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El presidente Trump (derecha) junto a Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (izquierda), en su arribo a Reno, Nevada, en agosto de 2017.

Cómo el gobierno federal está dificultando el acceso a vivienda para los más pobres

Cómo el gobierno federal está dificultando el acceso a vivienda para los más pobres

Activistas de derechos civiles están luchando contra la suspensión de una regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que facilitaba a familias de bajos ingresos mudarse a mejores vecindarios.

El presidente Trump (derecha) junto a Ben Carson, secretario de Vivienda...
El presidente Trump (derecha) junto a Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (izquierda), en su arribo a Reno, Nevada, en agosto de 2017.

Suree Barnes necesitaba salir de Garland, Texas. En su casa habían insectos, vecinos bulliciosos y le preocupaba la calidad de la escuela de su hija mayor.

Barnes —de 37 años— inicialmente había querido mudarse a Garland desde Richardson, Texas, porque era uno de los pocos lugares en la zona de Dallas donde podría costear la vivienda usando su val federal de $1,100 por mes. Además, Barnes pensaba que Garland ofrecería un mejor vecindario para sus tres hijos. Cuando Barnes se dio cuenta de que quería marcharse de Garland, pudo mudarse a Royse City, un suburbio en el condado Rockwell que los activistas de vivienda asequible denominarían una zona de ‘mayor oportunidad’. Royse City tiene mejores escuelas y una tasa delictiva menor. Barnes pudo mudarse pero no fue debido a un cambio radical en su estatus financiero, sino debido a una nueva manera de calcular los pagos para vales de vivienda en el área metropolitana de Dallas.

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El programa Housing Choice Voucher (Vales para Elecciones de Vivienda o HCV por sus siglas en inglés) es administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Este programa subvenciona los costos de vivienda de más de dos millones de familias de bajos ingresos en EEUU. Sus subvenciones actuales están basadas en la norma Fair Market Rent (Alquiler Justo a Precio de Mercado o FMR por sus siglas en ingles). Las autoridades de la vivienda pública calculan el FMR para cada área metropolitana y éste generalmente se encuentra en alrededor de un 40% del precio de alquileres en la región.

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Pero ciertas partes del país —entre ellas Dallas— han estado poniendo a prueba una fórmula diferente. Se llama la regla de Alquiler Justo a Precio de Mercado para una Zona Pequeña ( SAFMR por sus siglas en inglés). Esta regla calcula la norma de pago —la cantidad máxima de dinero que un val provee— al usar códigos postales. La idea es que tales normas de pago reflejarían más fiablemente el costo del alquiler en una zona específica. En 2011 un tribunal ordenó a las agencias de vivienda en el área metropolitana de Dallas que usaran esta regla como parte de un acuerdo sobre la vivienda equitativa que fue propiciado por el Proyecto de Comunidades Inclusivas (ICP). Esta es una organización sin fines de lucro que lucha por expandir opciones de vivienda para las familias de bajos ingresos. Después de que la regla SAFMR se hizo vigente, en la Autoridad de Vivienda de Dallas se triplicó la cantidad de personas con vales quienes se cambiaron de códigos postales para mudarse a los vecindarios de alta oportunidad. Dado que un 40% del promedio en un código postal de alta oportunidad es más alto que un 40% del medio a nivel de región, ahora más vivienda en estos códigos postales estaba al alcance de los que tenían vales.

“Lo que se había estado haciendo antes era ineficiente e inadecuado para desintegrar a la pobreza”.


En 2016 el HUD anunció que estaría desplegando la regla SAFMR en 24 áreas a lo largo del país. Pero en agosto 2017, ya en el gobierno de Donald Trump, el departamento hizo una declaración de que iba a suspender la implantación obligatoria y generalizada de la regla hasta 2020. En la declaración el HUD dio tres razones por la suspensión: el departamento pensó que no había provisto suficiente orientación a las agencias estatales y locales sobre cómo implementar la regla; quería repasar comentarios públicos sobre la regla antes de implementarla; y creía que sería necesario un análisis adicional de costos y beneficios de la demostración de SAFMR antes de que se pudiera realizar el despliegue.

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Los grupos de derechos civiles cuestionaron a esta postura. En octubre 2017 cinco agrupaciones entablaron una demanda contra el HUD. La demanda argumenta que al no implementar la regla SAFMR, el HUD ha violado la Ley sobre Procedimientos Administrativos, la cual gobierna cómo las agencias federales proponen e implementan regulaciones.

Sheryl Seiling es la directora de asistencia con el alquiler para la Autoridad de Vivienda del condado Cook, una de las jurisdicciones que había implementado la regla SAMFR. Seili nota las preocupaciones de HUD con la carga que tal regla impone en las autoridades locales. “Inicialmente, tomaba mucho tiempo establecer la regla: hay 122 comunidades y solo Dios sabe cuántos códigos postales hay”, dice. Pero definitivamente valió la pena. No echaríamos para atrás porque sin la regla no podríamos mudar a nadie a una zona de oportunidad. Estamos sumamente a favor de SAMFR”.

Manifestantes protestan en la sede central del HUD, en Washington DC, tr...
Manifestantes protestan en la sede central del HUD, en Washington DC, tras el anuncio del presidente Trump de cortar el presupuesto en vivienda en julio de 2017.


Ajmel Quereshi —un abogado de la organización de derechos civiles NAACP que está involucrado con el caso— sigue escéptico de las otras afirmaciones de HUD; nota el que departamento pidió dos rondas de comentarios públicos sobre la expansión de SAFMR en 2015 y 2016 y que en su propio detallado reporte provisional sobre SAMFR, el HUD reconoció que la regla condujo a una disponibilidad incrementada de casas en vecindarios de altos alquileres mientras que se redujo la norma promedia de pago para cada vale.

El HUD estudió esto durante mucho tiempo antes de que se sacara a esta regla; no es una idea mal concebida”, dice Demetria McCain, presidente del Proyecto de Comunidades Inclusivas. “Lo que se había estado haciendo antes era ineficiente e inadecuado para desintegrar a la pobreza”.

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De hecho, el HUD hizo eco de esta opinión en su reporte interino que fue publicado en agosto 2017. “Los Vales para Elecciones de Vivienda (HCV por sus siglas en inglés) teóricamente ofrecen a las personas que los tengan la oportunidad de mudarse a vecindarios con escuelas de alto desempeño, niveles bajos de pobreza y otras características asociadas con la oportunidad para residentes del vecindario”, declara el reporte. “Sin embargo, en la práctica, con frecuencia los que tienen HCV se concentran en vecindarios de alta pobreza con acceso limitado a las comodidades asociadas con las oportunidades para residentes”.

Cuando los vales eran financiados basado en promedios más amplios en áreas metropolitanas, “había personas que no podían mudarse a ciertas zonas más caras porque se estaba tomando el área en su totalidad”, dice Quereshi. “Dado que la mayoría de los que tienen vales son de grupos minoritarios, la [suspensión] de la regla seguirá este patrón en que las personas con vales que principalmente son de grupos minoritarios sean segregadas en ciertas áreas”.

Tal como ilustra Richard Rothstein en su libro The Color of Law (El color de la ley), hace mucho que el gobierno federal ha desempeñado un papel activo en la segregación de vivienda. Empezando en los años 30, la Autoridad Federal de Vivienda negaba pólizas de hipotecas a las familias afroestadounidenses, con frecuencia previniendo que ellas pudieran acumular el capital de vivienda de donde muchos estadounidenses de clase media obtienen su riqueza. La vivienda pública era formalmente segregada entre residentes blancos y de raza negra, como menos financiación dedicada a los complejos de vivienda de afroestadounidenses y a las comodidades en estos.

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Ahora a los defensores de vivienda les preocupa que optar por no actualizar el sistema de cálculo de vales podría terminar siendo otra forma de segregación patrocinada por el estado. “La gente está pensando en esto en términos de la vivienda, y eso es correcto”, dice Quereshi. “Pero c uando estamos hablando de vecindarios de altas oportunidades, estamos hablando de vecindarios que también ofrecen acceso a mejores empleos, más empleos, mejores escuelas, y todas esas cosas realmente están vinculadas. No es solamente un asunto de vivienda”.

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Si bien la regla se suspenderá sólo por dos años, a los activistas les preocupan las familias que no recibirán la ayuda que necesitan durante el período interino. Según investigaciones realizadas por Raj Chetty —profesor en la Universidad Stanford— los niños que se mudan a los vecindarios de baja pobreza antes de la edad de 13 años ganan más como adultos y tienen mayores probabilidades de asistir a la universidad. El profesor calcula que un 20% de la brecha en sueldos entre de personas de raza negra y blancos se puede atribuir al condado en donde crece un niño.

“Aunque aún hay unas cuentas áreas que son demasiado caras, por lo general [la regla SAFMR] abrió una parte completa del contado en donde anteriormente nuestra base de clientes realmente no tenía la posibilidad de alquilar”, dice Seiling. “Ni siquiera estaban considerando [otras opciones] porque eran demasiado caras”.

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La mayoría de los expertos concuerdan en que el sistema actual de cálculo para vales de vivienda no es sostenible. Pero tal como ha notado mi colega Alana Semuels, ha habido políticos y grupos de vivienda opuestos a la regla SAMFR desde sus inicios. Para Caitlin Walter —directora sénior de investigaciones en el Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares, una organización profesional— una preocupación principal con la regla SAFMR es su metodología. “Los códigos postales están configurados para entregas postales, no el mercado de bienes raíces”, dice. Debido a la forma en que HUD recopila datos y el lapso de tiempo entre cuando se recolecta los datos y cuando se utiliza para calcular normas de pago, a Walter le preocupa que la regla terminaría usando datos detallados e imprecisos para imponer la norma en las regiones más pequeñas. Walter también duda que el reporte interino de HUD —el cual se basó mayormente en los resultados de tres regiones en Texas— se aplicaría de la misma forma al resto del país.

Megan Haberle —directora de la política de vivienda del Concejo de Acción de Investigación sobre Pobreza y Raza— no está convencida de que la suspensión de HUD es el resultado de algunos defectos específicos de la política como tal. Atribuye la suspensión de la regla a la presión ejercida por la industria, algo que ella dice es “temático de mucha de la administración Trump”.

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“El HUD ha estado recibiendo una buena cantidad de oposición de grupos de la industria que fueron formados de algunas de las autoridades de vivienda pública que están preocupados sobre tener que revisar sus prácticas y la pequeña cantidad de carga administrativa que esto tomaría”, dice Haberle.

“Hubo mucha oposición en el área de Dallas de los propietarios que estaban en vecindarios de alta pobreza y las personas que trabajan por ellos”, dice McCain del Proyecto de Comunidades Inclusivas. Los propietarios en los vecindarios de alta pobreza terminarían recibiendo menos dinero bajo la regla SAFMR porque recibirían subvenciones más bajas que los dueños en los vecindarios de alta oportunidad si los pagos con vales se vincularían a los códigos postales. “Pero la [regla] de vales es un programa para inquilinos; no es para propietarios”, dice.

Barnes —la madre de Royce City— dice que le encantan su nueva casa y ciudad. “No debería ser que no puedas estar en un vecindario bueno porque estés usando vales de vivienda”, dice. “Yo pienso que deben estar impulsando los que tengan vales más lejos a mejores vecindarios. A veces no tienes ningún dinero. Lo menos que puedes tener es tu entorno para hacerte querer avanzar”.

Hay problemas que vales de vivienda de cualquier valor no pueden abordar: por ejemplo, ¿qué les sucede a las familias que todavía viven en barrios que se designan ‘de bajas oportunidades’? Los residentes que no tienen el derecho de recibir vales de vivienda o quienes no los solicitan seguirán siendo privados de mejores casas y distritos escolares.

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Sin embargo, “ no hay duda de que existe un problema aquí y [SAMFR] es un paso significativo en la dirección indicada”, dice Sasha Samberg-Champion, una abogada en el bufete Relman, Dane, & Colfax, quien está involucrada en la demanda. “La idea de que ahora tenemos que empezar desde cero porque algunas personas dicen que no es una política perfecta… así no es cómo funciona la ley. Si esa fuera la norma, nunca lograríamos nada”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com

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