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Nueva York, y gran parte del país, está viviendo una crisis de acceso a vivienda asequible.

Nueva York garantizará un abogado para cada residente que enfrente desalojos

Nueva York garantizará un abogado para cada residente que enfrente desalojos

La nueva ley de protección de inquilinos de bajos ingresos es la primera de su tipo en Estados Unidos.

Nueva York, y gran parte del país, está viviendo una crisis de acceso a...
Nueva York, y gran parte del país, está viviendo una crisis de acceso a vivienda asequible.

El viernes, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio promulgó una ley que garantiza la representación legal para cualquier residente de bajos ingresos que enfrente un posible desalojo. Ésta es la primera ley de la nación que establecer un derecho a la asistencia legal en asuntos de vivienda, la culminación de una iniciativa de activistas y organizadores que comenzó en 2014.

La ley promete la representación legal para cualquier residente amenazado con el desalojo cuyo ingreso sea 200% del nivel federal de pobreza o menos. La ley podría transformar las cortes de vivienda en Nueva York, donde los arrendadores se presentan con abogados en más de un 90% de los casos. Sin embargo, de acuerdo a datos hasta 2014, los inquilinos estaban representados en tan sólo entre un 1% y un 10% de los casos.

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"Cuando existe este tipo de desequilibrio, no ocasionalmente, sino casi en cada caso, comienza a cambiar la forma en que funciona la corte y la forma en que funciona el sistema de justicia", dice John Pollock, coordinador de la Coalición Nacional del Derecho a la Asistencia Legal. "Los casos se eliminan rápidamente. La verdad es que no hay ningún debido proceso".

A menudo, los inquilinos tienen defensas ante los desalojos que los abogados podrían utilizar para impedir o al menos aplazar un desalojo, como anuncios incorrectos o descuido en las reparaciones.

Menos desalojos ilegales también significan menos familias que sufren carencia de hogar transitoria, una crisis que está creciendo en Estados Unidos. Eso significa reducir el sufrimiento de las familias, pero también limitar una considerable carga que llevan las ciudades. La Coalición prevé un ahorro global de 320 millones de dólares por año, muy por encima de los costos del programa.

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Incluso en los casos en que el desalojo está justificado, la representación legal puede hacer que el proceso sea menos doloroso e intrusivo.

"Los abogados hacen muchas cosas para los inquilinos además de [determinar en la corte] si serán o no desalojados", dice Pollock. "Hay algunos inquilinos que podrían recibir la orden de desalojo de sus unidades, pero el abogado podría evitar que el desalojo se incluya en sus antecedentes. Pueden ayudarlos a encontrar alojamiento alternativo. Pueden ayudarlos a encontrar alojamiento subsidiado. Pueden organizar un aterrizaje suave en muchas formas".

Con Nueva York a la cabeza, varias otras ciudades pronto pueden adoptar las llamadas ‘leyes civiles de Gideon, específicamente, San Francisco, Boston, Filadelfia y Washington DC. Sin embargo, los planes presupuestarios de la administración Trump podrían afectar el grado en que el derecho a un abogado puede adoptarse en otros lugares.

La comunidad de servicios jurídicos para inquilinos ha buscado el derecho a asistencia legal en las cortes de viviendas durante décadas, dice Marika Dias, directora de la Coalición de Derechos de los Inquilinos en Legal Services NYC. Pero ese esfuerzo se volvió mucho más agresivo en 2014, cuando una serie de campañas de promoción, asociaciones de abogados, sindicatos y otros grupos formaron The Right to Counsel NYC Coalition. Solicitaron, y obtuvieron, una mayor financiación para la representación legal para los inquilinos.

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Desde 2014, los desalojos ya han disminuido en Nueva York en un 24%, y el porcentaje de inquilinos que han comparecido en cortes de viviendas con representación ha ascendido a alrededor de un 27%.

"En el transcurso de los próximos cinco años, habrá un proceso progresivo, por lo que va a tardar cinco años llegar al punto en que todos los inquilinos que están bajo las directrices del umbral federal de pobreza de un 200% tengan representación plena", dice Dias.

Y añade, "pero además de eso, la legislación prevé que los inquilinos que están por encima de ese umbral de ingresos obtengan también algunos servicios jurídicos. Para cuando haya el concluido proceso progresivo de cinco años, un 100% de los inquilinos en las cortes de viviendas tendrán acceso a una representación plena o al asesoramiento de un abogado".

La ley, que el Concejo Municipal de Nueva York aprobó en julio (con una mayoría a prueba de veto), destina 155 millones de dólares durante cinco años para cumplir con el derecho a la asistencia legal. Right to Counsel NYC Coalition proyecta que el aumento en la representación legal t raerá un considerable ahorro de costos para la ciudad, pues los casos frívolos que de otro modo podrían quedar sin respuesta se salen del sistema de justicia.

Estados y municipios que actualmente buscan el derecho a la asistencia legal para casos de desalojo (National Coalition for a Civil Right to Counsel).

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San Francisco también ha estado avanzando en este sentido. En 2012, la Junta de Supervisores de esta ciudad aprobó una ordenanza declarando su intención de convertirse en la primera localidad del país en establecer el derecho a un abogado en asuntos civiles. De hecho, California ha marchado a la cabeza durante muchos años: la ley Sargent Shriver Civil Counsel aprobada en el estado el año 2011 estableció siete programas piloto de unos 9 millones de dólares al año para proporcionar representación legal a los residentes de bajos ingresos en casos civiles, principalmente casos de vivienda. Uno de los programas piloto, en Los Ángeles, fue diseñado originalmente para que terminara en 2016, pero ahora es un programa permanente financiado (aunque no integral).

Con la ordenanza, San Francisco creó su propio programa piloto. Los resultados son reveladores: un análisis realizado por el Centro John y Terry Levin de Servicio e Interés Públicos de la Universidad de Stanford descubrió un enorme ahorro potencial de costos para la ciudad (aunque basado en resultados limitados). Durante el programa piloto, abogados pro-bono ayudaron a más de 600 inquilinos a evitar la carencia de hogar. El costo de alojar a una familia es de alrededor de 30 dólares por noche, lo que significa un ahorro de más de 18,000 dólares cada día. En el transcurso de 60 días—el promedio de permanencia en refugios en San Francisco— el ahorro potencial suma hasta más de 1.1 millones de dólares. Pagarles a los abogados por su tiempo costaría mucho menos.

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"Varias personas de San Francisco me contactaron y dijeron, 'Queremos ser los próximos'", dice Pollock.

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El Concejo Municipal de Filadelfia ha asignado medio millón de dólares para darles a los inquilinos de bajos ingresos representación jurídica en asuntos de vivienda. El alcalde de Boston Marty Walsh está proponiendo un proyecto de ley civil Gideon en Massachusetts (el nombre se refiere a Gideon contra Wainwright, el caso legal de 1963 en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos estableció el derecho a un abogado en los casos penales). En Washington DC, el Housing Right to Counsel Project, otra coalición de proveedores y defensores de servicios legales, apoyó una ley que amplía la asistencia legal en asuntos de vivienda que está actualmente bajo revisión por parte del congreso (como Washington DC no es un estado, todas sus leyes son examinadas por el congreso).

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Las leyes civiles de Gideon que establecen el derecho a un abogado en casos de inmigración, tutela y encarcelación por recargos y penalidades van en aumento; la vivienda es sólo la más reciente. Sin embargo, el presupuesto propuesto por el presidente Donald Trump podría frenar el progreso de estas leyes. La administración Trump quiere recortar el presupuesto de la Legal Services Corporation, una agencia federal que proporciona servicios de ayuda legal a los estados. Por ejemplo, esta financiación federal representa un 20% de la financiación de Legal Services NYC.

Aunque recortar la financiación no afectaría necesariamente la capacidad de Nueva York para poner en práctica sus planes de derecho a un abogado, haría la defensa pública mucho más difícil. En algunos lugares, estos recortes presupuestarios podrían resultar devastadores, especialmente en las zonas rurales y las comunidades de personas mayores. "En algunos estados, la financiación de la ayuda jurídica proviene casi exclusivamente de la Legal Services Corporation", dice Pollock.

Si no sucede lo peor —si los fondos federales para asistencia legal son retenidos— más ciudades pronto podrían intentar adaptar la ley de Nueva York. Dias afirma que los miembros de The Right to Counsel NYC Coalition y de Legal Services NYC recientemente ofrecieron una presentación en una conferencia en Austin en julio a la que asistieron legisladores, miembros de juntas de la comunidad, y miembros de juntas escolares de todo el país.

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"En muchos lugares hay algunas versiones de esto, en el sentido de que han asignado fondos o aprobado legislaciones", dice Dias. "Pero ninguna de ellas tiene el derecho integral que tenemos ahora".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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