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Vendedores ambulantes en la zona de Echo Park en Los Ángeles (foto de archivo).

La descriminalización de los vendedores callejeros en Los Ángeles fue un gran paso, pero todavía quedan muchas interrogantes

La descriminalización de los vendedores callejeros en Los Ángeles fue un gran paso, pero todavía quedan muchas interrogantes

El Concejo Municipal aún debe generar las normas que regularizarán la labor de estos trabajadores. Activistas dicen que el sistema no puede ser demasiado restrictivo o se continuará vendiendo fuera de las reglas.

Vendedores ambulantes en la zona de Echo Park en Los Ángeles (foto de ar...
Vendedores ambulantes en la zona de Echo Park en Los Ángeles (foto de archivo).

Después de décadas de conversaciones sin resultados, la semana pasada el Concejo Municipal de Los Ángeles finalmente tomó una medida a favor de la venta callejera en la ciudad. Impulsados por las amenazas de Donald Trump en contra de los inmigrantes indocumentados, la localidad dio los primeros pasos para descriminalizar la venta callejera. Los Ángeles era la última de las ciudades más grandes del país donde esta práctica seguía siendo completamente ilegal.

Este es un paso indiscutiblemente positivo para los 50,000 vendedores ambulantes en la ciudad, muchos de cuales son inmigrantes indocumentados. La aplicación de las leyes en contra de la venta callejera por policías es un poco incoherente y varía muchísimo, pero los vendedores regularmente reciben citaciones y se les confisca su mercancía. El Los Angeles Times reporta que más de dos docenas de vendedores fueron acusados con delitos por vender sus bienes entre octubre 2015 y octubre 2016.

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Bajo la administración de Barack Obama, la aplicación de leyes de inmigración se enfocaba en los recién llegados e inmigrantes que habían cometido delitos graves. Acusaciones de vender en la calle sin tener ningún otro antecedente probablemente no llevarían a una persona a la prioridad para deportación. Pero las prioridades de Trump son otra historia: hace dos semanas, firmó una orden ejecutiva que abordó para deportación no solo los criminales condenados, sino también de personas acusadas con un crimen, incluso antes haber sido halladas culpables, y personas que han cometido “actos que constituyen un crimen acusable”, aunque nadie los haya acusado. Vender tacos en la calle fácilmente podría hacer que una persona califique para deportación bajo esta orden, más allá de si habían sido arrestados por ello o no.

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Remover la venta callejera de la lista de ofensas criminales ofrece algo de protección a los inmigrantes de Los Ángeles. Pero hay problemas en los detalles, y los activistas todavía temen las políticas que puedan generarse. Primero está la cuestión del tiempo: el voto dió permiso a los abogados de la ciudad para preparar leyes que descriminalizan la venta callejera y crean un sistema de permisos que eventualmente la harían completamente legal. Esas leyes todavía no han sido escritas y, mientras no estén en efecto, los vendedores callejeros todavía técnicamente están violando la ley y son vulnerables a las decisiones individuales de los agentes de policía.

La ordenanza sobre descriminalización, como una cuestión administrativa, debe estar lista en unas semanas o menos, dice Rudy Espinoza, director ejecutivo del Red para la Renovación Urbana (LURN por sus siglos en inglés) y miembro de la Campaña para los Vendedores Callejeros de Los Ángeles, una coalición que presionó por este cambio. Cuando las ordenanzas se conviertan en ley, nadie podrá ser arrestado por vender en la calle, aunque todavía podrán ser citados y penalizados por violar los códigos municipales. En otras palabras, no habrá arrestos, pero sí está el riesgo de recibir una multa y tener que ir a una corte a comparecer.

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Pero la parte más complicada de esta medida será la creación de un sistema de permisos que legalizará la venta ambulante por completo. Esto puede tardar muchos meses. Y, además, hay varios detalles en la propuesta del Concejo Municipal que los activistas dicen que todavía dejan vulnerables a los vendedores, aunque vender en la calle ya no sea técnicamente un crimen.

“La Sección 42 del Código Municipal [la parte que prohíbe la venta callejera] no es siempre lo que usan las policías cuando acusan a un vendedor”, dice Espinoza. “A veces los acusan de una variedad de otras cosas, es una cuestión de la discreción de la policía”.

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Esa libertad hace que un sistema de permisos (que específicamente dice dónde los vendedores tienen permiso de estar, cuánto tiempo pueden estar ahí y qué bienes tienen permiso de vender) sea increíblemente importante para proteger a los vendedores, dice Espinoza. Pero el sistema no puede ser demasiado restrictivo, o los vendedores continuarán vendiendo fuera de las reglas y arriesgarán ser citados o posiblemente hasta ser acusados con otros crímenes, como la vagancia.

Una preocupación con la propuesta de la ciudad es el límite que propone de dos vendedores por cada cuadra en la ciudad. Sólo hay que considerar el carácter de la venta callejera en Los Ángeles (y en cualquier ciudad grande): en algunos vecindarios no hay ni un vendedor, porque la gente no compra de ellos o porque el entorno de la zona no lo permite; en otros, particularmente en distritos más caminables cerca del centro de la ciudad, hay docenas.

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Los vendedores dicen que el límite de dos a cada cuadra no rendirá suficientes permisos para todos los vendedores que venden en la ciudad. Según Los Angeles Times, un vendedor que trabaja en el Distrito de Piñatas en el centro de la ciudad rogó al Concejo Municipal en la reunión la última semana que añadieran una provisión para más permisos a la propuesta. Si solo dejan dos trabajar en cada cuadra, la mayoría no tendrán trabajo, les dijo. Este tipo de límites demasiado bajos ya ha causado problemas en otras ciudades, como en Nueva York, donde florece un mercado negro y los bienes regularmente son vendidos ilegalmente bajo los permisos de otro vendedor.

Hay varios otros problemas potenciales para los vendedores en esta esquema. Una de las normas requerirá obtener la autorización de los negocios adyacentes para instalarse en un lugar, lo cual Espinoza dice que daría mucho poder a los negocios convencionales sobre los vendedores ambulantes. Otra provisión dejaría que ciertos vecindarios impusieran restricciones en la venta callejera, posiblemente eliminándola completamente, aunque los detalles tendrían que ser decididos por completo en la ordenanza.

Juntas, todas estas condiciones podrían hacer que los permisos sean muy difíciles a obtener y, a la hora de estar bajo una necesidad económica, los vendedores podrían terminar vendiendo con permiso o sin éste.

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Es cierto que la descriminalización de la venta callejera quiere decir que los vendedores enfrentan menos riesgos que antes. Pero la amenaza de citaciones y la confiscación de sus bienes, y hasta la posibilidad de encontrarse con la policía en cualquier manera, pueden hacer que los vendedores indocumentados sigan viviendo con miedo. Eso es algo que Espinoza y el resto de la Campaña para Vendedores Callejeros quieren evitar, y tienen planes para continuar promoviendo mejores provisiones en las meses que vienen.

“Quiero proveer claridad acerca de esto. Esto fue un gran paso [lo logrado la última semana], pero no hemos acabado”, dice Espinoza. “Necesitamos continuar presentándonos y abogar por esto”.

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