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Ejército en Iguala, México.

Fiscalía mexicana sí interrogó a militares por caso Ayotzinapa, pero no lo informó

Fiscalía mexicana sí interrogó a militares por caso Ayotzinapa, pero no lo informó

El grupo de investigadores denuncia no haber recibido información de las diligencias.

Ejército en Iguala, México.
Ejército en Iguala, México.


“Diez militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que solo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al grupo ninguna información sobre estas diligencias”.


Así lo afirmó este viernes Ángela Buitrago, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.


“Posteriormente, el 11 de septiembre, después de la publicación del Informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR. El grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos para investigar los hechos”, expuso el investigador Francisco Cox Vial.


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El Grupo realizó una conferencia de prensa en la sede de Derechos Humanos de Ciudad de México, para anunciar en qué va a consistir la segunda etapa de su participación en el caso. Allí también denunció que la CIDH ha realizado varias solicitudes de información al gobierno federal que no han tenido respuesta.


El mandato inicial del GIEI, que expiraba el 31 de octubre pasado, fue ampliado hasta abril de 2016 después de que la CIDH y el Gobierno mexicano sellaran una segunda etapa de trabajo sobre la base de diez compromisos, entre ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso.


Dicho decálogo incluye evaluar los datos de telefonía de los normalistas y de los presuntos responsables de la agresión que sufrieron, así como de las nuevas evidencias.


Ángela Buitrago subrayó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) es la encargada de la investigación del caso, mientras ellos sólo buscan apoyarla para localizar a los desaparecidos y castigar a los culpables.


En respuesta al ministro Osorio


“Queremos señalar que nosotros desde el primer día que llegamos a este país hemos hecho avanzar la investigación. No hemos hecho un informe solamente valorativo hacia atrás, sino que el desarrollo de nuestro trabajo ha sido desde el primer día hacer propuestas para que la investigación avance", apuntó el español Carlos Beristain.


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El miembro del Grupo de la CIDH respondió así a las declaraciones del secretario de Gobernación (ministro de Interior), Miguel Ángel Osorio, quien dijo recientemente que si los expertos sostienen que los cuerpos de los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, entonces "que nos digan dónde y cómo" ocurrieron los hechos.


"Queremos que también nos den las líneas que vamos a investigar y (...) que nos lleven hacia estas conclusiones para podérselas dar todos juntos a los familiares y a todo México", señaló Osorio, quien agregó que ya "no es solamente decir si estuvo bien o no el proceso", sino que contribuyan a "encontrar esa verdad".


Los expertos aseguraron que "desde el primer momento" han trabajado en el "objetivo compartido por todos" de buscar a los estudiantes y han sugerido acciones concretas a realizar.


Coincidieron además en que es necesario replantear las pesquisas para que sean las evidencias externas y no las declaraciones, las que generen certeza sobre los hechos.


El quinto autobús y las fosas


Beristain agregó que entre las propuestas que el grupo ha hecho están la investigación de un quinto autobús tomado por los alumnos de la escuela para maestros Isidro Burgos la noche del 26 de septiembre de 2014 o la necesidad de buscar a los jóvenes en zonas señaladas como sospechosas por los familiares.


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Esa noche decenas de estudiantes de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.


En los ataques murieron seis personas, entre ellos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.


En un informe presentado en septiembre pasado tras seis meses de trabajo en el caso, el GIEI concluyó que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, como aseguró la fiscalía, pidieron continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.


Para el Grupo es innecesario realizar un nuevo estudio de dinámica del fuego en el basurero de Cocula, como plantea la PGR, aunque de hacerse, recomendaron que lo realicen especialistas científicos del mayor nivel, con base en estándares internacionales.


Los expertos también pidieron un mapa de fosas clandestinas y un mapa satelital de Pueblo Viejo y La Parota, que hasta la fecha no ha sido entregado, así como investigar en general el tema de desaparición forzada en la región, pues “ los hallazgos en Carrizalillo muestran la gravedad de los casos”.


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Los integrantes del GIEI se dijeron preocupados por la falta de información sobre los hornos crematorios públicos en la región, considerados clave para la investigación.


También solicitaron al Estado Mexicano la realización de nuevos cateos, aunque se negaron a dar detalles para no entorpecer las investigaciones.


Finalmente, recomendaron mayor control en la información que se publique sobre el caso, pues se debe atender primero a los familiares de los directamente afectados y después a la opinión pública.


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