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Gabriel Fernández tenía 8 años cuando murió por maltrato físico.

Las 'alertas rojas' que vio la juez en la tortura y muerte de ‘Gabrielito’

Las 'alertas rojas' que vio la juez en la tortura y muerte de ‘Gabrielito’

Un historial de violencia doméstica, denuncias de maltrato, consumo de drogas y visibles lesiones habrían sido pasadas por alto por trabajadores sociales, quienes por su parte se presentan como "chivos expiatorios" en el juicio que enfrentarán.

Gabriel Fernández tenía 8 años cuando murió...
Gabriel Fernández tenía 8 años cuando murió por maltrato físico.

LOS ÁNGELES, California.- Desde el 31 de octubre de 2012, cuando el Departamento de Protección Infantil y Servicios Familiares (DCFS) abrió el caso del niño Gabriel Fernández, existieron “alertas rojas” de posible abuso infantil que se debieron investigar, estableció este lunes la juez Mary Lou Villar de Longoria.

Para esta magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el condado de Los Ángeles esas “alertas rojas” fueron suficientes para que este lunes determinara una causa probable que llevará a juicio a cuatro ex empleados del DCFS acusados de negligencia en la muerte de Gabriel Fernández, el niño de 8 años de edad que fue torturado a muerte.

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Stefanie Rodríguez, de 31 años de edad, Patricia Clement, de 66, Kevin Bom, de 37, y Gregory Merritt, de 61, quienes estaban a cargo de investigar y supervisar las denuncias de abuso físico en contra de ‘Gabrielito’, tendrán que comparecer en la corte el próximo 3 de abril para la lectura de cargos.

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El niño Gabriel Fernández murió el 24 de mayo de 2013 al ser golpeado en su casa de Palmdale. La autopsia reveló que tenía fracturas en cráneo y varias, además de quemaduras en casi todo su cuerpo, producto de la tortura que habría padecido durante los últimos siete meses.

La mamá del niño, Pearl Fernández, de 33 años, y el padrastro, Isauro Aguirre, de 36, están a la espera de un juicio en el que enfrentan la pena de muerte al ser acusados de tortura y homicidio.

El desempeño de su trabajo


Pero la Fiscalía del Condado de Los Ángeles decidió el año pasado también presentar cargos criminales por negligencia en contra de los cuatro ex empleados del DCFS.

“Ellos decidieron ignorar muchas de las señalas de abuso y de peligro que había”, reclamó Emily Carranza, prima de 'Gabrielito', al finalizar la audiencia en la que se confirmó que los exempleados del DCFS serán enjuiciados por supuesta negligencia.

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Este proceso judicial en contra de trabajadores sociales acusados criminalmente debido al desempeño de su función es el primero que se registra en la historia de Los Ángeles.
Debido a las múltiples denuncias y considerando el historial de la madre del niño, quien recién había salido de un programa de rehabilitación de drogas y tenía reportes de violencia doméstica, Carranza consideró que era cuestión de sentido común haber puesto al niño de bajo resguardo.

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Los abogados de los supervisores del DCFS, Bom y Merrit, pidieron a la juez que desechara la acusación en contra de sus clientes o que redujera los cargos a delitos menores con el argumento de que ellos no pudieron haber anticipado una desgracia, ya que eran empleados de oficina y nunca tuvieron contacto con el niño.

Por su parte, la defensa de Rodríguez y Clement, quienes soltaron en llanto al escuchar el fallo, alegó que las trabajadoras sociales hicieron lo que se les requirió a pesar de la carga de trabajo que tenían, pero que no pudieron constatar que hubiera huellas de abuso para proceder a quitarle la custodia a la madre.

La fiscal a cargo del caso, Ana María López, reiteró en la corte que cada uno tuvo su responsabilidad y todos fallaron en su función de poner a salvo al niño al ignorar los procedimientos del DCFS.

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'Alertas rojas' por todos lados: Juez


Al dar a conocer su fallo sobre los trabajadores sociales, la juez Villar –quien es hermana del exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa– insistió que las “alertas rojas” estaban por todos lados.

Por ejemplo, dijo la juez, la madre del menor tenía antecedentes de comportamiento abusivo por cuatro denuncias no relacionadas con ‘Gabrielito’.

Además, indicó, había reportes de violencia doméstica, repetidas denuncias de lesiones o huellas de abuso en el cuerpo del niño que aparentemente no fueron examinadas o no lo sometieron a una evaluación médica.

En los 19 días en los que se escucharon testimonios, recalcó la juez Villar, se expuso que el abuso y maltrato físico contra el niño Gabriel escalaba ante una aparente inacción de los encargados de protegerlo.

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Casi 70,000 personas siguen una página de Facebook que pide justicia para ese niño que murió torturado en 2013 y donde Amanda Nevárez realiza en su tiempo libre sus reportes judiciales.

“Es un caso difícil”, dijo la juez, “pero hay evidencias más que suficientes para determinar causa probable del delito”.

En ese sentido, sería un jurado el que determine la culpabilidad de los acusados, quienes enfrentan hasta 10 años de cárcel.

"Chivos expiatorios"


La decisión de la juez de procesar judicialmente a Rodríguez, Clement, Bom y Merritt, representó un alivio para los familiares del niño Gabriel que estuvieron en el tribunal.

“Es una victoria para la familia”, dijo Olivia Rubio, prima de ‘Gabrielito’. “Es realmente triste revivir todo esto, pero la juez hizo un tremendo trabajo al destacar las ‘alertas rojas’, que para mi es simplemente confirmar que no hicieron su trabajo”.

Amanda Nevárez, quien a través de la página de Facebook Gabriel's Justice ha seguido los procesos judiciales por la muerte del niño, consideró que los argumentos de la juez fueron asombrosos.

El caso de la muerte Gabriel Fernández contado en imágenes.

“Este caso no tiene precedentes y no se trata del abuso de una madre, sino de empleados que son pagados por el gobierno y que están a cargo del bienestar y de proteger a los niños, pero que no lo están haciendo”, comentó Nevárez.

Al final de la audiencia en la corte, el abogado James Barnes, abogado de Merritt, denunció ante la prensa que tanto su cliente como los otros acusados son “chivos expiatorios”.

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“Definitivamente”, reclamó el abogado, “son chivos expiatorios por parte del DCFS y por la Fiscalía que intenta expandir el alcance del código penal para incluir conducta que nunca antes ha sido encausada por la ley criminal”.

Habla el padrastro de 'Gabrielito'


¿Por qué calló abuso de Gabriel Fernández? Univision
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