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Atraso en ejecución de reo

Atraso en ejecución de reo

La defensa de José Ernesto Medellín confía que la Corte Suprema de Justicia o de la Junta de Perdones se pronuncien a último momento.

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En manos del Tribunal Supremo

EL PASO, Texas- La Junta de Perdones de Texas decidió este martes no recomendar al gobernador del estado, Rick Perry, la clemencia para el mexicano Jose Medellín, cuya ejecución esta prevista este martes, dijo a Efe María Ramírez, directora de Asuntos Legales de la Junta.De esta manera, la ejecución de Medellín depende ya solo de que el Tribunal Supremo de EEUU acepte el aplazamiento que han solicitado los abogados del reo, o de que el gobernador decida una suspensión por no más de 30 días.

"Esto deja todo el caso en manos del Supremo", comentó a Efe la portavoz del equipo de abogados que representa a Medellín, Katherine Hoffman, consciente de que es poco probable que el gobernador aplace la ejecución, ya que ha dicho en diversas ocasiones que respetaría la recomendación de la Junta de Perdones.

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Ese comité, compuesto por seis personas designadas por el gobernador, sólo ha pedido conmutar una sentencia de muerte en una ocasión desde diciembre de 2000, pero Perry la rechazó y el reo fue ejecutado.La decisión que adopta este organismo es una recomendación para el gobernador, de manera que no es vinculante.Aun cuando la resolución ha sido no recomendar clemencia, el gobernador tiene la capacidad legal de aplazar la ejecución por un máximo de 30 días, según explicó a Efe la portavoz de Rick Perry, Alison Castle.

La portavoz dijo que, en cualquier caso, el gobernador decidirá sobre el caso este martes, no hoy.La ejecución de Medellín, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos menores en 1993, está prevista para mañana a las 23.00 GMT mediante una inyección letal en el penal de Huntsville.

Además de las habituales protestas de los grupos contrarios a la pena de muerte, se ha sumado en este caso la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que quiere que el Gobierno estadounidense revise los casos de Medellín y otros cuatro mexicanos condenados a muerte en Texas.

Vigilado noche y día

Medellín espera este lunes, en la celda en la que es vigilado las 24 horas del día y diseñada para evitar un intento de suicidio, la resolución de la Corte Suprema a la que su abogado solicitó la suspensión temporal de la ejecución.

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Con esta acción, el equipo legal busca lograr tiempo para que el Congreso vote una ley que permitiría que los tribunales de Texas revisen su caso y del de otros mexicanos condenados a la pena capital en este estado.

Se espera también que los siete miembros de la Junta de Perdones emitan una recomendación al gobernador de Texas, Rick Perry, para que ordene la suspensión de la ejecución por los 240 días solicitados por el abogado Donald Donovan, que representa al nativo de Nuevo Laredo, México.

La apelación de Medellín a la Suprema Corte y la petición de clemencia a la Junta de Perdones están basadas en una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en el 2004, falló que Estados Unidos había violado los derechos de estos mexicanos al incumplir con el Tratado de la Convención de Viena en relaciones consulares, del que Estados Unidos y México son firmantes.

La CIJ pidió a Estados Unidos la revisión de los casos de 51 mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos, a los que no se notificó al momento de su detención de su derecho a hablar con representantes de los consulados de su país.

El resto de los estados acataron la orden, pero Texas se niega a hacerlo aduciendo que el estado es gobernado internamente y no por cortes internacionales.

En un documento entregado el pasado viernes al Tribunal Supremo, los abogados Donovan y Sandra Babcock afirman que ejecutar al mexicano tendría consecuencias irreparables y creará una brecha entre Estados Unidos y sus compromisos internacionales.

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Babcock argumentó que si Texas ejecuta a Medellín, Estados Unidos no podrá garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero.

Sin embargo, a pesar de la orden del máximo tribunal internacional, y de la petición del presidente George Bush que en 2005 instó a Texas a revisar los casos de estos mexicanos acatando al fallo del tribunal de la ONU, Medellín espera mañana su ejecución.

"Sin embargo la suspensión puede llegar dos minutos antes", dijo a Efe la portavoz de la defensa del mexicano, Katherine Hoffman, quien recordó que ésta es la primera ocasión en que Medellín cuenta con una fecha de ejecución, a diferencia de otros mexicanos como Cesar Fierro que se ha enfrentado ya a una fecha en 14 ocasiones.

Mientras tanto, Medellín inició el periodo de despedidas y de acuerdo con el protocolo del estado podrá reunirse hoy por espacio de ocho horas con sus familiares y el martes por la mañana cuatro horas adicionales.

La portavoz de el Departamento de Justicia Penal de Texas, Michelle Lyons, indicó que de no suspenderse la ejecución en las próximas horas, Medellín será trasladado en martes al mediodía de la Unidad Polunsky en la que se encuentra actualmente en Livingston, a la cárcel "Walls Unit" en Huntsville.

Una vez en Huntsville, Medellín permanecerá en una celda adyacente a la cámara de la muerte, y se le servirá una cena dos horas antes de la ejecución.

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La ejecución está programada para las 18:00 horas locales y estarán presentes los abogados de Medellín, una amiga del condenado a muerte cuya identidad no ha sido dada a conocer y cinco representantes de medios de comunicación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si asistirán los padres de las jóvenes asesinadas por Medellín.

Medellín firmó un documento en el que declina elegir un menú para su última cena, indica que no asistirán familiares a la ejecución y determina que será su amiga la que recibirá sus pertenencias y determinará como disponer de su cuerpo.

José Ernesto Medellín fue sentenciado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de dos jovencitas, Jennifer Ertman de 14 años, y Elizabeth Peña de 16 años a las que tanto él como cinco miembros mas de su pandilla violaron, golpearon y finalmente asesinaron usando un cinturón para ahorcarlas. Medellín confesó su crimen, pero ahora alega que tiene derecho a una revisión de su caso porque no se le informó cuando le detuvieron de que podía llamar a los representantes del Consulado de México en Houston.

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