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A pesar de las duras condiciones impuestas por el Senado, millones de indocumentados esperaban comenzar a salir de la sombra este año. Pero la Reforma Migratoria hace agua en la Cámara y su suerte es más incierta que nunca.


No todos somos iguales

"Creo que no me merezco un permiso; merezco la residencia, con un camino directo a la ciudadanía". Así de enfático fue José Delgado Soto, un curtido campesino mexicano de 75 años, en una entrevista concedida a UnivisionNoticias.com con motivo de la discusión de la Reforma Migratoria en el Senado.

Delgado llegó a Estados Unidos en 1986, tratando de aprovechar la amnistía aprobada por el Congreso de Estados Unidos en tiempos de Ronald Reagan. No se pudo acoger a la reforma, y aún así se quedó. Dos años después decidió volver a México, pero la pobreza y la falta de futuro lo empujaron de nuevo a la frontera.

En esa época el cruce era más fácil. "No había tanta cosa en la frontera, no había barda", le dijo a UnivisionNoticias.com. "Hoy, todo se ha vuelto más complicado, y son muchos los que trafican con los sueños de la gente", confesó con una mezcla de rabia y de nostalgia. Por eso, nunca volvió a México. Ni siquiera cuando murieron sus padres.




Delgado es uno de los 11.4 millones de mexicanos, nacidos en México, que viven hoy en Estados Unidos, y que sumados a 22 millones más nacidos aquí, son el grupo más grande de la población de origen hispano de la Unión Americana, estimada en 52 millones de personas. Los mexicanos representan ya un 11% de la población de este país, de acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center.

Pero no todos los mexicanos que viven en Estados Unidos son "iguales". Delgado, que se ha jugado la piel en múltiples oficios, es uno de 6.5 millones de compatriotas que viven en la sombra, y que con 4.5 millones de inmigrantes de otros países cargan con un fardo insoportable: la falta de un permiso de residencia y de trabajo.

Desde hace más de 20 años, Delgado vive en Homestead, Florida, haciendo toda clase de labores en el campo, sin las prestaciones y los servicios que recibe un trabajador documentado. Sin Seguro Social, sin seguro de desempleo, sin una simple licencia para conducir. Pero pagando impuestos y cuidándose de no cometer ningún delito.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, 70% de los campesinos de este país son de origen mexicano, y la mayoría son indocumentados. Entre 200,000 y 700,000 de los 1.1 millones de trabajadores agrícolas que hay en Estados Unidos carecen de identificación migratoria, según dijo hace poco Tom Vilsack, secretario de Agricultura.

"La realidad es que muchos, y quizás la mayoría de los trabajadores del campo son indocumentados, y lo han sido por un considerable periodo de tiempo. Tenemos un sistema migratorio completamente roto. Sobre eso no creo que haya ninguna duda", dijo Vilsack durante una reunión del American Royal Center, a finales de junio en Kansas City.

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En busca de un sueño

"Cuando agarre mis papeles, quiero continuar mi escuela, mejorar mi español y ayudar a otros como a mi me han ayudado muchos". Ese es el sueño de Margarito Cruz Ramírez, un oaxaqueño de 25 años que llegó a Estados Unidos con su madre cuando tenía poco más de dos años, y que hoy hace parte del grupo de indocumentados conocidos como "dreamers".

Para él, los verdaderos soñadores son sus padres, y todas las personas de la generación de sus padres, que decidieron venir a este país en busca de un mejor futuro y de una mejor oportunidad para sus hijos. "Ellos son los originarios dreamers, los soñadores originales", le dijo a UnivisionNoticias.com.

Margarito no reniega, sin embargo, de la etiqueta de "dreamer" con la que se identifican hoy todos los jóvenes como él, que llegaron de niños a este país y al querer acceder al más preciado de los tesoros que sus padres vinieron a buscar, la educación, se encontraron con la barrera de su estatus legal. Al contrario, se ha convertido en un activista de su causa.

"Fue hace un año, cuando me enteré de un grupo de niños que marcharon de Florida hasta Washington DC para exigir al presidente (Barack Obama) que parara de deportar a estudiantes como yo que solo queríamos ir a la escuela y contribuir al país", dijo Margarito. "Ahí fue cuando me enteré de la palabra hope".




Desde comienzos del año 2001, tanto en la Cámara como en el Senado se ha tratado de sacar adelante un proyecto de ley que les dé una residencia provisional a estos jóvenes para que puedan estudiar, y les abra un camino a la ciudadanía si demuestran estar preparados para servir al país. Pero todos los intentos han fracasado.

En junio de 2012, el gobierno de Barack Obama creó, por vía administrativa, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que suspendió la deportación de los "dreamers" por dos años (prorrogables), les abrió las puertas de los colegios, las universidades y las Fuerzas Armadas, y los hizo elegibles para un permiso de trabajo.

Según el Centro de Políticas de Inmigración, una organización no partidista con sede en Washington, de los 4.4 millones de inmigrantes indocumentados con menos de 30 años que hay en el país (edad límite para acceder al programa de Acción Diferida), 1.3 millones serían elegibles.

Hasta finales de mayo de este año se habían inscrito en el programa 520,157 "dreamers", de los cuales solo 18,971 fueron rechazados. Si se tiene en cuenta que entre los elegibles hay unos 425,000 que no califican todavía por ser menores de 14 años, el programa ha dado muy buenos resultados.

Pero los "dreamers" quieren más. La gran mayoría están ya plenamente asimilados. "Yo me siento americano. Cuando pienso y cuando hablo es puro inglés, puro inglés. Yo he tratado una vez de pensar en español, en mixteco, pero eso no trabaja, y eso significa que soy americano", dijo Margarito.

Su ilusión es aportar más al país. Y lo haría si pudiera. Cerca de 85% de los "dreamers" son hispanos, y según el Pew Hispanic Center los hispanos graduados de High School están ingresando a la universidad en porcentajes mayores a los de los estudiantes blancos no hispanos (69% vs 67%).

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Promesas incumplidas

José y Margarito representan a dos grupos especiales de inmigrantes: los trabajadores agrícolas y los "dreamers". Sin los primeros, existe el consenso de que buena parte de la agricultura de Estados Unidos colapsaría. Los segundos llegaron a Estados Unidos siendo niños y hoy por hoy están plenamente asimilados.

Pero entre los dos grupos solo suman 2,5 millones de inmigrantes sin permiso de residencia en el país, y las últimas estimaciones hablan de 11.5 millones de indocumentados.

Después de la amnistía aprobada por el Congreso en el año 1986 -durante el segundo gobierno de Ronald Reagan–, que permitió legalizar a cerca de 2.5 millones de personas que vivían en Estados Unidos sin permiso de permanencia legal, los flujos de inmigrantes indocumentados se incrementaron considerablemente.

Según el Pew Hispanic Center, entre 1990 y el año 2000, la población indocumentada creció, en promedio, en 500,000 personas cada año. Y siguió creciendo en los primeros años del nuevo siglo, a pesar de las medidas de seguridad tomadas después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.

En diciembre de 2005, la retórica anti inmigrante de los grupos más conservadores se materializó en una ley aprobada por la Cámara (conocida como Ley Sensenbrenner, por el apellido de su inspirador), que penalizaba a los indocumentados y proponía la construcción de un muro de 700 millas en la frontera de México y Estados Unidos.

Durante todo el año 2006 el Senado debatió una serie de propuestas encaminadas a suavizar la Ley Sensenbrenner (incluyendo un proyecto de John McCain y Edward Kennedy, que contemplaba la legalización de millones de indocumentados). Pero ninguno de los proyectos logró la mayoría, y con ellos murió el primer intento de hacer una reforma migratoria seria desde 1986

El tema migratorio no desapareció, sin embargo, de la escena política. Según los opositores, los inmigrantes sin permiso de residencia no solo les estaban quitando las fuentes de empleo a los trabajadores americanos y presionando hacia abajo los salarios, sino que se habían convertido en una pesada carga para el Estado, por el uso de servicios, como la salud y la educación, financiados por los contribuyentes del país.

Ya era claro que el sistema migratorio estaba roto y que había que arreglarlo. Fue en ese contexto que el candidato demócrata a la presidencia en el año 2008, Barack Obama, hizo de la presentación al Congreso de una reforma migratoria integral durante su primer año de gobierno una de las promesas más importantes de su campaña.

El presidente Obama no cumplió su promesa y el descontento cundió, no solo entre los indocumentados, sino entre los inmigrantes en general, y en particular entre los hispanos que son el grupo étnico con mayor porcentaje de residentes sin permiso en el país, y que se han convertido en una minoría decisiva en la política nacional.




Solo una retórica subida de tono en contra de los inmigrantes por parte del partido republicano, y de su candidato Mitt Romney (que habló de autodeportación), salvó a Obama de un castigo electoral de los hispanos. Es más, el haber reiterado su promesa le permitió ganarse de nuevo su apoyo, que al final resultó fundamental para su reelección en el año 2012.

Los republicanos moderados entendieron entonces que seguir desafiando a la minoría más dinámica, en términos demográficos, sería un suicido hacia el futuro y, por primera vez desde la amnistía de 1986, se abrió la posibilidad real de una reforma bipartidista para tratar de arreglar el maltrecho sistema migratorio del país.

Fue en este contexto en el que surgió, a comienzos de este año, el proyecto promovido por cuatro senadores demócratas (Harry Reid, Richard Durbin, Charles Schumer y Roberto Menéndez) y cuatro republicanos (John McCain, Marco Rubio, Jeff Flake y Lindsey Graham), a los que se dio en llamar "la banda de los ocho".

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Un muro entre amigos

El proyecto de los ocho (que contaba con el aval del gobierno) tuvo un trámite rápido en el Senado. Sometido a discusión el 21 de junio, fue aprobado –con 68 votos a favor y 32 en contra–, el jueves 27 de junio. En la aprobación del proyecto, de origen bipartidista, fue fundamental el voto favorable de 14 senadores republicanos.

Dos temas dominaron la discusión en el Senado. El primero fue la seguridad en la frontera. La condición fijada inicialmente por los senadores proponentes era que antes de comenzar a legalizar a los indocumentados tenía que haber un plan, diseñado por el Departamento de Seguridad Interna, para asegurar la frontera en un 90%.

Eso significaba que las autoridades deberían estar en capacidad de capturar o devolver al 90% de las personas que intentaran cruzar la frontera ilegalmente, para lo cual proponían aumentar los recursos de las agencias de control fronterizo y reforzar el muro que separa a Estados Unidos de México en los sectores de "alto riesgo".

Los antecedentes en esta materia no eran los mejores. La Ley de Reforma y Control de la Inmigración del año 1986 (IRCA por sus siglas en inglés) contemplaba también un mayor control de la frontera y asignaba recursos para aumentar la vigilancia del lado americano. Sin embargo, el flujo de inmigrantes indocumentados nunca se detuvo.

Con ese antecedente, las propuestas de la "banda de los ocho" resultaron insuficientes para varios senadores republicanos, que exigieron mayores garantías de que la frontera estaría realmente segura antes de legalizar a cualquier indocumentado. Y después de un corto pero acalorado debate se llegó a un acuerdo bipartidista en ese tema: la llamada enmienda Hoeven-Corker.

Según esa enmienda, se destinarían cerca de 30,000 millones de dólares en una década para duplicar el número de agentes que vigilan la frontera (lo que significaría contratar 20,000 efectivos más), extender y reforzar el muro fronterizo (hasta completar las 700 millas previstas en el Secure Fence Act del año 2006) y comprar nuevos aviones espías para vigilar la frontera, entre otros puntos.




El otro punto álgido fue el denominado "camino hacia la ciudadanía". Los opositores a la reforma (dentro y fuera del Congreso) se niegan a aceptar que los indocumentados, que según ellos han violado la ley, puedan llegar a convertirse en ciudadanos con los mismos derechos de quienes nunca rompieron alguna regla.

"Como está escrito, este proyecto no será ley", dijo el senador republicano Ted Cruz, uno de los favoritos del Tea Party. "De todos los temas alrededor de este proyecto, el de la ciudadanía para los que están ilegalmente en el país es el que más divisiones genera", aseguró, adelantándose a lo que pudiera pasar en la Cámara.

El tema es tan delicado que aún para "los ocho" fue difícil incluirlo en su propuesta original. Según el senador Charles Schumer, su proyecto contemplaba "un camino real pero difícil hacia la ciudadanía, para asegurarnos de que las personas que está aquí ilegalmente sean responsables por lo que hicieron".

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Doblemente invisibles

La seguridad fronteriza y el camino hacia la ciudadanía no fueron los únicos obstáculos en el sendero de una reforma integral que salieron a relucir durante la discusión del Senado. Desde el punto de vista de los posibles beneficiarios hubo dos temas que surgieron como un posible dolor de cabeza: la identidad y los impuestos.

Lo primero que tendrían que demostrar las personas elegibles para cualquier tipo de reforma migratoria en Estados Unidos es que tienen una identidad. Muchos inmigrantes no solo son indocumentados aquí, sino en su país de origen. Y tendrían que comenzar por conseguir un acta válida de nacimiento.

Según la Senadora Mexicana Ivonne Álvarez (que lideró a un grupo de senadores del PRI en la presentación de una iniciativa para reformar la Constitución y garantizar el registro de todos los niños nacidos en México), en la actualidad hay más de siete millones de mexicanos sin acta de nacimiento. Y muchos están en Estados Unidos.

Citando cifras de la Fundación Derecho a la Identidad, la Senadora Álvarez estimó que de los 6.5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, alrededor del 30% (1.9 millones) no tienen acta de nacimiento. Y sin ella no podrían acogerse a los beneficios de una posible reforma migratoria en la Unión Americana.




El otro problema es el pago de impuestos. Para tener derecho a los beneficios de la reforma aprobada por el Senado (o a cualquiera que se apruebe, si se aprueba) los inmigrantes indocumentados tendrían que demostrar que han cumplido, de alguna manera, con las obligaciones fiscales relacionadas con los ingresos obtenidos en el país.

La ley exige que todos los trabajadores en Estados Unidos (independientemente de su estatus) reporten sus ingresos al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés). Como no tienen un número de Seguro Social, los indocumentados pueden llenar la planilla de impuestos con un Número de Identificación Tributaria (ITIN).

Aunque es muy criticado por algunos sectores, porque les permite a muchos indocumentados hacer uso de algunos créditos fiscales, el ITIN se ha convertido en el único "documento" con que cuentan muchas personas sin permiso de residencia en el país. Algunos bancos lo aceptan. Pero para tenerlo, hay que pagar impuestos, inclusive cuando se trabaja por cuenta propia y se reciben los pagos en efectivo (cosechando, arreglando jardines o limpiando apartamentos, por ejemplo).

Muchos indocumentados no conocen las normas, o les da temor llenar un formulario que pueda sacar a la luz su estatus migratorio, y nunca han sacado el ITIN. Según el Reporte Económico al Congreso del presidente George Bush en el año 2005 "poco más de la mitad de los indocumentados" pagan impuesto de renta. Y entre los que pagan, muchos presentan el formulario W-2 (comprobante de pago de cheque) con un número de seguro social falso.

Los que nunca han sacado un ITIN no existen desde el punto de vista fiscal. Los que usan un número de seguro social falso (o válido, pero de otra persona) podrían ser acusados, según el abogado Ezequiel Hernández, de "robo de identidad". De ser encontrados culpables no serían elegibles para los beneficios migratorios, porque la ley califica estos actos como "crímenes de torpeza moral", que no se pueden resolver en el ámbito migratorio. A no ser que los perdonen.

El documento "La ley de inmigración integral del Senado: diez preocupaciones" de la conservadora Fundación Heritage, dice que el proyecto aprobado por el Senado no les da al IRS ni al Departamento del Tesoro una guía de cómo calcular la deuda fiscal de quienes nunca han hecho la declaración de impuestos, y que probablemente tendrían que perdonarlos. Un trago difícil de pasar para los sectores más conservadores.

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Un camino escarpado

El proyecto aprobado por el Senado prendía velas a dios y al diablo. Abriría un camino a la ciudadanía, pero militarizaría la frontera y les haría la vida imposible a quienes, por cualquier motivo, no se pudieran llegar a legalizar. El camino a la ciudadanía, además, sería largo y costoso. "Perdonaría" el hecho de haber vivido en este país sin permiso, pero impondría una dura penitencia.

Por razones de interés nacional, los "dreamers" y los trabajadores agrícolas tendrían un tratamiento especial. Los primeros podrían alcanzar la ciudadanía en cinco años, y los segundos tendrían un estatus especial ("Tarjeta azul") que les permitiría obtener la residencia permanente en el mismo periodo de tiempo.

Los demás tendrían que esperar un mínimo de 13 años para nacionalizarse; pagar 5,000 dólares en promedio en aplicaciones, multas y trámites (sin contar gastos extras de abogados); demostrar que no tienen problemas con la ley; pagar cumplidamente los impuestos; comprar un seguro de salud; aprender inglés y hacer un curso de educación cívica.

A cambio podrían trabajar y obtener un permiso de viaje al extranjero. Eso sí, a pesar de tener que pagar impuestos mientras no sean residentes legales no tendrían derecho a beneficios pagados por el Estado como el Medicaid, las estampillas de alimentos y otros programas de apoyo a las familias de menores ingresos.

Siempre estaría pendiendo sobre ellos, además, la espada de Damocles de la seguridad fronteriza. Llegar a la cifra mágica del 90% (una medida que relaciona el número de capturas y rechazos con la cantidad de personas que pretenden cruzar, pero que no dice cómo van a medir a quienes tengan éxito en su intento y caigan de nuevo en la sombra) sería muy difícil.

Por eso, para desincentivar nuevos cruces y para asegurarse de que las personas que a pesar de todo quisieran seguir cruzando de forma ilegal no consiguieran un trabajo, el proyecto aprobado por el Senado haría obligatoria la aplicación, antes de otorgarle el estatus de residente al primer indocumentado, del programa E-Verify, que exige a los empleadores confirmar el estatus legal de todos sus empleados.

El E-Verify fue establecido en 1997 como un programa voluntario. Pero una evaluación hecha en 2009 mostró que solamente lo usaban el 3% de los empleadores del país. El Departamento de Seguridad Interna solicitó, entonces, un estudio para determinar el porqué del bajo uso y los resultados fueron sorprendentes: 63% de los empleadores no conocían el programa, y quienes lo conocían no lo usaban porque el beneficio de hacerlo era mucho menor a los costos en los que tendrían que incurrir para participar.

Además de caro y engorroso, para el Estado y para las empresas, el programa podría facilitar la discriminación en contra de los trabajadores de las minorías, y los errores en los sistemas de datos (algo así como la confusión entre Tuttle y Buttle en la famosa película futurista Brazil, de los años ochenta) podrían conducir al despido de empleados que sean ciudadanos o residentes legales.

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Un sueño a la deriva

Las limitaciones del proyecto aprobado por el Senado palidecerían, sin embargo, comparadas con las que podría introducir la Cámara. En ese cuerpo legislativo, donde los movimientos más conservadores han ejercido una gran influencia en los últimos años, la reforma no ha tenido nunca buen ambiente, y existen por lo menos tres razones para no ser optimistas en cuanto a su aprobación.

La primera es que la mayoría de los representantes a la Cámara tienen un historial negativo en materia de migración. Según cálculos realizados por Tom Wong, profesor de la Universidad de California en San Diego, menos de 200 de los 435 representantes a la Cámara estarían inclinados –por sus votos anteriores en proyectos relacionados con el tema de inmigración– a aprobar una reforma similar a la que se discutió en el Senado. Y se requieren por lo menos 218 votos para aprobar el proyecto.

La segunda es que, a diferencia del Senado, en la Cámara no existe un proyecto único. Un grupo de siete representantes (cuatro demócratas y tres republicanos) pasó varios meses trabajando en el texto de un anteproyecto que, según ellos, tendría su propia versión integral de la reforma. Pero muchos representantes tienen su propio proyecto y el "Grupo de los siete" podría no tener la misma receptividad que tuvieron "los ocho" del Senado.

Seis de "los siete" (los demócratas Luis Gutierrez, Javier Becerra y Zoe Lofgreen, y los republicanos Mario Diaz Balart, John Carter y Sam Johnson), representan distritos con alta concentración de hispanos (más del 20% de los votantes elegibles) y, según cifras manejadas por el Pew Hispanic Center, menos de la cuarta parte de los distritos electorales del país cumplían el año pasado con esa condición.

La mayoría de los miembros de la Cámara representan distritos hechos a la medida de su ideología y llevan varios periodos ejerciendo su cargo. El promedio de servicio de los representantes que forman el actual Congreso (el 113) era de 9.1 años en el momento de su elección, lo que representa 4.6 términos de servicio, según el Congressional Research Service. Y ninguno quiere arriesgar su curul en el 2014.

Por eso, el que la reforma tenga un alto nivel de aprobación (más de 70% de acuerdo con una encuesta realizada a mediados de junio por Public Policy Polling, una organización demócrata y Harper Polling, una institución republicana) no fue nunca una garantía de aprobación en la Cámara, al igual que ganar el voto popular, como lo hizo el presidente Obama en 2012, no le dio el control de las dos cámaras del Congreso.

La tercera razón para el pesimismo es que el liderazgo republicano en la Cámara no apoya la reforma como lo hizo el del Senado. John Boehner, presidente de la Cámara, advirtió desde un comienzo que solo sometería a discusión un proyecto que contara con el respaldo de la mayoría republicana en el recinto (118 de sus 234 representantes) y se negó de plano a discutir el proyecto del Senado.

Esto plantea varios escenarios, que van del sueño a la pesadilla.

Uno es que el "Grupo de los siete" presente su proyecto al terminar el receso del verano –con o sin ciudadanía–, y que después de un largo debate, en el que se le harían un sinnúmero de enmiendas, haya un texto para someter este mismo año a un Comité de Conferencia que trate de conciliar las diferencias entre Cámara y Senado. Allí existiría la posibilidad de rescatar algunas propuestas del Senado, incluida –en el mejor de los casos– la ciudadanía.

Otro es que haya una mayoría de republicanos que a pesar de no estar de acuerdo con una reforma integral decidan que de todas maneras es necesario hacer algo para que no se les culpe de matar el sueño de los 11.5 millones de indocumentados. En tal caso podrían optar por discutir una serie aislada de proyectos, dando prioridad a temas como la seguridad y prolongando el debate más allá del actual periodo legislativo.

En esa línea estaría el proyecto anunciado por Eric Cantor, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y por Bob Goodlatte, presidente del Comité Judicial, para abrirles un camino a la ciudadanía a los "dreamers", pero no a sus padres. Conocido como el Kids Act, el proyecto cuenta con el aval de John Bohener, para quien ahora favorecer a los "dreamers" se ha convertido en "un asunto de justicia básica", a pesar de que en el año 2010 votó en contra del Dream Act.

El temor de muchos analistas es que la estrategia de discutir la reforma a cuentagotas conduzca a una situación similar a la del año 2006 (cuando se cayó la reforma, pero se aprobó la construcción del muro), y al final solo se terminen aprobando (además de la ley sobre los "dreamers" y quizás sobre los trabajadores agrícolas), normas relacionadas con la seguridad fronteriza, la aplicación del E-Verify o la penalización de los indocumentados.

En ese caso, el gobierno no tendría más remedio que aplicar la ley, y millones de personas, como Benita Ayala, volverían a vivir a diario la pesadilla de ser deportados y tener que dejar atrás a sus familias, o de seguir viviendo en la sombra, sin un permiso, sin una residencia que les abra el camino a la ciudadanía, como, más que quererlo, lo exigía José Delgado.

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Texto: José Fernando López. Diseño: ARK INK. Videos: Univision Network, UnivisionNoticias.com (Jorge Cancino, Laura Prieto). Infografías: Pablo Gutiérrez, Data4. Programación: Edmundo Hidalgo. Gerencia de Proyecto: José Fernando López, Carolina Servigna, Junelly Rojas. Asistente: Helga Salinas. Gerencia de Producto: Alex Behrmann. Fotos: Getty Images.

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