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De una a otra parte del mundo, las leyes sobre el despido de los empleados cambian de formas incluso radicales.

100 empleados de la Sociedad para Asistencia Legal quedarían sin trabajo

100 empleados de la Sociedad para Asistencia Legal quedarían sin trabajo

La Sociedad para Asistencia Legal podría implantar un plan de cesantía que dejaría sin empleo a más de 100 empleados.

De una a otra parte del mundo, las leyes sobre el despido de los emplead...
De una a otra parte del mundo, las leyes sobre el despido de los empleados cambian de formas incluso radicales.

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) podría implantar un plan de cesantía que podría dejar sin empleo a más de 100 empleados de los 250 que laboran en esa institución, según denunció hoy la Unión de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (Uiasal).

Tras sostener una reunión con la gerencia de la institución en la que se discutieron las propuestas de reducción de personal, salarios y beneficios para enfrentar la crisis económica que vive la SAL, el liderato del gremio denunció que el Departamento de Hacienda le ha estado reteniendo el 30 por ciento del presupuesto asignado, de unos 9.6 millones de dólares.

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"Al cuadro fiscal que se ha presentado se suma que el Departamento de Hacienda también ha estado reteniendo el dinero por concepto de sellos que se cancelan en declaraciones juradas y documentos públicos, que al presente deberían rondar unos cuatro millones de dólares", agregó el sindicato.

Según el gremio de abogados, de esos sellos en los que el Departamento de Hacienda sólo participa como cobrador, a la SAL no se le ha remitido nada relacionado a las ventas de este año fiscal.

La SAL es una corporación sin fines de lucro dedicada a brindar servicios legales a las personas indigentes acusadas de delitos en los tribunales del país, de los cuales atiende alrededor del 80 por ciento.

La Uiasal denunció que con la implementación del plan de cesantía y austeridad que está en discusión, la institución no podrá coger casos nuevos a partir de enero, "lo que redundaría en el atraso de los casos ante los tribunales, en que los acusados de delitos no tengan representación legal y en una avalancha de planteamientos de términos de juicio rápido".

El gremio de abogados planteó que aparentemente ha habido un problema de comunicación entre la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y La Fortaleza.

La Unión destacó que "le resulta raro lo que ha estado ocurriendo con los fondos de la SAL, porque el gobernador Alejandro García Padilla siempre ha tenido una gran deferencia por el trabajo que se hace en esta institución".

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"Así las cosas, creemos que esta situación con el dinero de la SAL sólo puede deberse a un problema de comunicación entre las agencias mencionadas", sostuvo el licenciado Antonio G. Torres, presidente de la Uiasal.

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