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Ayotzinapa

Aprueban en México primera reparación a familiares de una de las víctima del caso Iguala

Aprueban en México primera reparación a familiares de una de las víctima del caso Iguala

El plan contempla medidas como la asignación de un asesor jurídico, becas educativas y una compensación económica

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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México aprobó este martes la primera reparación para una de las familias afectadas por los ataques a tiros perpetrados por policías en el municipio de Iguala en septiembre de 2014.

Se trata de la familia de David Josué García Evangelista, jugador del equipo de fútbol Los Avispones que murió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, indicó el organismo público en un comunicado.

El plan integral de reparación, aprobado por unanimidad, contempla medidas como la asignación de un asesor jurídico para darle seguimiento al caso, atención psicológica para los familiares que lo requieran, becas educativas y una compensación económica, detalló.
"Esta reparación es un derecho que actualmente tenemos todas y todos los mexicanos, y no un regalo ni un pago para comprar silencios", afirmó el comisionado presidente, Jaime Rochín.

La CEAV añadió que está estudiando y procesando otros casos de víctimas relacionados con los sucesos de Iguala, donde seis personas murieron, entre ellos García Evangelista, y 43 estudiantes desaparecieron a manos de policías y miembros del crimen organizado.

Según la versión oficial, esa noche 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerrero Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero del vecino municipio de Cocula.

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Sin embargo, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde marzo pasado cuestionaron esa versión y ahora una unidad especial analiza otras líneas de investigación para hallar la verdad sobre lo ocurrido.

La CEAV fue creada por decreto presidencial en enero de 2014 para atender a quienes han sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, a fin de apoyarlas a recuperar su proyecto de vida y a ejercer sus derechos.

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