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Inmigrantes indocumentados aguardan frente a la Casa Blanca el anuncio del presidente Barack Obama sobre la acción ejecutiva el 20 de noviembre de 2014.

Corte de Apelaciones del 5to Distrito escucha argumentos de la acción ejecutiva

Corte de Apelaciones del 5to Distrito escucha argumentos de la acción ejecutiva

Cinco millones de inmigrantes indocumentados cruzan los dedos para que la acción ejecutiva entre en vigor.

Inmigrantes indocumentados aguardan frente a la Casa Blanca el anuncio d...
Inmigrantes indocumentados aguardan frente a la Casa Blanca el anuncio del presidente Barack Obama sobre la acción ejecutiva el 20 de noviembre de 2014.

Por Jorge Cancino - @cancino_jorge

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Al menos 5 millones de inmigrantes indocumentados cruzan los dedos para que este viernes, en Nueva Orleans, Lousiana, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito acepten los argumentos del Departamento de Justicia a favor de la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre y desestimen las razones de quienes de oponen.

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“Ya son 17 años viviendo con miedo en Estados Unidos”, confiesa Fausto Jiménez, un inmigrante de origen ecuatoriano que califica para la acción ejecutiva por ser padre de una hija que tiene residencia legal permanente”. “Ha sido muy difícil todo este tiempo pero no me rindo, no pierdo las esperanzas”.

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La acción ejecutiva incluye dos beneficios: uno detiene las deportaciones temporalmente; el otro concede un permiso de empleo renovable cada tres años.

El programa beneficia a padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y amplía la cobertura de la Acción Diferida de los Dreamers de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

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“Ambos grupos deben demostrar que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010 y carecer de antecedentes criminales”, recordó el abogado de inmigración Ezequiel Hernández.

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La medida iba a entrar en vigor el 18 de febrero pero 48 horas antes, el día 16, el juez federal Andrew S. Hanen, quien preside la Corte del 5to Circuito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que puso freno a los planes del gobierno.

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La orden fue en respuesta a una demanda interpuesta el 3 de diciembre por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos), quienes argumentan que el presidente Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos y la acción ejecutiva viola la Constitución.

Confían en la justicia

Jiménez no cree que la acción ejecutiva “viola” la Constitución, como señalan los detractores de la medida. Dice que el beneficio es “humano” y que permitirá a unos 5 millones de indocumentados “por fin” salir de las sombras, registrar sus identidades y tener un permiso de trabajo, pero advierte que no se trata de un programa permanente.

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“Confiamos en que los jueces escucharán los argumentos del gobierno y nuestro clamor”, apuntó. “Y que tengan pena de nuestra comunidad y se den cuenta que somos millones aguardando esperanzados la oportunidad de pedir el amparo de nuestras deportaciones”.

“El presidente Obama nos dio una gran ayuda que por ahora está frenada. Y mientras sigue así, yo sufro de los nervios por eso de que me pueden pedir documentos. Ya son 17 años yendo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa con el miedo de que me deporten y me separen de mi familia. Me he sentido mal todo estos 17 años y espero que todo se resuelta. Rezo por ello”, dijo.

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Jiménez es padre de la activista Cristina Jiménez, presidenta del movimiento United We Dream. Ambos viajaron el jueves a Nueva Orleans para estar presentes este viernes en la audiencia. “Confiamos en la justicia”, indicaron ambos.

Reforma migratoria

Enrique Pacheco tampoco se queda de brazos cruzados. Cuando Obama anunció la acción ejecutiva, en noviembre, lloró junto a su familia porque él y su esposa calificaban por ser padres de una hija residente legal permanente “que pronto será ciudadana”, dice.

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“Vivir indocumentado en Estados Unidos es muy triste porque uno tiene aspiraciones personales y son truncadas”, se lamenta. “Y es más triste cuando recibimos un regalo que nos acerca a la licencia de manejar, de tener una vida mucho más en paz y que no nos vayan a deportar, y que tengamos que seguir esperando. Es una amargura más que una tristeza”.

Don Enrique, como le dicen sus conocidos, es padre de a activista Gabriela Pacheco, presidenta de TheDream.US, una soñadora que lleva años batallando por la aprobación en el Congreso del Dream Act y de la reforma migratoria.

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Pacheco apuesta por lo que denomina “el sentimiento de los buenos estadounidenses”, sean demócratas o republicanos, quienes más pronto que tarde respaldarán medidas para sacar de las sombras a los 11 millones de indocumentados.

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“Me dan ganas de llorar cuando recuerdo el 20 de noviembre y nos enteramos que podemos tener una vida mejor, lejos de la persecución y la deportación. Tres meses después, el 16 de febrero, el juez Hanen nos devolvió a la tristeza. Y dentro de toda esta tormenta nos toca vivir”, indica.

Tras una pausa dice: “Lo que no se han dado cuenta es que el alivio migratorio no nos da una green card (tarjeta verde de residencia), no se trata de una solución permanente. Lo definitivo para nosotros es una reforma migratoria pero eso se encuentra estancado en el Congreso. Esto es solo un alivio humanitario que, cuando lo activen, Estados Unidos nos conocerá porque nos tendrán fichados y se darán cuenta de lo que podemos hacer por esta gran nación”.

 

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La audiencia

En la audiencia de este viernes, que arranca a las 10 AM tiempo local, “simple y sencillamente las partes van a dar los argumentos orales a favor y en contra de la medida del presidente Obama”, explicó Hernández. “Los jueces harán preguntas sobre los dictámenes que ya se han emitido y también sobre detalles que les interesa”.

“Podremos apreciar lo que están pensando en base a las preguntas que hagan”, dijo. “Pienso que ya están enfocados y nada más necesitan de esta audiencia para despejar algunas dudas”.

El abogado dijo además que un reciente fallo emitido por una corte de apelaciones en contra de una demanda similar presentada por el estado de Mississippi, “sienta un precedente a tener en cuenta” y que al final del día los argumentos del gobierno prevalecerán.

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El pasado 7 de abril una corte federal de apelaciones desestimó una demanda en contra del Secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Jeh Johnson, por la Acción Diferida de 2012 y que la acción ejecutiva amplía.

El estado de Mississippi, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y funcionarios de deportación alegaron que la medida viola la ley, su implementación afectaría económicamente al estado e impediría a la agencia federal buscar a todos los individuos susceptibles a ser deportados.

La corte desestimó la demanda al considerar que estas no son razones “ni suficientes, ni concretas” para impugnar el alivio migratorio para los jóvenes indocumentados.

Si bien la corte rechazó esos argumentos, “eso no quiere decir que los 26 estados demandantes no insistan en ellos este viernes. Se trata de otra corte, de otro caso”, advirtió Hernández.

De la respuesta de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito al recurso de emergencia interpuesto por el Departamento de Justicia,, Hernández dijo que “será en breve pero no será este viernes. Una vez finalice la audiencia, a partir de ese momento comienza a correr el reloj pero no hay un plazo para una respuesta”.

Cronología

20 de noviembre de 2015. El presidente Barack Obama anuncia una acción ejecutiva para amparar de la deportación a unos 5 millones de indocumentados que carecen de antecedentes criminales y llevan tiempo en el país. Dijo que la medida era en respuesta a la inacción del Congreso con la reforma migratoria.

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3 de diciembre de 2014. 26 estados encabezados por Texas (24 de ellos gobernados por republicanos) demandan ante la Corte Federal del 5to Distrito en Brownsville, Texas, la acción ejecutiva de Obama. Argumentan que el mandatario se extralimitó en sus poderes ejecutivos y que la medida viola la Constitución.

3 de febrero de 2015. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) anuncia que el día 18 de ese mes abre la ventanilla de la acción ejecutiva y comenzará a recibir solicitudes de DACA. Los beneficiarios del programa DAPA lo harán a partir de mediados de mayo.

16 de febrero. El juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal del 5to Distrito en Brownsville, dictó una medida cautelar que impide la entrada en vigor de la acción ejecutiva.

23 de febrero. El gobierno, a través del Departamento de Justicia, presenta un recurso de emergencia ante la Corte del 5to Distrito para que el Juez Hanen levante la medida cautelar del 16 de febrero.

12 de marzo. El gobierno de Obama presenta un segundo recurso de emergencia y fija plazo al Juez Hanen para que responda si levanta o mantiene la orden cautelar del 16 de febrero. El juez dilata una respuesta y pide a las partes nuevos argumentos.

25 de marzo. El Departamento de Justicia apela el fallo del juez Hanen ante la Corte de Apelaciones del to Circuito en Nueva Orleans y acepta dar curso a un recurso de emergencia.

La corte fija el 30 de marzo como fecha para que las partes entreguen sus argumentos por escrito y fija una audiencia para el 17 de abril, en la que ambas partes tendrán una hora para exponer los argumentos a favor y en contra.

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7 de abril. El juez Hanen rechaza el recurso de emergencia interpuesto por el gobierno el 23 de marzo y ratifica el fallo cautelar del 16 de febrero que frena la entrada en vigor de la acción ejecutiva.

17 de abril. La Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans escucha los argumentos de defensores y detractores de la acción ejecutiva luego de aceptar un recurso de emergencia presentado por la Administración del Presidente Obama en marzo.

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