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La acción ejecutiva no concede beneficios migratorios permanentes a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Activistas indican que eso sólo se conseguirá con la reforma migratoria.

Congresistas, alcaldes, empresarios y sociedad civil se suman a apoyo de DAPA y DACA

Congresistas, alcaldes, empresarios y sociedad civil se suman a apoyo de DAPA y DACA

Legisladores, estudiantes, alcaldes y miembros de la sociedad civil piden que se active la acción ejecutiva.

La acción ejecutiva no concede beneficios migratorios permanentes a los...
La acción ejecutiva no concede beneficios migratorios permanentes a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Activistas indican que eso sólo se conseguirá con la reforma migratoria.

Grupos de congresistas, ayuntamientos, gobiernos estatales, estudiantes y hasta expertos legales se unieron para firmar y presentar diversos "amicus curiae" a favor de las medidas migratorias del presidente Barack Obama ante la corte federal de apelaciones que evalúa su caso.

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Las distintas argumentaciones legales, cuyo plazo de presentación concluía este lunes, piden a un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, Louisiana, que levante la suspensión temporal que pesa sobre las medidas de alivio migratorio adoptadas por el mandatario y que podrían evitar la deportación a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados.

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El 16 de febrero el juez federal Andrew S. Hanen, que preside la Corte del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, emitió un dictamen cautelar que frenó la acción ejecutiva que el Presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado.

La acción ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados y les otorga un permiso de trabajo renovable cada tres años.

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El gobierno, a través del Departamento de Justicia, apeló el fallo de Hanen luego de dos recursos de emergencia cuyo trámite fue dilatado.

La acción del gobierno cuenta con el respaldo de más de 70 representantes de electos de diferentes alcaldías y municipalidades procedentes de 29 estados que han firmado una carta de "amicus curiae" (amigos de la corte), en apoyo a la acción ejecutiva.

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Según explicó hoy el alcalde de Denver (Colorado), Michael Hancock, en una conferencia de prensa telefónica al respecto, ciudades como la suya se han unido a otras como Nueva York, Los Ángeles, Seattle o Houston para defender que la suspensión de la acción ejecutiva "es contraria al interés público" y perjudica a las comunidades.

"Los inmigrantes han hecho y hacen una contribución muy significativa a nuestras ciudades. En Denver celebramos que somos una ciudad vibrante, pero sin la historia y la aportación de los inmigrantes no sería la misma", reiteró el alcalde.

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El "amicus curiae" (amigo de la corte), es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.

Asimismo, según apuntó la congresista por California Zoe Lofgren, 181 miembros de la Cámara de Representantes también han firmado un documento similar, en el que explican que la legalidad de las medidas migratorias y subrayan que precisamente ayudan a priorizar las necesidades del sistema migratorio estadounidense.

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"El Congreso tomó la decisión de pedir al secretario (de Seguridad Nacional) que implementase esas prioridades y le otorgó discrecionalidad sobre inmigración", dijo Lofgren, que lamentó una vez más haber llegado a esta situación por la negativa del liderazgo republicano en la cámara baja de no someter a votación el proyecto de ley de reforma integral aprobado por el Senado.

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La legisladora insistió en que las medidas atienden de hecho a las instrucciones dadas por el Congreso al Ejecutivo en esta materia, por lo que rechaza cualquier tipo de ilegalidad de las mismas.

"Esperamos que la corte revoque el bloqueo tras las argumentaciones del día 17", manifestó.

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Junto a ayuntamientos y congresistas, también se han unido a la presentación de argumentos en apoyo a la acción ejecutiva empresarios que consideran económicamente favorable la implementación de las mismas y hasta 150 organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

"Los estados que están presentando la demanda están ignorando a sus propios ciudadanos, están mandando un mensaje de odio", consideró Rocío Saenz, vicepresidenta ejecutiva internacional del sindicato SEIU, una de esas 150 organizaciones.

 

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Saenz reprochó a los republicanos su boicot a la consecución de una reforma migratoria y defendió la solución temporal que suponen las medidas del presidente, aunque reiteró que los ciudadanos están preparados para continuar luchando por una legislación.

"Continuaremos luchando por la reforma migratoria, y nos aseguraremos de que ese momento llegue. (...) Mandamos y continuaremos mandando un fuerte mensaje. No somos el enemigo, estamos listos para luchar, listos para una reforma", subrayó.

A su vez, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que el retraso de las medidas migratorias anunciadas por la Casa Blanca y suspendidas temporalmente por el juez Hanen a petición de 26 estados es perjudicial tanto para las familias afectadas como para la economía de la ciudad.

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"Seguir retrasando la implementación de la acción ejecutiva del presidente (Barack Obama) daña nuestra economía y pone en riesgo a nuestras familias", dijo el alcalde al anunciar que Nueva York se ha unido a las acciones legales de apoyo a esas medidas migratorias.

Que la activen parcialmente

A mediados de marzo el Distrito de Columbia (DC) y otros 14 Estados pidieron a la Corte de Apelaciones activar de forma parcial la acción ejecutiva migratoria, al entender que regularizar a inmigrantes indocumentados les supondrá beneficios económicos.

La acción ejecutiva fue demandada el 3 de diciembre por 26 estados, quienes argumentan que el presidente Obama se excedió en sus poderes ejecutivos y que la medida viola la Constitución.

Veinticuatro de los estados demandantes son gobernados por republicanos; los otros dos, Montana y West Virginia, están gobernados por demócratas pero se sumaron a la demanda los Secretarios de Estado, ambos republicanos.

Al igual que congresistas, empresarios y la sociedad civil, los estados apelaron a los "beneficios económicos, humanitarios y de seguridad pública" que dejarían de recibir los estados de no implantarse el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la Acción Diferida (DACA) para jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers" (soñadores) incluidos en la acción ejecutiva.

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Por ejemplo, en el estado de Washington, uno de los que apoya la aplicación parcial de las medidas, la regularización de 105,000 indocumentados traería unos beneficios de $57 millones de dólares durante los próximos cinco años, según el documento.

Añade el escrito de los Amigos de la Corte que en California, donde 1.214,000 personas reúnen las condiciones para acceder a los programas incluidos en la acción ejecutiva, los beneficios obtenidos vía impuestos permitirían unos ingresos adicionales en los próximos cinco años de $904 millones de dólares.

Texas es el único Estado, de los 26 demandantes de la acción ejecutiva, que argumentó en la demanda colectiva del 3 de diciembre -interpuesta ante un juez federal de Texas Hanen- que sufriría daños económicos al tener que expedir licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.

"Un solo estado no puede dictar la política migratoria nacional", sostienen en el escrito los estados, que creen que el único "daño irreparable" sería no aplicar las medidas migratorias.

De hecho, afirman que si Texas regulariza a los 594,000 inmigrantes indocumentados que se estima que viven en el estado, el estado obtendría unos beneficios económicos de $338 millones de dólares.

Los estados que han respaldado al Gobierno son Washington, California, Connecticut, Delaware Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia.

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Por su parte, los estados que se sumaron a Texas en su demanda contra las medidas de Obama son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

La acción ejecutiva frena las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales prmanentes que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2011 y carecen de antecedentes criminales.

También amplía la cobertura de la Accion Diferida de los dreamers del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era de menos de 31 años al 15 de junio de 2012.

Ambos grupos también recibirán una autorización de empleo renovable cada tres años.

(Con información de Efe.) 

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