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Desde 1998, las autoridades cobran por separado "cuotas por servicios biométricos" por tomar las huellas de los solicitantes.

Centroamericanos demandan a Inmigración

Centroamericanos demandan a Inmigración

Cientos de miles de centroamericanos que se benefician del TPS podrían recibir un reembolso de Inmigración por haber cobrado cuotas adicionales.

Desde 1998, las autoridades cobran por separado "cuotas por servicios bi...
Desde 1998, las autoridades cobran por separado "cuotas por servicios biométricos" por tomar las huellas de los solicitantes.

El fallo, emitido por el juez de distrito Thelton Henderson, permite a

unos 400 mil inmigrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y El

Salvador, a desafiar las cuotas que pagaron a la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) por el servicio de tomarles fotografías y huellas digitales como parte de sus trámites.Potencialmente, afirmó la abogada Linda

Dardarian, los demandantes podrían exigir más

de $100 millones de dólares en reembolsos del gobierno.El juez Henderson explicó en un fallo anterior que los inmigrantes afectados habían presentado un caso contundente y que las cuotas pagadas violaban las

leyes federales.Los centroamericanos habían podido quedarse en Estados Unidos bajo una

ley de 1990 que les otorgaba un estatus de residencia temporal (conocido como TPS) a

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extranjeros que huían de sus países de origen a consecuencia de una

guerra o un desastre natural.Las autoridades federales aprobaron la entrada de miles de hondureños y

nicaragüenses en 1999 debido a un devastador huracán, y en 2001 abrieron nuevamente la puerta a otros miles

de salvadoreños por un catastrófico terremoto.El gobierno de Washington ha renovado desde entonces sus estadías en

Estados Unidos de forma periódica, después de determinar que las

condiciones de vivienda, agua potable y sistemas sanitarios no han sido

restauradas en sus respectivos países de origen, señaló Dardarian.El problema radica en que la ley de 1990 limita las tarifas de

inscripción a $50 dólares por individuo. Sin embargo, desde 1998 las

autoridades migratorias estadounidenses han cobrado por separado

"cuotas por servicios biométricos" por tomarle las huellas dactilares,

fotografías, y firmas electrónicas cada vez que renuevan sus documentos

para permanecer en Estados Unidos.Esa cuota de $80 dólares por los servicios biométricos recauda

alrededor de $25 millones de dólares anuales para pagar por el proceso

de revisión de identidad y antecedentes penales, aseguran abogados

gubernamentales.Letrados del Departamento de Justicia argumentan que el límite de $50

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dólares en la cuota aplica sólo a la tarifa de inscripción de una sola

vez, y no previene al gobierno estadounidense de cobrar fondos

adicionales para cubrir sus gastos de los programas de seguridad y

fraude.No obstante, en una orden emitida en octubre de 2007, el juez Henderson

falló que la cuota inicial de $50 dólares incluye el trámite de huellas

dactilares y verificación de antecedentes.El magistrado federal precisó que era muy probable que

concluyera que una cuota adicional era ilegal, pero se negó a ordenarle

al gobierno que dejara de cobrarlas mientras el caso estaba pendiente;

alegando que los inmigrantes podrían eventualmente recibir un reembolso

si al final ganaban el caso.En su última orden judicial emitida el jueves, el juez determinó que

los centroamericanos estaban haciendo el mismo argumento legal y que

podrían proceder en una demanda colectiva, en vez de que sometan casos

individuales.Dardarian indicó que el fallo fue crucial para que los inmigrantes

afectados puedan recibir un reembolso, pues beneficiará a todos además

de los que presentaron la demanda en San Francisco en 2007.La abogada dijo que le pedirá al juez Henderson que declare la cuota

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como "ilegal", y que le pida a las autoridades de inmigración que

suspenda su cobro.

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