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Estados Unidos y Puerto Rico

Junta de control reestructuraría la deuda, pero incrementaría turbulencia política en la Isla

Junta de control reestructuraría la deuda, pero incrementaría turbulencia política en la Isla

Pese a que podría plantear herramientas para reestructurar la deuda pública y fomentar el crecimiento económico, mantiene un manejo estricto de las finanzas del gobierno criollo. Informe senatorial asegura que incrementaría turbulencia política en PR.

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La implantación de una junta de control fiscal, contrario a sus intenciones de reorganizar las finanzas del país y evitar la entropía social, incrementaría la turbulencia política en la Isla, concluye un informe senatorial.

La Comisión de Gobierno afirma en su evaluación sobre la junta de control o supervisión fiscal propuesta en el Congreso, que " los efectos de la junta podrían incrementar, no reducir, la turbulencia política" en Puerto Rico.

Diversos sectores en la Isla han reaccionado de manera diferente a una propuesta congresional que aun no ha sido definida, pero que con toda probabilidad incluirá un manejo estricto de las finanzas del gobierno criollo, asediadas, según la propia admisión de las autoridades isleñas, por la falta de liquidez y el impago de sus obligaciones y el escaso desarrollo económico.

El borrador del proyecto de junta propone de la liquidación en la práctica de una parte del poder político delegado por el pueblo al Estado Libre Asociado, al retener la autoridad de decidir cómo se usan finalmente los recursos del estado y reduce a mero trámite el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo.

La propuesta preocupa inclusive a aquellos sectores del gobierno que promovieron y alentaron el establecimiento de la junta, y ahora buscan urgentemente detener su implantación debido al impacto político, sobre todo, de cara a unas elecciones tan cercanas como el próximo noviembre.

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VER: Preguntas claves para entender la junta de control fiscal

Ciertos sectores, particularmente de la empresa privada y de profesionales, han respaldado la junta con la esperanza de que se active la economía o puedan al menos cobrar algo de los casi 2,000 millones que les adeuda el gobierno.

Un tercer sector, no uniforme y a veces antagónico entre sí, como una fracción del Partido Nuevo Progresista y los sectores independentistas, encabezados por el Partido Independentista Puertorriqueño, han rechazado de plano la junta y han diseñado sus propias alternativas a la crisis.

La mayor parte de todos estos grupos reconocen que la junta propuesta desenmascara el concepto de "pacto" bajo el que se fundó el ELA y devela el rostro colonial de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, como han admitido a lo largo de estos años la administración Obama y el Congreso, pero aun así, señalan, no es propio eliminar los escasos poderes de autogobierno y delegarlos a una junta no electa por el pueblo.

El gobierno de Puerto Rico, oficialmente, auspicia esta junta si se incluye en el proyecto algún mecanismo que le permita reorganizar la deuda de sus Obligaciones Generales con garantía constitucional y la de las corporaciones, autoridad que hoy no tiene, y se provee alguna forma de promover el desarrollo económico.

Lea: Borrador para una junta de control fiscal pone fin al Estado Libre Asociado

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El informe senatorial critica el aspecto específico del borrador de junta de no incluir mecanismos de desarrollo, como el crédito contributivo por ingresos devengados, otorgado a los estados. Igualmente denuncia que no está presente la paridad en Medicare ni en Medicaid, que aliviarían la carga del gobierno en el sostenimiento de su sistema de salud.

Y si bien descansa sus esperanzas en que la Ley de Moratoria, de toda la deuda, fuerce a los acreedores a negociar de una manera que le resulte sostenible al gobierno, se le escapa que esta ley tiene sus mayores críticas en su cuerpo hermano, la Cámara de Representantes, que hasta la enmendó para excluir la deuda constitucional, y ya amenazó con no aprobar el proyecto de presupuesto si no viene incluido el pago del servicio de la deuda de las Obligaciones Generales.

El Informe también le pone reparos a la composición de la junta, seleccionada por el Presidente, y a los poderes que ostentaría, aunque, por otro lado, le critica que no obligaría a los acreedores a sentarse a la mesa de negociaciones, haciéndola inefectiva.

"Sin ningún tipo de poder, los acreedores no se sentirían en la obligación de apoyar las reformas" que esta junta introduciría.

El informe, firmado por el senador Angel Rosa, demanda mayor participación de los votantes puertorriqueños en la selección de la junta, y que no se apruebe una medida que los congresistas serían incapaces de implantar en sus propios estados.

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"Negociaciones en camino actualmente le dan a la administración una oportunidad de lograr una solución sin la intervención federal", se indica en las conclusiones del Informe.

El gobierno no espera continuar con el elevado nivel de gastos, se agrega, pero tampoco se puede esperar que los tenedores de bonos dejen caer todo el peso de la solución sobre las espaldas de la austeridad gubernamental.

Igualmente, se afirma más adelante, el gobierno de Estados Unidos no debería imponer una solución de arriba hacia abajo que ponga todo el poder en las manos de una reducida y no electa junta.

Sí está de acuerdo el Senado de Puerto Rico en que la junta tenga ciertos poderes muy específicos, como limitar el gasto general a los ingresos que se obtienen realmente, y que autorice y garantice la reestructuración de la deuda, así como tener el poder de veto sobre los gastos gubernamentales.

Para asegurar la inversión de los bonistas isleños, con un tratamiento distinto, se les garantizaría mediante la aprobación de reformas, como una condición para la autorización de los niveles de gastos.

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