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Fallo contrario a la Acción Ejecutiva

Juez discrepa sobre fallo "erróneo" y tardío en materia migratoria

Juez discrepa sobre fallo "erróneo" y tardío en materia migratoria

Carolyn King expresó su voto disidente en la decisión de la Corte de Apelaciones que bloquea la iniciativa migratoria del gobierno de Obama.

Fallo contrario a la Acción Ejecutiva
Fallo contrario a la Acción Ejecutiva

La juez Carolyn Dineen King, de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans que acordó bloquear la iniciativa migratoria del gobierno de Obama, dejó constancia de su voto disidente en la decisión, entre otras razones, porque el fallo “se había retrasado injustificadamente”.

"Tengo una convicción firme y definitiva de que se ha cometido un error. Ese error ha sido exacerbado por el retraso prolongado que se ha producido en la resolución del presente recurso. No hay justificación para el retraso", escribe King en su exposición, contenida en la parte final del fallo de la corte, avalado por 2 de los tres votos.

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En efecto, el abogado especializado en inmigración Ezequiel Hernández clarifica que este tipo de recursos debe resolverse en 60 días continuos o dos meses, y en este caso se tardó mucho más porque la apelación a la decisión desfavorable por parte de un juez de Texas fue introducida en junio por Jeh Charles Jonhson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional; Gil Kerlikowske, comisionado de Protección Fronteriza; Ronald Vitiello, jefe de la Patrulla Fronteriza, Sarah Saldana, directora de Inmigración y Aduanas, y León Rodríguez, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

La demanda contra la Acción Ejecutiva puesta en marcha por el presidente Obama el 13 de diciembre del año pasado, fue impulsada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott junto a otros 25 estados (23 de ellos también republicanos)  que consideran que el mandatario se había extralimitado en sus funciones y que la medida viola la Constitución.

La juez King, nombrada en su oportunidad por el presidente Jimmy Carter, hace una detallada exposición de lo que, en su parecer, suponen los alcances e implicaciones de la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés) que intenta proteger a los inmigrantes sin papeles que están en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010, y la Acción Ejecutiva, que busca detener la deportación de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés).

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La magistrada subraya que el problema no se encuentra en el propio contenido de la Acción Diferida y la Acción Ejecutiva, que establecen claramente cuáles son los casos en que debe aplicarse, sino en la propia discrecionalidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ejecutar anteriores legislaciones.

King explica que DAPA concierne a los padres de ciudadanos estadounidenses con residencia legal y permanente, que han vivido en Estados Unidos por lo menos los últimos cinco años, y carecen de antecedentes penales.

“Los demandantes no cuestionan la capacidad del DHS para permitir que los extranjeros sujetos a la DAPA -hasta 4,3 millones según algunas estimaciones- puedan permanecer indefinidamente en el país. En efecto, los demandantes admiten que las decisiones de expulsión quedan a discreción del fiscal del DHS. Más bien, los demandantes se quejan de las consecuencias de utilizar prácticas de décadas para conceder (los beneficios de) "Acción diferida" a estas personas, específicamente "extranjeros ilegales" para que puedan permanecer temporalmente, ganarse legalmente la vida, y también con el tiempo puedan ser elegibles para algunos beneficios públicos”, expone la juez.

En su exposición de 53 páginas, la juez sostiene que el gobierno actuó apegado a la ley, e indicó que la decisión de diferir acción en algunas deportaciones es "un ejercicio básico de facultades discrecionales en el enjuiciamiento" de delitos, y recalcó que el Departamento de Seguridad Nacional tiene recursos limitados.

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"Aunque existen cerca de 11,3 millones de extranjeros que pueden ser deportados actualmente en el país, durante los últimos años el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional apenas recursos suficientes para retirar a unos 400,000 de ellos al año", escribió King.

Fallo en contra a la iniciativa migratoria del presidente Obama Univision

En su solicitud, primero conocida y sentenciada a favor por un juez de Texas, los demandantes sostienen que las consecuencias y los beneficios contenidos en la acción ejecutiva deben ser derogados.

Pero la solicitud de los demandantes, dice la juez, no puede determinarse tan fácilmente, porque los beneficios a los que se refiere su demanda “están inexorablemente ligados a decisiones contenidas en estatutos y reglamentos promulgados por Congresos y administraciones anteriores".

La juez refiere una decisión de hace 16 años de la Corte Suprema sobre esta materia, en la cual señala que el órgano ejecutivo “tiene discreción para abandonar el esfuerzo de participar en la habitual práctica (que había llegado a ser conocido como "acción diferida") por razones humanitarias o simplemente por propia conveniencia!

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La juez concluye: “Debido a que todas las partes están de acuerdo en que se trata de ejercicio de discreción procesal, en sí inapelable, este caso debe ser desestimado por razones de justicia”.

King sostiene que las conclusiones a las que llega el juez de Texas al emitir su fallo, y posteriormente la Corte de Apelaciones “son erróneas” y “poco convincentes” pues, desde su punto de vista, las decisiones migratorias emitidas por le Administración de Obama no chican con las leyes sobre inmigración y nacionalidad ( INA), razones por las cuales expresó su disentimiento.

Lea también: Corte falla en contra de la acción ejecutiva de Obama para proteger a 5 millones de indocumentados

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