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Policía junto a un agente federal de ICE.

Sanders critica programa migratorio que otorga poderes especiales a las policías locales

Sanders critica programa migratorio que otorga poderes especiales a las policías locales

El aspirante a la nominación presidencial demócrata criticó el programa federal que reemplazó a Comunidades Seguras

Policía junto a un agente federal de ICE.
Policía junto a un agente federal de ICE.

El aspirante a la nominación presidencial demócrata, el senador Bernie Sanders, criticó un programa federal de inmigración que otorga poderes especiales a las policías locales (estatal y municipal) para que compartan información con el gobierno federal.

En una carta enviada al Secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Jeh Johnson, y firmada ta,bién por el congresista Raúl Grijalba, el senador por Vermont fustigó la creación del Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP, por su sigla en inglés) que, dijo, es lo mismo que el desaparecido y cuestionado Comunidades Seguras (SComm, por su sigla en inglés).

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En la misiva, Sanders y Grijalba señalan que el cambio de programa solo permitió hacer “cambios menores” que es lo mismo que seguir haciendo lo mismo pero con otro nombre.

“Tal y como se ha implementado, el PEP no está logrando sus objetivos”, escribieron Sanders y Grijalba. “El DHS ha hecho cambios menores a las solicitudes de detención y las ha implementado en aquellos lugares que rechazaron el programa SComm”, dijeron. ”En el resto del país, entendemos que siguen usando SComm, pero con otro nombre”.

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Objetivo del programa

El PEP permite al DHS que trabaje con agencias del cumplimiento de la ley a nivel estatal y local para “tomar custodia de los individuos que presentan una amenaza a la seguridad pública antes que estos individuos sean liberados en nuestras comunidades”, dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a Univision Noticias.

El programa, agregó la agencia, fue establecido bajo la dirección de Johnson un memorándum fechado el 20 de noviembre del 2014, cuando se descontinuó Comunidades Seguras y se fijaron las nuevas prioridades de deportación.

Comunidades Seguras fue duramente criticado por las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, porque muchos deportados, agregaron, no tenían antecedentes que pidieran en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

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Lluvia de críticas

Sanders y Grijalba indicaron que desde el lanzamiento del memorándum, “el PEP no ha seguido sus instrucciones”, y por el contrario persiste el rompimiento de la confianza entre la ciudadanía y la policía, causado por el funcionamiento de Comunidades Seguras.

“Tal como se aplica actualmente, PEP no está logrando este objetivo”, anotaron.

Precisaron además que “hay poca evidencia de que ICE sigue las directrices y prioridades establecidas en el memorándum, o que exista supervisión o rendición de cuentas dentro de la agencia para dar seguimiento a las políticas establecidas”.

El memorando del 20 de noviembre del 2014, además de anunciar la cancelación de Comunidades Seguras y el surgimiento del PEP, fijó las nuevas prioridades de deportación:

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  • Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
  • Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
  • Prioridad 3: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
  • Prioridad 4: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
Escuelas de Los Ángeles cierran las puertas a agentes de inmigración /Univision

Poco transparente

Los legisladores añaden que la falta de transparencia del programa “ha precipitado” la demanda de organizaciones que buscan información a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para constatar de violación de derechos civiles.

Sanders y Grijalba sugieren que “en el espíritu de garantizar la rendición de cuentas dentro del DHS, y para fomentar la confianza entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales, debería ser más transparente y limitar las solicitudes de orden de detención.

También pidieron “proporcionar copias de todos los memorándums y otros documentos que formalizan la participación del PEP por todas las jurisdicciones” y “proporcionar datos sobre el número de solicitudes de notificación y las órdenes de detención emitidas

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por ICE, desglosadas por mes, estado, nombre de la instalación, el nivel de gravedad delito y nivel de prioridad” de acuerdo con el memo de 2014.

Asilo para migrantes en una iglesia californiana /Univision

Johnson no cede

Simultáneamente, el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos defendió la política de deportación del DHS que, dijo, privilegia la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y aquellos que ingresaron después del 1 de enero de 2014, por considerarlos un riesgo a la seguridad pública del país.

Durante la presentación de su evaluación anual sobre el estado de la seguridad nacional, Johnson indicó que la nueva política permitió una baja de las deportaciones, y una proporción cada vez mayor de criminales convictos.

“Vamos a continuar enfocando nuestros recursos en la amenazas más significativas a la seguridad pública y a la seguridad fronteriza”, dijo el jefe del DHS ante funcionarios y académicos reunidos en el Centro Woodrow Wilson de Washington.

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En el año fiscal 2015 ICE deportó a 235,413 persona. De ellos, el 41.1% no tenía antecedentes criminales, confirmó ICE a Univision Noticias.

Del total de deportados, 146, 133 son originarios de México.

Johnson aseguró que más del 80% de las deportaciones corresponden a inmigrantes criminales.

Esta semana Obama solicitó al Congreso un presupuesto especial de $347,5 millones de dólares para el programa PEP.

Los migrantes que desconocen sus derechos /Medio Tiempo

Cómo opera el PEP

ICE explicó que el PEP comienza a nivel estatal cuando un individuo es arrestado y fichado por un agente de policía tras una infracción a la ley y sus huellas digitales son entregadas al FBI para chequear antecedentes criminales y órdenes de arresto. Esa información es enviada a la agencia para verificar si el individuo está en la lista de prioridades y debe ser deportado.

La agencia también dijo que el PEP se diferencia de Comunidades Seguras en que sólo se enfoca en individuos que representan una amenaza a la seguridad nacional. El anterior programa, explicó, permitía la emisión de detenciones cuando un agente de inmigración tuviera alguna duda razonable para creer que un individuo era deportable.

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Comunidades seguras operó entre 2008 y 2014. ICE dijo que en los seis años fueron deportados 375,031 indocumentados con antecedentes criminales.

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados por el gobierno no tenía antecedentes criminales que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

“La cifra demuestra que de los 2.5 millones en total deportados por el gobierno de Obama hasta diciembre del año pasado, solo un pequeño porcentaje tenía antecedentes criminales serios”, apuntó Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). "El problema latente es que, en muchos casos, el futuro de un indocumentado depende del estado de humor del funcionario que lo atiende al otro lado del escritorio".

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