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Demandan a inmigración por la colaboración con gobiernos locales de Georgia

Demandan a inmigración por la colaboración con gobiernos locales de Georgia

Organizaciones civiles en el estado de Georgia presentaron una demanda contra dos agencias migratorias federales.

ATLANTA, Georgia - Organizaciones civiles presentaron una demanda contra las autoridades migratorias con el objetivo de obtener información sobre la colaboración que existe con gobiernos locales en Georgia.

"Estamos tratando de obtener los archivos que solicitamos a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) que nos darían un panorama más claro sobre el nivel de implicación que existe entre las agencias locales en Georgia con autoridades migratorias", dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Seguridad Nacional e Inmigrantes de ACLU en Georgia.

De acuerdo con la demanda, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han respondido a una solicitud de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR) para conocer la magnitud de la colaboración entre agencias locales y federales.

"Al retener estos archivos, ICE está evitando que se aclare la extensión de la colaboración entre esta agencia y la policía local en Georgia", aseveró la activista.

Con la acción legal, las organizaciones buscan obtener archivos públicos que ayuden a demostrar el abuso policial y perfil racial que aseguran se da en el estado con la aplicación de leyes migratorias como la HB 87 o los programas 287(g) y Comunidades Seguras, que tienen como objetivo detener y deportar a criminales peligrosos.

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La ley HB 87, que entró en vigor el pasado año, el programa 287(g) y Comunidades Seguras, que se aplica desde diciembre pasado en todos los condados de Georgia, permiten a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida o que se sospeche está ilegal en el país para ser entregada a las autoridades migratorias.

Un informe de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) divulgado este año documentó los casos de varios inmigrantes indocumentados que denunciaron haber sido víctimas de perfil racial en los condados de Gwinett y Cobb.

ACLU de Georgia había presentado previamente una denuncia ante el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional con el objetivo de que se investigaran presuntas prácticas discriminatorias y de perfil racial a través del programa 287(g) en esos mismos condados.

"Estamos organizando a la comunidad en todo el estado de Georgia para mantener el perfil racial fuera de nuestras comunidades y por eso queremos estar informados acerca de los programas que vemos están contribuyendo a ello", declaró Adelina Nicholls, directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR).

La activista señaló que se vieron obligados a presentar la demanda ante la negativa de las autoridades federales a darles la información que solicitaron hace seis meses.

"No deberíamos tener que demandar para obtener transparencia, pero el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Inmigración y Aduanas se rehúsan a honrar la ley y nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para aclarar lo que está pasando en Georgia", agregó Nicholls.

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De acuerdo con los demandantes, estas leyes y programas han tenido también un impacto negativo en las relaciones de las autoridades locales con la comunidad inmigrante, que aseguran se siente intimidada por este tipo de leyes y teme colaborar con la policía.

"Las comunidades inmigrantes han sentido la agresión dentro de sus propios vecindarios desde que empezó la implementación de los programas 287(g) y Comunidades Seguras", indicó la activista.

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