, Puerto Rico jamás hubiera llegado a los niveles de endeudamiento de hoy”.

Advierte que “nuestros bonos, por esta exención, pagaban los rendimientos más altos de todo el mercado municipal. Los bonistas hacían el cálculo y no se preocupaban tanto por nuestra capacidad de pagar, porque el rendimiento era tan alto y libre de contribuciones en todo los Estados Unidos, que para ellos era un negocio redondo”.

Sin embargo, “la realidad es que nos prestaron más allá de lo razonable. Nuestras corporaciones públicas y entidades gubernamentales no tienen acceso a una ley de quiebras porque el Congreso de Estados Unidos, por capricho, nos removió del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras y los tribunales federales han concluido que la intención del Congreso es que no tengamos ningún mecanismo de quiebra, ni siquiera una legislada localmente”.

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La consecuencia de esta acción es fácil de entender: si tuviéramos una ley de quiebras (federal o local) no estaríamos al borde del impago y he ahí parte de la responsabilidad de Estados Unidos.

Acevedo Vilá ve un precedente legal en el caso Limtiaco versus Camacho, 549 U.S. 483 (2007), cuando el Tribunal Supremo se enfrentó a una controversia en torno a una propuesta emisión de bonos del gobierno de Guam y en el último párrafo de la opinión judicial se expresa lo siguiente en torno a la naturaleza de una deuda de bonos de un territorio y las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio:

“Es cierto que concedemos deferencia a los tribunales territoriales sobre asuntos de interés puramente local. Sin embargo, este caso no se ajusta a ese modelo. La disposición sobre la limitación de deuda protege tanto a los ciudadanos de Guam como a los Estados Unidos de las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio. Por lo tanto, este caso no es una cuestión de interés puramente local”.

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Si “las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio... no son una cuestión de interés puramente local”, ¿entonces qué son? Pues obviamente, según este caso, las posibles consecuencias de la insolvencia de un territorio son un asunto de interés nacional de Estados Unidos”, argumenta el exgobernador.

Añade que “si es un asunto de interés nacional, la razón es clara: Estados Unidos tiene responsabilidad por la insolvencia financiera de sus territorios. Si bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene plenos poderes sobre los territorios, pues al final del día también tiene plena responsabilidad”.

A su entender, el gobierno federal no puede afirmar que Puerto Rico sigue “estando, como lo está hoy sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos” con el fin de negar a Puerto Rico facultades y poderes para resolver nuestra crisis económica y social, para luego darse la vuelta y decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre nuestra deuda porque la crisis de la deuda es “un asunto de interés puramente local”.

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“No se trata de rehuir nuestra responsabilidad. Se trata de afirmar y reclamar la responsabilidad legal que tiene Estados Unidos. Con los poderes plenarios viene la responsabilidad plenaria”, concluye el político.

Por último, la tercera recomendación es enfrentar el escenario del impago de la deuda.

“Si la deuda no se puede pagar, como el propio Departamento del Tesoro ha indicado, pues creo que llegó el momento de enfrentar ese escenario. Posponer ese momento con medidas de ahorro o eficiencia que no afecten la economía y/o el bolsillo de la gente es el camino a seguir hasta donde sea viable”.

Pero -agrega- “la pregunta es hasta dónde podemos estirar la sábana. Si para hacer el pago a los bonistas hay que llevar a miles de empleados públicos a una jornada parcial con un recorte significativo en sus salarios, es muy alto el riesgo de que quedemos en una peor situación”.

“Miles de empleados públicos a quienes se le reduzca su sueldo mensual en 30 ó 40 por ciento equivale a miles de hipotecas en riesgo, a miles de carros que se van a tener que entregar a los bancos por falta de pago, a miles de familias que perderían su plan médico, a un incremento vertiginoso de clientes en el ya quebrado plan de salud del gobierno”, advierte.

“En fin, se creará un efecto dominó de tal magnitud que el deterioro de la economía será mayor, habrá una reducción aún más grave en el área de los recaudos y al final, tampoco se le va a poder pagar a los bonistas”.

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Asevera que nunca ha abogado “porque no paguemos por gusto. Mi propuesta de hace más de un año fue trabajar con el gobierno federal para que garantizara o adquiriera nuestra deuda a cambio de unos ajustes en nuestros reclamos futuros de mayor transferencia de fondos federales. Ese es el primer punto del plan que aquí propongo: una participación activa y efectiva del gobierno federal en la solución”.

“Desconozco si el gobierno de Puerto Rico tiene alternativas distintas para cumplir con sus obligaciones a las que se han discutido públicamente, pero si de lo que estamos hablando es de menos servicios y menos ingresos para los empleados públicos, pues es claro que llegamos al momento de la verdad”, añade.

El escrito indica que Acevedo Vilá sabe que “no es fácil para nadie, particularmente para el gobernador, pero todas las partes con interés están advertidas desde hace ya tiempo suficiente, incluidos el gobierno federal y los bonistas. Y si como le dijo el gobernador al New York Times en el verano, la deuda pública es impagable y llegó el momento de hacer unos pagos para los cuales no hay dinero, la única alternativa es enfrentar esa realidad: esos pagos no se pueden hacer”.

Argumenta que el impago total o parcial en estas circunstancias “tendrá consecuencias legales pero no necesariamente se agravaría la situación fiscal inmediata, pues quizás el impago total o parcial sea lo único que lleve a actuar a los bonistas y al gobierno de Estados Unidos”.

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“Si no hay dinero, no paguemos, y cuando nos demanden, tengamos la valentía de traer a la demanda al gobierno Estados Unidos. De esta forma y solo de esta forma, quizás logremos que los bonistas y el gobierno federal actúen en apoyo al pueblo de Puerto Rico”

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