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La acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre, frena tempotalmente las deportaciones de millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

113 republicanos respaldan la demanda de 26 estados contra la acción ejecutiva

113 republicanos respaldan la demanda de 26 estados contra la acción ejecutiva

Principales líderes republicanos del Congreso se suman a demanda de 26 estados contra el beneficio migratorio.

La acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de novi...
La acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre, frena tempotalmente las deportaciones de millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

Los principales líderes republicanos del Congreso se sumaron a la demanda que 26 estados presentaron el pasado 3 de diciembre contra la acción ejecutiva que frena la deportación de millones de indocumentados.

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Bajo un recurso conocido como “amicus curiae” (amigos de la corte), 113 republicanos se unieron a la batalla legal bajo el argumento que el presidente Barack Obama de extralimitó en sus poderes ejecutivos al suspender deportaciones de inmigrantes sin papeles y conceder permisos de trabajo a dreamers.

La demanda contra la acción ejecutiva fue liderada por Texas y cuenta con el respaldo de otros 25 estados. Veinticuatro de los demandantes están gobernados por republicanos.

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Entre los 113 nombres de la lista de “amigos de la corte” figuran Mitch McConnell (Kentucky), líder de la mayoría republicana en el Senado, y Bob Goodlatte (Virginia), presidente del Comité Judicial.

Los demandantes también argumentan que la acción ejecutiva cambió la ley de inmigración, estableciendo una nueva política que supera la constitucionalidad de la autoridad del Ejecutivo y altera el delicado equilibrio de poderes.

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En el escrito, presentado ante la Corte Federal de Apelaciones del 5to Distrito de Nueva Orlenas, los “amigos de la corte” señalaron que la medida, en lugar de establecer prioridades de control de la inmigración indocumentada, estableció requisitos de elegibilidad que, si se cumplen, otorgan a los inmigrantes ilegales una presencia legal renovable en Estados Unidos.

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Piden levantar suspensión de acción ejecutiva Univision

La acción ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados, entre ellos padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

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Ambos grupos deben demostrar que se encuentran en Estados Unidos de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

Los beneficiados, además del freno de sus deportaciones, recibirán una autorización de empleo renovable cada tres años.

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Se prolonga incertidumbre por orden ejecutiva Univision

Detenida temporalmente

El 16 de febrero el juez Andrew S. Hanen, quien preside la Corte Federal del 5to Distrito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que detuvo la entrada en vigor de la acción ejecutiva mientras sigue viendo la demanda de los 26 estados presentada el 3 de diciembre.

El gobierno, a través del Departamento de Justicia, presentó dos recursos de emergencia para pedirle a Hanen que revierta la medida cautelar y apeló a la demanda.

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A mediados de marzo y en vista de que el juez Hanen dilató una respuesta, el Departamento de Justicia presentó un recurso de emergencia ante la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, para levantar la prohibición temporal, y apeló la demanda de los estados.

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El 17 de abril un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones celebró una audiencia para que ambas partes presentaran sus argumentos orales, uno para justificar la demanda y el otro por qué la corte debería levantar la medida cautelar de Hanen.

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En cuanto a la demanda general, la corte escuchará argumentos orales en junio. No existe una fecha tentativa para que emita un fallo al respecto.

 

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Qué dice la Casa Blanca

La Casa Blanca insiste en que ha ido tan lejos como le ha sido posible jurídicamente con la acción ejecutiva y advierte que, en caso de un fallo adverso en la Corte de Apelaciones, acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

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“El presidente estuvo determinado a utilizar su autoridad tanto como fuera posible para traer una muy necesaria rendición de cuentas a nuestro agrietado sistema de inmigración. Y eso fue reflejado en el anuncio que realizó", dijo Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca.

La semana pasada los 26 estados respondieron a la apelación del gobierno ante la Corte de Apelaciones del 5to Distrito donde alegaron lo mismo que en Brownsville, que el ejecutivo se extralimitó en sus poderes y cambió las leyes de inmigración sin contar con el respaldo del Congreso, y que la medida viola la Constitución.

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El gobierno de Obama ha reiterado que la ley de inmigración es un tema federal que debe ser manejado por el gobierno federal estadounidense y que los estados no tienen jurisdicción ni competencia.

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