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Bloquean demanda contra empleadores

Bloquean demanda contra empleadores

Un juez federal aceptó otra petición para bloquear un plan del gobierno contra empresas que empleen a indocumentados.

Es la tercera vez en menos de un mes que un magistrado federal rechaza

el proyecto pretende sancionar a patronos que contraten a trabajadores

indocumentados.El juez federal Charles Breyer dijo que la Administración de Seguridad

Social y el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en

inglés) no pueden seguir adelante con un plan para enviar cartas de

ambas agencias advirtiéndole a las empresas que enfrentan multas, o

sanciones si mantienen en sus nóminas a trabajadores cuyos números de

Seguro Social no coincidan con sus nombres.En su fallo, Breyer explicó que las nuevas normas podrían causarle muchas dificultades a las empresas y a sus empleados."Los demandantes han demostrado que se verán afectados de una manera

irreparable si le permite al DHS implementar la nueva norma", escribió

Breyer al bloquear la medida.Las cartas de las agencias federales debían comenzar a ser enviadas en

septiembre, pero grupos sindicales y defensores de los indocumentados

entablaron una demanda señalando que el plan causaría fuertes problemas

a los empleadores, y podría hacer que muchos inmigrantes autorizados a

trabajar en Estados Unidos, así como ciudadanos norteamericanos,

perdieran sus empleos debido a inocentes problemas de papeleo

burocrático.El gobierno alega que buena parte de los problemas en los registros de

la Seguridad Social son el resultado de que indocumentados usan

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documentos falsos para obtener sus trabajos.En agosto pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Interior,

Michael Chertoff, anunció que su agencia comenzaría a informar a los

empleadores que si los empleados no aclaraban sus problemas con los

números de Seguro Social en el lapso de 90 días, tendrían que ser

despedidos. De lo contrario, se sancionaría a los empleadores.Según los abogados del gobierno, la regla simplemente clarifica las

obligaciones de los empleadores bajo la ley de inmigración y les provee

lineamientos claros sobre cómo manejar los documentos que no coinciden.Hasta ahora, el Administración del Seguro Social por lo general

notifica a los empleadores sobre las discrepancias, pero los

empleadores no están obligados a tomar medidas.La medida debió entrar en efecto a partir de septiembre, con el envío

de unos 140 mil correos cada uno con los nombres de 10 empleados cuyos

nombres no coincidían con los números del Seguro Social.

Entre tanto en líderes y activistas de Los Ángeles manifestaron el

miércoles su satisfacción por la decisión del juez federal de suspender

el envío de cartas a los empleadores para corregir inconsistencias en

la información del Seguro Social de sus empleados."Es una decisión sabia, aunque no es permanente", explicó Jorge-Mario

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Cabrera, gerente de Comunicaciones de la Alianza Nacional de

Comunidades Latino Americanas y Caribeñas, (NALACC, en inglés).Cabrera señaló que aunque el juez tendrá que analizar los argumentos a

favor y en contra, "este descanso nos permite seguir educando a la

comunidad en general sobre lo dañino que sería crear este 'zoológico

económico' que no va resolver de ninguna manera la problemática de la

inmigración indocumentada"."El juez decidió detener la aplicación de estas nuevas regulaciones y

las va a suspender hasta que se oiga todo el caso, para decidir si lo

que busca el gobierno es legal", dijo Paulina Gonzales, portavoz del

Sindicato United Here de Los Angeles."Es una victoria para los trabajadores inmigrantes del país y también

para los documentados porque sabemos que el Seguro Social comete muchos

errores y ellos también pueden ser impactados por estas regulaciones",

aseguró Gonzales.Entre los argumentos de la demanda, se alega que esta nueva ley está

ayudando a que algunos empleadores abusen de las personas que no tienen

documentos legales para trabajar.Las otras entidades demandantes son el Centro Nacional de Leyes de

Inmigración (NILC, en inglés) y la Asociación Americana de Libertades

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Civiles (ACLU, en inglés).Según informes citados por NILC, en diciembre de 2006 la oficina del

Administrador General del Seguro Social elaboró un reporte sobre 435

millones de personas, en el que encontró 17.8 millones de

inconsistencias."Lo que sigue es ir a la corte para demostrar que estas regulaciones son discriminatorias", dijo la portavoz de United Here."Tenemos que seguir presionando al Congreso y a la Casa Blanca para que

se busquen alternativas", expresó Cabrera al referirse a los próximos

pasos.Otro de los argumentos de la demanda, es que con esta reglamentación el

DHS busca modificar las leyes de inmigración por la vía administrativa

y no por el camino legislativo."Sabemos que ellos quieren implementar 22 puntos para demostrar que

están aplicando las leyes de inmigración, pero las leyes de inmigración

están quebrantadas en Estados Unidos, son obsoletas, son inhumanas",

aseguró Cabrera.

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