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Una detención policial en Brooklyn, Nueva York.

A pesar de la legalización de la marihuana, las minorías siguen siendo víctimas en la guerra contra las drogas

A pesar de la legalización de la marihuana, las minorías siguen siendo víctimas en la guerra contra las drogas

Para el tiempo en que terminas de leer esta nota, por lo menos cinco personas habrán sido arrestadas por la posesión de drogas. Y esto afecta especialmente a las minorías.

Una detención policial en Brooklyn, Nueva York.
Una detención policial en Brooklyn, Nueva York.

Un policía detuvo a Darius Mitchell, un afroestadounidense, una noche tarde en Jefferson Parish, Louisiana, por exceder el límite de velocidad. El policía olió marihuana en el auto de Mitchell y pidió un perro detector de drogas para registrar el vehículo, sin el permiso de Mitchell.

Según abogados de la Unión de Libertadas Civiles Estadounidenses (ACLU por sus siglas en inglés), los policías estaban buscando libras de marihuana. Pero sólo encontraron un solo frasco de hidrocodona, un opiáceo recetado para el dolor, que pertenecía a la madre del hijo de Mitchell. Pero esto ocurrió en Louisiana, donde el encarcelamiento ha sustituido al algodón y al azúcar como el rey. Mitchell fue arrestado por posesión grave de drogas (las pastillas) y enfrentó cinco años de prisión. Fue exonerado en el juicio, un procedimiento legal que pocos pueden aprovechar, ya que las declaraciones convenidas de culpabilidad son la opción más utilizada. Pero Mitchell se quedó con el estigma de ser un “narcotraficante” bajo sospecha.

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La historia de Mitchell se cuenta en un nuevo reporte emitido por la ACLU y el Observatorio de Derechos Humanos que se titula Cada 25 segundos: los estragos humanos de criminalizar el uso de drogas en Estados Unidos. El reporte detalla cómo la guerra contra las drogas sigue tomando prisioneros a pesar de reformas recientes.

“[Meses después, Mitchell] seguía endeudado por los honorarios de los abogados, estaba atrasado en los pagos del alquiler y de servicios públicos y había perdido su servicio de cablevisión, televisión y muebles”, dice el reporte. “Aún tiene un registro penal y el trauma y el enojo de haber sido perseguido injustamente”.

Si esto hubiera sucedido en otro estado —y con alguien de piel blanca— a lo mejor se le hubiera dado el beneficio de la duda a Mitchell en cuanto a la hidrocodona. En el peor de los casos, a lo mejor se le hubiera dado rehabilitación por adicción potencial a los opiáceos, tal como es la norma en muchos lugares. Pero Mitchell fue una baja de una guerra sobre drogas sostenida por el encarcelamiento masivo de afroestadounidenses por los delitos de drogas más pequeños.

Y fácilmente las cosas pudieran haber salido peor para Mitchell. El reporte también cuenta la historia de Corey Ladd, un afroestadounidense sentenciado a 17 años de prisión por poseer media onza de marihuana en Nueva Orleans. La fuerte sentencia se impuso en parte debido a que Ladd tuvo dos arrestos anteriores por posesión de drogas: uno por posesión de alucinógeno LSD y el otro por hidrocodona. En ambos casos las cantidades poseídas eran pequeñas. Ladd no era para nada un capo del narcotráfico.

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Con mayor frecuencia las historias como estas son la regla en lugar de ser la excepción, según el reporte. El alcance de la pasión por el encarcelamiento de EEUU ha sido detallado de modo exhaustivo recientemente en el documental 13th, de Ava DuVernay. Sin embargo, este reporte de 205 páginas incluye nuevos datos que demuestran qué tan poco han cambiado las cosas desde que recientemente han empezado discusiones sobre la reforma de leyes sobre las drogas y el encarcelamiento masivo.

“A pesar de la opinión publica cambiante, en 2015 casi la mitad de todos los arrestos por posesión de drogas (más de 574,000) eran por la posesión de marihuana”, dice el reporte. “En comparación hubo 505,681 arrestos por crímenes violentos (definidos por la FBI como asesinato, homicidio involuntario no negligente, violación, robo y asalto a mano armada). Esto significa que la policía hizo más arrestos por la sencilla posesión de marihuana que por todos los crímenes violentos combinados”.

El hallazgo principal del reporte es que alguien es arrestado por poseer drogas cada 25 segundos en EEUU (de ahí el título del reporte). Pero he aquí unos cuantos datos más:

· Más de uno de cada nueve arrestos por policías estatales es por posesión de drogas, lo cual suma en más de 1.25 millones de arrestos cada año.
· En cualquier día por lo menos 137,000 hombres y mujeres son encarcelados por la posesión de drogas: aproximadamente unos 48,000 de ellos en prisiones estatales y 89,000 en cárceles, y la mayoría de los últimos son detenciones antes de juicios.

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· Para finales de 2014, más de 25,000 personas estaban cumpliendo condenas en cárceles locales y otros 48,000 estaban cumpliendo condenas en prisiones estatales por posesión de drogas a nivel nacional.
· Los adultos afroestadounidenses tienen 2.5 las probabilidades de los adultos blancos de ser arrestados por posesión de drogas, a pesar de tomar drogas a niveles similares.
· En 2014 los afroestadounidenses tenían casi seis veces las probabilidades de los blancos de estar en prisión por posesión de drogas.
· En Manhattan, donde los lobos y los psicópatas americanos de Wall Street deambulan, los afroestadounidenses tenían casi 11 veces mayores probabilidades de los neoyorquinos blancos de ser arrestados por posesión de drogas. Esto es así a pesar del hecho de que el crimen se ha reducido fuertemente en toda la ciudad de Nueva York, incluso en vecindarios históricamente afroestadounidenses como Harlem.
· Dentro del estado de Nueva York, las tasas de posesión de drogas son mucho más altas en condados con sedes urbanas diversas, como la Ciudad de Nueva York y Buffalo. Pero sin importar el condado, en Nueva York las tasas de arresto de los afroestadounidenses por posesión de drogas superan por mucho a las tasas de arrestos de blancos, tal como muestra el gráfico abajo.

Ha habido varias reformas de justicia criminal que se han aprobado para contener estas tendencias, particularmente en ciudades como Nueva York y Nueva Orleans, donde las minorías han sufrido durante mucho tiempo bajo políticas onerosas en cuanto a los arrestos por drogas.

Algunas de estas reformas incluyen la descriminalización de pequeñas cantidades de ciertas drogas. Los políticos y líderes policiales últimamente han estado aplicando soluciones de salud pública a los problemas con opiáceos y medicamentos narcóticos para el dolor. Y el presidente Obama se ha jactado de otorgar clemencia a una cantidad pasable de personas encarceladas por crímenes no violentos y relacionados con las drogas. Pero tal parece que estas medidas sólo redujeron las tasas de arresto y encarcelamiento marginalmente. Así lo indica el reporte:

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“Este reporte demuestra que si bien es crítico abordar partes del problema —entre ellas abuso policíaco, condenas largas y la reclasificación de marihuana—, esto no es suficiente: la criminalización es simplemente la respuesta equivocada al uso de drogas y debe reconsiderarse por completo. (…) las leyes que criminalizan el uso de drogas son inconsistentes con el respeto para la autonomía humana y el derecho de privacidad y contravienen el principio de derechos humanos de proporcionalidad de castigo. En la práctica, criminalizar el uso de drogas también viola el derecho a la salud de los que usan drogas. Como resultado de la aplicación de estas leyes, los daños experimentados por las personas que toman drogas —y por sus familias y las comunidades en general— quizás constituyan violaciones adicionales y separadas de derechos humanos”.

El reporte les exige a los alguaciles locales y a los policías que dejen de arrestar a personas por el uso personal de drogas y que dejen de catear y registrar a las personas por drogas, particularmente si todos los indicios señalan que tales registros sólo darán nada más que cargos sencillos de posesión. Si los alguaciles y policías tienen que llevar a cabo estos registros, el reporte recomienda que ellos:

· Presenten cargos contra individuos con el delito de menor nivel posible respaldado por los hechos; por ejemplo, por parafernalia en lugar de posesión.

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· No midan el desempeño de policías o de departamentos basado en cifras sobre detenciones o arrestos y que no establezcan cuotas o provean incentivos por las cantidades de detenciones, registros, cateos o arrestos.
· Colaboren con miembros de la comunidad, especialistas en el tratamiento de drogas y profesionales de la salud mental para explorar alternativas al arresto.
· Incentiven y premien acciones por policías que priorizan la salud y la seguridad de las personas que toman drogas.
· Adopten políticas de registro con consentimiento como modelos que incluyan requerir a los policías de tener una sospecha razonable antes de pedir el consentimiento y, sin importar los resultados del registro, que se requiera a los policías que provean un “recibo” que documenta la interacción.
· Requieran a los policías a específicamente avisar a los civiles de los peligros potenciales de consentir a los registros y su derecho de no dar el consentimiento, así como requerir a los policías conseguir el consentimiento escrito o grabado en audio o video antes de hacer un registro.
· Regularmente analicen y publiquen datos sobre todas las detenciones, cateos, registros, observaciones y entrevistas consensuales o no consensuales, todos sumados por raza, genero, edad y las razones del policía por el encuentro o acción.

El reporte también recomienda que las entidades gubernamentales locales aprueben leyes que prohíban a los dueños de propiedad y a los empleadores de discriminar en contra de solicitantes para viviendas y empleos que tengan antecedentes de condenas por posesión de drogas. También les pide a los legisladores locales a desarrollar iniciativas de salud pública que disminuyan los riesgos y los daños del uso de drogas y que ofrezcan tratamiento para los que tengan problemas de drogas.

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Tales medidas se suman para producir resultados que tratan a las personas como humanos que han cometido errores en lugar de tratarlos como personas que “para siempre serán definidos por algo que hicieron una vez en sus vidas”, como ha expresado Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow. No definamos a las personas que han violado las leyes de los límites de velocidad por sus infracciones de tráfico, y por consiguiente negarles ayuda y servicios después. Tampoco debemos hacer esto con los que han chocado con leyes de drogas draconianas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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