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Escena del crimen 

Legisladores del PNP piden acción ante ola criminal en Rio Grande

Legisladores del PNP piden acción ante ola criminal en Rio Grande

Legisladores instaron a la Policía y al municipio de Río Grande a atender la situación de criminalidad.

Escena del crimen 
Escena del crimen 

Varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) instaron hoy a la Policía de Puerto Rico y al municipio de Río Grande a suscribir un acuerdo colaborativo para destinar mayores recursos a atender la situación de criminalidad en que enfrenta este pueblo.

La solicitud surge luego de que el pasado martes fuera asesinada la fiscal Francelis Ortiz Pagán cuando en horas de la madrugada entraba a su hogar en Río Grande, luego de salir de su turno de trabajo en el Centro Judicial de San Juan.

“Este crimen, que aún se encuentra bajo investigación, puso al desnudo la ola criminal que arropa a Puerto Rico, pero en especial a Río Grande, la cual no discrimina por razón de edad, sexo, ni condiciones de trabajo”, expresó la representante María Milagros Charbonier.

La legisladora refirió, además, que en este mes de enero también fue asesinado Edgardo Rivera Osorio, un bombero de 42 años que prestaba servicios en el Parque de Bombas de Loíza.

“Algo se tiene que hacer y es ya”, dijo Charbonier, quien, junto al portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante Ángel Bulerín Ramos presentaron una resolución para ordenar a la Policía y al municipio de Río Grande suscribir un acuerdo dirigido a destinar mayores recursos para atender la situación de criminalidad.

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Méndez expresó que el objetivo es “provocar una orden de la Legislatura para que se atienda (de inmediato) la grave situación de criminalidad que vive Río Grande”.

“Necesitamos que los recursos se asignen a la mayor brevedad posible para poder proteger adecuadamente a nuestros ciudadanos. No podemos permitir que siga habiendo acechos, escalamientos, robos a mano armada y, mucho menos, asesinatos”, comentó el portavoz alterno.

Añadió que lo que le pasó a la familia de la fiscal Ortiz Pagán “no se puede volver a repetir en Río Grande, ni en Puerto Rico”.

Para los problemas de actividad criminal existe, desde hace décadas, legislación puertorriqueña para empoderar a las comunidades y atender las necesidades inmediatas de seguridad pública, como lo es la Ley 19 de 12 de mayo de 1977, conocida como Ley de la Policía Municipal.

Esta normativa permite a los municipios crear cuerpos de policías para, según ciertos parámetros, atender la necesidad de seguridad colectiva.

Mas, por tratarse de un cuerpo policial de jurisdicción limitada, en ocasiones necesita de recursos adicionales para cumplir la encomienda de mantener la paz y el orden.

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