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Nancy Pelosi (California), líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.  

Demócratas piden revisar política de detención de inmigrantes con record criminal

Demócratas piden revisar política de detención de inmigrantes con record criminal

Congresistas urgen reparar fallos en el protocolo de detención de inmigrantes indocumentados que cometen crimenes.

Nancy Pelosi (California), líder de la minoría demócrata en la Cámara de...
Nancy Pelosi (California), líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.  

Dos congresistas demócratas pidieron este miércoles a los secretarios de Seguridad Nacional y de Justicia que revisen la política de detenciones de inmigrantes indocumentados presos o que hayan cometido crímenes y no deben ser puestos en libertad.

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La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la congresista Zoe Lofgren, ambas de California, solicitaron a los secretarios Jeh Johnson y Loretta Lynch que las distintas agencias locales y federales mejoren las comunicaciones para “evitar” que se repita un caso como el registrado en San Francisco, donde fue asesinada la ciudadana estadounidense Kathryn Steinle (32) y fue arrestado en conexión con el crimen el inmigrante indocumentado Juan Francisco López Sánchez (45).

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La carta asoma un día después de que congresistas republicanos presentaron en el Congreso una iniciativa de ley que condiciona los subsidios federales a las “ciudades santuario” que no cumplan con la aplicación de la ley de inmigración, apuntando directamente al caso López Sánchez.

La medida incluye la fijación de una pena de prisión de cinco años para aquellos indocumentados deportados que regresan ilegalmente a Estados Unidos.

San Francisco integra la lista de “ciudades santuario”, ciudades que han declarado su respaldo a una reforma migratoria integral que permita legalizar la permanencia de inmigrantes indocumentados. Los concejos municipales han decidido que sus policías no se conviertan en agentes federales de inmigración y cesen su colaboración con programas para detener a indocumentados, entre ellos Comunidades Seguras.

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La muerte de Steinle

Steinle caminaba con su padre en un muelle 14 de San Francisco a comienzos de julio cuando fue muerta a tiros. Las autoridades acusaron en conexión con su muerte al inmigrante de origen mexicano Juan Francisco López Sánchez, quien “tiene una historia criminal larga por delitos y convicciones relacionadas a drogas durante la década de los 90”, indicaron las congresistas.

Sánchez ha sido convicto en tres ocasiones diferentes por entrar de forma indocumentada a Estados Unidos luego de ser deportado. El sospechoso ha cumplido un total de 16 años y medio en prisión federal entre Septiembre del 1998 hasta Marzo del 2015.

En lugar de pasar de la custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de cumplir su último término de prisión el 26 de Marzo de 2015 "basado en una orden de detención de ICE del 9 de Octubre de 2013" “el señor López Sánchez fue transferido a la custodia del Departamento de Aguacil de San Francisco el 23 de Marzo de 2015 debido a una orden de detención de 20 años atrás relacionada a un crimen de drogas”, explica la misiva.

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Pelosi y Lofgren escribieron que “cuando una vida inocente se pierde a manos de la violencia, debemos considerar como sociedad qué medidas podemos tomar para aumentar la seguridad de nuestras comunidades”.

Las recomendaciones

Tras revisar el caso y los protocolos actuados por las distintas agencias involucradas en el caso, las congresistas recomendaron a ambos departamentos (ministerios) “mejorar la comunicación para asegurar que todos los intereses se tomen en cuenta en casos futuros”.

“Les escribimos para solicitar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia emprendan una revisión conjunta de las políticas y prácticas pertinentes a la liberación de detenidos de la Oficina Federal de Prisiones a quienes la Oficina de Inmigración y Aduanas han solicitado una orden de retención”.

Citan que bajo la política actual de BOP, “una persona bajo una orden de retención federal, excluyendo casos de deportación de ICE, tomará prioridad sobre personas sin ordenes de retención a nivel federal”. Y detallan que “normalmente ICE no acepta la custodia de un preso hasta que se hayan cumplido los asuntos criminales estatales y federales”.

“Esta política generalmente hace sentido porque la justicia requiere que una persona que ha cometido un crimen responda por ese crimen. Además, una persona que ha sido acusada de un crimen merece la oportunidad de presentarse ante una corte para responder a los cargos. El deportar a todos los acusados y negarles la facultad a los estados y a los municipios de llevar adelante procesos penales impediría estos objetivos”, escribieron.

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Pero advierten que “en algunas circunstancias, la implementación rígida de esta política no necesariamente sirve a favor de los intereses de la justicia. Más bien, cuando el cargo pendiente corresponde a un cargo viejo que no involucra violencia alguna ni ningún daño serio a la propiedad "como es al caso aquí" y es poco probable que el fiscal estatal o local radique cargos, no tiene ningún propósito aplazar la deportación”.

También recomiendan que “cuando la Oficina Federal de Prisiones decide entre respetar una orden de detención federal o una orden de detención no federal, parecería ser ventajoso que la Oficina Federal de Prisiones, ICE y la jurisdicción estatal o local se comunicasen sobre sus intereses encontrados” y que “dicha conversación debe involucrar no solo la entidad de justicia legal que está presentando la orden de detención como resultado de la orden criminal pendiente, sino además la entidad fiscal que a última instancia debe decidir si se van a llevar los cargos a juicio”.

 

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Prioridades de deportación

El pasado 20 de noviembre Johnson dio a conocer un memorando interno donde fija las prioridades de deportación.

- Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);

- Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).

- Prioridad 2D: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;

- Prioridad 3: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

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Pelosi y Lofgren indican que en el caso de la transferencia del López Sánchez a San Francisco, “aparenta ser que solo la Oficina del fiscal de distrito revisó el caso y decidió no llevar los cargos de un viejo crimen de drogas a juicio luego de que la Oficina del Aguacil ya había emitido una orden de detención y lo había removido de la custodia de la Oficina Federal de Prisiones”.

Nuevas prioridades

“Es probable que llevar a juicio cargos por un crimen de esa índole fuese difícil desde la perspectiva de presentar evidencia, dado a que luego de 20 años es posible que los testigos no estén disponibles y la memoria de los oficiales involucrados sea un obstáculo luego de tanto tiempo”, agregan las congresistas.

Las congresistas concluyen que “no hay duda que adoptar tal protocolo serviría a favor de un interés importante a nivel federal al facilitar la expulsión de ciertos individuos de alta prioridad. Pero además también serviría los intereses locales y estatales. Incluso si el Señor López Sánchez no hubiese disparado a Kathryn Steinle luego de salir en libertad, como se ha alegado, adoptar un protocolo para facilitar este tipo de conversaciones ahorraría tiempo, dinero, fuerza laboral que entidades de justicia estatal o local gastan en recibir la custodia y ofrecerle alojamiento a personas que simplemente no se van a llevar a juicio”.

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Entre el 1 de octubre de 2014 y el 15 de junio, ICE ha deportado a 165,283 inmigrantes indocumentado. La proyección para el resto del año fiscal 2015 se estima en 68,544 (basado en el promedio diario de 640.6 deportaciones diarias), lo que significa que al 30 de septiembre el número de expulsiones alcanzaría los 233,827, un 26% menos que los deportados durante el año fiscal 2014 que alcanzó los 315,943.

El DHS ha asegurado que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten que entre seis y siete de cada 10 expulsados no tenían faltas que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional.

El abogado Ezequiel Hernández ha advertido que “mucha gente piensa que se puede limpiar el record criminal pero la información no se borra de los archivos de inmigración. Por eso hay que tener cuidado y averiguar bien con un abogado para ver qué y cómo se hace para no tener problemas en el caso de solicitar un beneficio migratorio”.

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