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Departamento de Justicia apela fallo del juez Hanen sobre la acción ejecutiva

Departamento de Justicia apela fallo del juez Hanen sobre la acción ejecutiva

Gobierno del Presidente Barack Obama lleva la defensa de la medida al siguiente nivel, en Nueva Orleans.

Por Jorge Cancino

El Departamento de Justicia presentó el jueves un recurso de urgencia ante el Quinto Tribunal Federal de Apelaciones en Nueva Orleans, Louisiana, en contra de una medida cautelar que el juez federal Andrew Hanen emitiera el pasado 16 de febrero y suspendiera temporalmente la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre.

"Lo que el DOJ hizo hoy es que tomó el pedido de emergencia y lo movió al Quinto Circuito porque el juez Hanen no le dio la respuesta que el gobierno le pidió el 23 de febrero", explicó a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández. Ese día, el DOJ interpuso ante la corte que preside Hanen en Brownsville, Texas, que levantara la medida cautelar que dictó el 16 de febrero, pero Hanen solicitó más tiempo y dilató la respuesta.

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El lunes Hanen volvió a demorar el fallo hasta el 19 de marzo y hoy el gobierno llevó al siguiente nivel la defensa de su medida migratoria en un nuevo esfuerzo para que las cortes suspendan la prohibición de poner en práctica la acciòn ejecutiva que ampara de la deportaciòn a unos 5 millones de indocumentados y les concede permisos de trabajo renovables cada tres años. 

 

¿Qué significa la apelación de hoy para el futuro de la acción ejecutiva? /Univision

La apelación

En el oficio con fecha de hoy, el DOJ expone que el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), busca dar prioridad ejecutiva a la expulsión de extranjeros que han cruzado recientemente la frontera y aquellos que figuran en la lista de prioridades de remoción, entre ellos individuos que han cometido crímenes, amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional, entre otras cosas, y también poder examinar las solicitudes para aplazar temporalmente la deportación de otros extranjeros que no plantean amenazas a la nación y tienen lazos familiares de larga data en Estados Unidos, y que están amparados por la acción ejecutiva.

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Agrega que la medida cautelar dictada por el juez Hanen restringe el ejercicio de esta discreción procesal, que el presidente tomó el 20 de noviembre.

El DOJ argumenta en la apelación que los Estados carecen de legitimidad, no pueden demostrar ningún daño cognoscible que pueda ser causado por la acción ejecutiva. Y argumentan que el juez de la Corte del Quinto Distrito de Brownsville se equivocó al apoyar a los Estados demandantes con la denominada teoría de la abdicación, explicó Hernández.

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“No hay tal cosa como una "teoría de la abdicación" y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no está abdicando, es autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración del país. Y que más bien está haciendo cumplir enérgicamente las leyes de inmigración”.

La política de deportaciones

El DOJ añade que prueba de ello es el hecho de que 2.4 millones de extranjeros han sido deportados entre 2009 y 2014 por el DHS, y que es ese ministerio la entidad que debe decidir qué casos priorizar ya que no hay recursos suficientes para expulsar a los 11 millones de extranjeros sin papeles de permanencia legal en Estados Unidos.

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Del argumento esgrimido por los demandantes, que los Estados van a sufrir financieramente porque la acción ejecutiva los obligará a otorgar licencias de conducir a los indocumentados que tengan permisos de trabajo, Hernández explicó que de acuerdo a la apelación del DOJ, eso era “ridículo”, y que los Estados “no están tomando en cuenta los ingresos que se recogerán una vez que los individuos tengan autorización de empleo, el pago de impuestos y las contribuciones a la las comunidades.

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Además, dice el DOJ, el Congreso ha otorgado la autoridad de aplicación de las leyes de inmigración al gobierno federal, no a los Estados.

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Hernández también indicó que la apelación apunta que la acción diferida no confiere un derecho de licencia o una autorización de trabajo o una licencia de conducir, y que una persona es elegible para un permiso de trabajo si la acción diferida concedida basada en las regulaciones ya existentes. “La acción ejecutiva no confiere un derecho a trabajar, sino una autorización para que solo ciertos individuos puedan hacerlo temporalmente”.

Prioridad los criminales

El gobierno también insiste en que la acción ejecutiva le permite a DHS centrarse en los criminales peligros, y que el fallo cautelar del 16 de febrero, emitido a menos de 48 horas de entrada en vigor el capítulo que amparaba a los dreamers, obligó a la cancelación de arrendamientos de arrendamientos de instalaciones que ya estaban celebrados, y al gasto con la contratación y adiestramiento de empleados para procesar miles de solicitudes.

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El DOJ pide además que la medida cautelar del 16 de febrero debe limitarse al Estado de Texas o al resto de los demandantes, pero no se puede prohibir a los estados que no rechazan la acción ejecutiva que implementen el beneficio migratorio, explicó Hernández.

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La acción ejecutiva protege de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

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También amplía la cobertura de la Acción Diferida de los Dreamers del 15 de junio de 2012 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era de menos de 31 años al 15 de junio dem 2012.

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Hernández también explicó que si la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito falla a favor de la acción ejecutiva, la medida entrará en vigor de inmediato. Pero si confirma el fallo del juez Hanen, entonces el DOJ deberá acudir al siguiente nivel, esto es a la Corte Suprema de Justicia.

El último argumento de Hanen

Hanen dictó el lunes que debido a la “gravedad de los asuntos tratados”, la corte que preside “no se pronunció” y fijó una audiencia sobre la petición de los 26 estados para el día 19 de marzo 2015 a las 1:30 PM.

En esa audiencia, tanto demandantes como demandados “deberán estar preparados” para "explicar plenamente a la corte los asuntos tratados", se lee en el dictamen.

El gobierno tomó la decisión de no esperar hasta el 19 de marzo y avanzó al siguiente nivel con el recurso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans.

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La demanda de los 26 estados fue presentada el 3 de diciembre del año pasado el entonces gobernador de Texas, Greg Abbott, con el respaldo de otros 25 estados, quienes argumentaron que el presidente se había extralimitado en su poder ejecutivo, y que la medida viola la Constitución de Estados Unidos.

Los 26 insisten

La semana pasada los demandantes no solo ratificaron sus argumentos, sino que agregaron otros, entre ellos que el gobierno no ha demostrado que existe una emergencia migratoria, y que de todas formas sin la acción ejecutiva el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, pos sus siglas en inglés) puede usar la discrecionalidad de sus agentes para detener, caso por caso, deportaciones de indocumentados.

También escribieron que la acción ejecutiva no le da a los empleados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la oportunidad de tener “discreción” en hacer las determinaciones sobre prioridades de deportación, sino que les da la orden de que no deporten a ciertas personas. En resumen, señalaron que la medida estaría forzándolos a desobedecer la Constitución.

Los estados demandantes argumentaron, además, que no tiene lógica pedir un alivio de emergencia para un plan de intenciones futuras como la expansión de DACA y DAPA, puesto que no se trata de una ley, y que las directivas de ambas medidas si bien están suspendidas, si la administración quiere puede, caso por caso, usar su discreción para no deportar a personas de baja prioridad.

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Los demandantes insisten en que la puesta en vigor de la acción ejecutiva dañará a los estados en particular a Texas. Algunos analistas han señalado que de ser así, la corte debería entonces permitir que la medida entre en vigencia en el resto de los estados, o en los 24 que no participan en la demanda.

El gobierno no baja la guardia 

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) iba a activar el 18 de febrero la primera parte de la acción ejecutiva, el capítulo que beneficia a los dreamers.

La protección de deportación de padres de ciudadanos y residentes legales permanentes arrancaría a finales de mayo.

El presidente Barack Obama ha expresado confianza en que la acción ejecutiva ganará la batalla en las cortes, aunque reconoce que tomará un poco de tiempo.

Las organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados han pedido a los inmigrantes que “no tengan miedo” y que continúen preparando los documentos para cuando ambos beneficios se activen.

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