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Texas ejecuta a Rubén Cárdenas: esta es la historia de la batalla para salvar de la pena capital a los mexicanos

Texas ejecuta a Rubén Cárdenas: esta es la historia de la batalla para salvar de la pena capital a los mexicanos

México se gasta cinco millones de dólares al año, en promedio, en un programa para evitar la ejecución de sus conciudadanos que viven en EEUU. Los estados no respetan los tratados internacionales y desde el año 2000 han sido ejecutados ocho y hay 58 más en el corredor de la muerte.

La ejecución de Rubén Cárdenas revive la batalla legal entre EEUU y México por la pena de muerte Univision

Como en ocasiones anteriores , la ejecución este miércoles del ciudadano mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en la cámara de la muerte de la Unidad Walls, en Huntsville, Texas, ha desatado una gran polémica, especialmente después de que le fueron negados recursos de último minuto para detener su pena capital por inyección letal.

Cárdenas había sido hallado culpable y sentenciado a pena de muerte por la violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, de 16 años de edad, en 1997. Según registros judiciales, durante un interrogatorio que duró horas, el acusado admitió que había entrado al cuarto de la adolescente a través de una ventana, la había secuestrado, violado, asesinado y luego había abandonado su cuerpo cerca de un canal.

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La defensa había argumentado que se violaron los derechos como extranjero de su cliente cuando este fue detenido sin ser notificado al consulado de su país. Por esta razón, lo privaron de recibir asistencia legal adecuada.

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Por ello, el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían pedido suspender la ejecución. A diferencia de otros años, el gobierno Federal no dijo nada. Y la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas votó 6-0 en contra de la suspensión.

Es un ritual que se repite cada vez que un ciudadano mexicano, de los más de 70 que han llegado al corredor de la muerte en Estados Unidos, de los cuales hay 58 todavía que esperan su ejecución, es llevado al cadalso (o a su equivalente moderno, que es la sala en la que se aplica la inyección letal). Y la historia se remonta a muchos años atrás.

La triste celebridad de un condenado a muerte

Carlos Avena Guillén tenía 19 años cuando fue detenido por la policía de Los Angeles, en 1981, como sospechoso de la muerte de dos personas, ocurrida días antes durante un intento de robo. Avena fue interrogado en inglés, a pesar de no dominar el idioma, y terminó por confesar el crimen.

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Después de un juicio plagado de irregularidades –con un defensor de oficio que hizo poco o nada por evitar su condena– Avena fue encontrado culpable de dos cargos de homicidio en primer grado, y fue sentenciado a la pena de muerte el 12 de febrero de 1982, casi un año después de haber sido arrestado.

Carlos Avena lleva 35 años en el corredor de la muerte, esperando su eje...
Carlos Avena lleva 35 años en el corredor de la muerte, esperando su ejecución.


Diez años más tarde, el 14 de febrero de 1992, el consulado de México en la ciudad de San Francisco recibió una carta del director de la prisión estatal de San Quintín, en la que decía que Carlos Avena estaba detenido en sus instalaciones y que los registros indicaban que tenía la nacionalidad mexicana. Era la primera vez que las autoridades de su país se enteraban del caso.

Hoy, 35 años después de su condena, Carlos Avena sigue en el llamado “corredor de la muerte”. Las apelaciones que ha presentado han sido rechazadas y lo más seguro es que todos los días se levante pensando que en cualquier momento puede recibir la postergada noticia de que al fin va a ser ejecutado.

Como todos los condenados a muerte, Avena vive en confinamiento solitario y su nombre se habría borrado para siempre de la memoria de sus conciudadanos de no ser por un hecho fortuito: era el primero en una lista de 54 mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos que las autoridades de su país llevaron ante la Corte Internacional de Justicia para demandar a su vecino del norte por no cumplir con las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

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El derecho a ser asistido por un cónsul

La Convención, aprobada en 1963 por representantes de 95 estados –incluidos México y Estados Unidos– establecía, entre otras cosas, que los ciudadanos de un país detenidos en otro debían ser informados de su derecho a recibir asistencia consular. Y que el consulado debería ser notificado con prontitud de la detención para poder prestar la asistencia legal requerida por los reos.

Para el año 2002 era claro que Estados Unidos, país que ratificó la Convención de Viena en 1969 y aceptó el protocolo que le daba a la Corte Internacional de Justicia poder para solucionar las controversias surgidas entre los estados firmantes, no estaba cumpliendo con esa obligación.

Además de Avena Guillén había 53 mexicanos más en el corredor de la muerte a quienes se les había negado la posibilidad de recibir asistencia consular. El 9 de enero de 2003 México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia.

El jurista mexicano Bernardo Sepúlveda Amor se ha convertido en uno de l...
El jurista mexicano Bernardo Sepúlveda Amor se ha convertido en uno de los mayores defensores del fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos.


La Corte (de la que hacía parte el juez mexicano Bernardo Sepúlveda Amor) aceptó los argumentos de México y exigió a Estados Unidos “revisar y reconsiderar” las sentencias impuestas a 51 de los 54 mexicanos incluidos en la lista (los otros tres fueron sacados de la lista porque no cumplían los requisitos exigidos por la Corte). El fallo y sus secuelas han pasado a conocerce como “el caso Avena”.

México defiende a su gente

No era la primera vez que el gobierno intervenía en defensa de los mexicanos radicados en Estados Unidos. Desde los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial provocó un gran aumento en la demanda de trabajadores agrícolas, que no siempre recibían el mejor de los tratos al norte de la frontera, la Secretaría de Relaciones Exteriores empezó a diseñar mecanismos de atención a sus conciudadanos, comenzando con un acuerdo consular con Estados Unidos, firmado en 1942.

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Entre 1942 y 1964 cerca de cinco millones de trabajadores mexicanos emigraron de forma legal a Estados Unidos en lo que algunos consideran una de las oleadas migratorias más importantes de la historia. En esa época estaba vigente el programa “Bracero”, y la mayoría de los conflictos eran de carácter laboral.

En 1964 se suspendió el programa y Estados Unidos cerró sus fronteras. Pero el número de mexicanos que cruzaban la frontera siguió creciendo. Entre 1965 y 1986 entraron a Estados Unidos otros cinco millones de mexicanos (más del 80% de manera ilegal) y permanecieron en este país como indocumentados.

Las condiciones de vida de los recién llegados no eran las mejores y el gobierno de México decidió intervenir con mayor vigor. En 1980, la Secretaría de Relaciones Exteriores creó una Dirección General de Protección, encargada de velar por los derechos de los mexicanos en el extranjero, y en particular en Estados Unidos.

La pena de muerte se vuelve popular

Después de 1986, año en el cual se aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés), que legalizó a más de dos millones de indocumentados, la emigración mexicana empezó a decrecer, pero el número de mexicanos en Estados Unidos pasaba ya de 10 millones.

Por esos mismos años, la aplicación de la pena de muerte empezó a resurgir de manera importante en Estados Unidos. Después de 10 años sin ejecuciones –por dudas sobre la constitucionalidad de la pena capital, refrendadas en 1972 por un fallo de la Corte Suprema– varios estados reformaron sus códigos penales y empezaron a ejecutar un creciente número de sentenciados a muerte.

Entre 1977 y 1992 fueron ejecutadas 188 personas en todo el país, ninguno de ellos de nacionalidad mexicana.


Entre 1977 y 1992 fueron ejecutadas 188 personas en todo el país, y aunque al menos 15 mexicanos pasaron a engrosar las filas del “corredor de la muerte”, ninguno de ellos fue ejecutado en ese lapso. Solo era cuestión de tiempo.

El primer mexicano ejecutado en 50 años

Ramón Montoya Facundo tenía 38 años cuando fue detenido por la policía de Dallas, Texas, 45 minutos después de un tiroteo en el que resultó muerto el oficial John R. Pasco, el 16 de enero de 1983, luego de que los vecinos de un conjunto de apartamentos alertaron sobre la presencia de un hombre armado en el vecindario.

Montoya alegó que estaba huyendo de Pasco para no ser arrestado por posesión de un arma –cargo por el que ya había estado en prisión y había sido deportado– , y dijo que se cayó durante la persecución y su arma se disparó. La policía dijo que Montoya le disparó al oficial en la cabeza cuando este trató de quitarle el arma.

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Al igual que Carlos Avena Guillén, a Montoya no le informaron sobre su derecho a tener asistencia consular. Y después de un rápido juicio, fue condenado a la pena capital el 5 de mayo de 1983.

Montoya acudió a todos los recursos disponibles, pero en ninguno tuvo éxito y fue ejecutado finalmente el 25 de marzo de 1993 en la prisión de alta seguridad de Huntsville, donde recibió una inyección letal. Fue el primer reo de origen mexicano ejecutado en más de 50 años.

Los mexicanos se pronuncian a favor de la vida

La muerte de Ramón Montoya Facundo fue recibida en México con gran indignación. El entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, se pronunció diciendo que “en México estamos a favor de la vida”. Y decenas de artículos de prensa calificaron la ejecución como bárbara y brutal, propia de pueblos salvajes e incivilizados.

En el libro Mexicanos al grito de muerte, el periodista y diplomático mexicano Ricardo Ampudia aseguró que la muerte de Montoya sacó a la luz pública “la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos fueran sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos”, lo que derivaría, según él, “en una creciente organización de la sociedad civil y las autoriades mexicanas para brindarles ayuda”.

La ejecución de Montoya, según el abogado estadounidense Michael Fleishman, fue un momento decisivo para el gobierno mexicano, que en su esfuerzo por defender los derechos de sus conciudadanos aumentó considerablemente sus acciones desde el punto de vista consular y de intervención judicial.

A trece mexicanos se les ha aplicado la pena capital en Estados Unidos....
A trece mexicanos se les ha aplicado la pena capital en Estados Unidos. Ocho desde que empezó el programa mexicano para tratar de evitarlo.


De poco sirvieron, sin embargo, los esfuerzos del gobierno para tratar de evitar la ejecución, en 1997, de otros dos mexicanos: Irineo Tristán Montoya y Benjamín Mario Murphy. En ambos casos se alegó la violación del derecho a la asistencia consular, contemplado en el artículo 36 de la Convención de Viena. Pero sus argumentos chocaron con la intransigencia de las autoridades del estado de Texas, comenzando por la de su gobernador, George W. Bush.

El caso que abrió esperanzas en México

Los oficios del gobierno sirvieron, en cambio, en un caso que se volvió emblemático: el de Ricardo Aldape Guerra. Originario de Monterrey, Nuevo León, Aldape fue condenado a la pena de muerte por el homicidio en primer grado de James Donald Harris, oficial de la policía de Texas, ocurrido en julio del mismo año.

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Aldape conducía un automóvil Buick, de color negro, que fue abordado por el oficial de policía después de que un transeunte se quejó de haber estado a punto de ser atropellado intencionalmente por el conductor del Buick. Aldape estaba acompañado por Roberto Carrasco Ángel, un trabajador indocumentado como él.

Al ser abordados por Harris los dos hombres bajaron del automóvil y se dirigieron hacia el oficial. Hubo testimonios encontrados sobre lo que ocurrió, pero lo cierto es que Harris terminó muerto. Y en la huída de Carrasco y Aldape un conductor de nombre José Armijo resultó baleado de muerte.

Una cacería de casi una hora condujo a la policía a la casa de Aldape. Al aproximarse al garaje, se desató un tiroteo en el que uno de los oficiales resultó herido y Carrasco fue alcanzado por una bala cuando trataba de huir y murió en el acto. Aldape, quien estaba escondido cerca de allí, fue arrestado pocos minutos después.

A pesar de fuertes indicios en el sentido de que fue Carrasco quien mató al oficial Harris, A ldape fue encontrado culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciado a la pena capital el 14 de octubre de 1982.

La abogada que cambió todos los juicios

Para su defensa Aldape contó con abogados de oficio nombrados por la Corte Estatal de Distrito que, a pesar de su buena voluntad, se vieron muy superados en recursos por la fiscalía estatal, a la que se acusó de manipular a varios testigos en el juicio. Los defensores presentaron, sin éxito, varios recursos de apelación, y la ejecución fue fijada para el 12 de mayo de 1992.

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Solo quedaba un recurso, el habeas corpus, que es una figura que permite al prisionero pedir una revisión de la legalidad de su detención. La presentación del habeas corpus fue hecha por el Centro de Recursos de Texas, que aceptó representar a Aldape luego de intentar reclutar, sin éxito, a un abogado de oficio.

El Centro de Recursos de Texas formaba parte de una red de centros de asistencia legal dedicados a ayudar a prisioneros del corredor de la muerte que no contaban con ningún recurso para su defensa. Y uno de sus miembros era la joven abogada Sandra Babcock, recién egresada de la Escuela de Leyes de Harvard.

La abogada Sandra Babcock fue quien introdujo los derechos consulares en...
La abogada Sandra Babcock fue quien introdujo los derechos consulares en la defensa de los condenados a muerte,


Babcock alcanzaría un gran renombre gracias a una de sus primeras asignaciones: la defensa de Joseph Stanley Faulder, un ciudadano canadiense que fue encontrado culpable de asesinato en 1975 y fue sentenciado a la pena de muerte.

En el proceso, Babcock hizo un descubrimiento que cambiaría dramáticamente la defensa de los extranjeros condenados a muerte en Estados Unidos: un funcionario canadiense le informó a Babcock de la existencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y le pidió mirar si era aplicable al caso Faulder.

En una de sus apelaciones Babcock argumentó la violación del artículo 36 de la Convención de Viena, porque el consulado de Canadá solo se enteró de la detención de Faulder en 1990, 15 años después de su condena a la pena capital. El caso despertó gran interés a nivel internacional.

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Hasta la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, intervino pidiendo parar la ejecución. Pero las autoridades de Texas adujeron que el estado no era el firmante de la Convención y ejecutaron a Faulder el 19 de junio de 1999.

Un efímero héroe nacional

En el caso Aldape la abogada Babcock no tenía mucho que hacer, dada la proximidad de la fecha fijada para la ejecución. Aldape necesitaba una gran ayuda y los recursos del Centro de Recursos de Texas eran insuficientes. Babcock le dijo al gobierno mexicano que solo un buen bufete de abogados podría ofrecer la defensa requerida.

El consulado de Houston movió entonces todos los recursos disponibles y, entre otras cosas, contactó a la firma de abogados Vincent & Elkins para ver si asumía pro bono (es decir, por el bien público y sin retribución monetaria) la defensa de Aldape. Así lo hizo y no solo logró el aplazamiento de la ejecución sino que durante cinco años dedicó sus esfuerzos (valorados en 2.5 millones de dólares) a la defensa del reo mexicano.

Los abogados alegaron múltiples violaciones al debido proceso que fueron aceptadas por la Corte Federal de Distrito y después por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. El tribunal arremetió contra la policía y los fiscales por manipular a los testigos y finalmente Aldape fue dejado en libertad el 16 de abril de 1997.

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El caso recibió gran atención en México y Aldape fue recibido como un héroe. Fue invitado, incluso, a representarse a sí mismo en una telenovela de TV Azteca llamada “Al Norte del Corazón”, que alcanzó gran popularidad porque los televidentes “querían conocer la vida de un hombre a quien los Estados Unidos le robaron 15 años de su vida”, según un estudio citado por Fleishman.

Paradojas de la vida, solo cinco meses después de su liberación Aldape murió en un accidente de tránsito. Pero su caso sirvió para que las autoridades mexicanas se convencieran de la importancia de brindar ayuda consular y jurídica a sus conciudadanos condenados a la pena capital en Estados Unidos.

Asistencia a los condenados a muerte

Rápidamente, sin embargo, el gobierno mexicano aprendió que no sería fácil obtener el mismo resultado en otros casos. Al tiempo que Aldape salvaba su vida otro mexicano luchaba por la suya mientras permanecía en el corredor de la muerte.

Miguel Ángel Flores tenía tan solo 20 años cuando fue acusado, en 1989, de asesinar a Ángela Tyson, una estudiante de la Universidad del Este de Nuevo Mexico que dedicaba el verano a trabajar en una tienda de videos en Texas.

Flores no fue informado de sus derechos consulares y el gobierno mexicano tuvo noticia de su detención después de haber sido condenado a la pena de muerte. En sus apelaciones la defensa alegó violación de la Convención de Viena sobre Relaciones consulares, pero la Corte de Apelaciones se acogió al fallo que había proferido en el caso Faulder y Flores fue ejecutado el 9 de noviembre del año 2000.

En el año 2000 el gobierno mexicano decidió dar un paso adelante en su política de protección de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y creó el “Programa de asistencia jurídica a los mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos”.


Dos meses antes, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, el gobierno mexicano decidió dar un paso adelante en su política de protección de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y creó el “Programa de asistencia jurídica a los mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos”.

Con un presupuesto inicial de 238,000 dólares, y bajo la dirección de la abogada Sandra Babcock, el programa buscaba asesorar a los abogados defensores de los reos de origen mexicano confinados en el corredor de la muerte con un equipo de abogados especializados en la pena capital y de expertos en mitigación.

Dado que muchos de los migrantes envueltos en la comisión de un delito capital (homicidio de primer grado) eran personas criadas en condiciones extremas, el papel del experto en mitigación, dedicado a la búsqueda de atenuantes en la conducta de los reos, se volvió crucial en los casos de pena de muerte.

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Cambio de gobierno pero no de política

En diciembre de 2000 tomó posesión en México el gobierno de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, que rompió una hegemonía política de más de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, PRI.

El nuevo gobierno, lejos de acabar con el programa creado por su antecesor, o de cambiar la dirección de su política de protección a los mexicanos en el extranjero, asumió como suya la tarea, convirtiéndola en una política de estado.

El 14 de agosto de 2002, desoyendo nuevamente el clamor internacional (la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, pidió suspender la ejecución y 13 países apoyaron oficialmente a México en su reclamo por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares), el estado de Texas decidió ejecutar a Javier Suárez Medina, otro reo de origen mexicano.

El presidente Fox suspendió entonces una visita al estado de Texas, en la que se encontraría con el el gobernador del estado, Rick Perry, y con el presidente de Estados Unidos, el exgobernador George Bush.

Jorge Castañeda, Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno d...
Jorge Castañeda, Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox, le dio un gran impulso al Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos.


La Cancillería cambió la naturaleza del programa creado por el gobierno anterior y lo extendió a todos los reos de origen mexicano en Estados Unidos que estaban en riesgo de ser condenados a la pena de muerte. A partir de entonces, el programa pasó a llamarse Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (en adelante MCLAP, por sus siglas en inglés).

Jorge Castañeda, el Canciller, reunió además un calificado equipo de profesionales que preparó la demanda contra Estados Unidos por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que derivaría en el caso Avena.

La Corte Suprema de EEUU vs la Corte Internacional

La Corte Internacional de Justicia emitió la condena contra Estados Unidos el 31 de marzo de 2004, conminándolo a revisar las sentencias emitidas contra los 51 reos mexicanos que estaban en el corredor de la muerte.

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El gobierno Federal, al menos de labios para afuera, aceptó la sentencia. En febrero de 2005, el presidente George W. Bush envió un memorando a su Fiscal General diciendo que para que Estados Unidos pudiera cumplir sus obligaciones internacionales las cortes estatales debían revisar las condenas de los mexicanos.

El memorando era bastante ambiguo, pero dio pie para que uno de los reos incluidos en la lista del Caso Avena, José Ernesto Medellín Rojas, basara en él una apelación de su caso que la Corte Suprema de Justicia había decidido analizar. Pero lo que hizo la Corte fue posponer cualquier decisión de fondo hasta que los tribunales de Texas se pronunciaran sobre el contenido del memorando.

Medellín fue condenado por el secuestro, violación y estrangulamiento de Elizabeth Peña, de 16 años. Peña y su amiga Jennifer Ertman fueron atacadas por Medellín y otros cinco miembros de una pandilla el 24 de junio de 1993 en Houston. Medellín confesó su crimen y fue condenado a muerte con otros dos miembros de la pandilla. Los tres restantes se salvaron de la pena capital por ser menores.

Los tribunales de Texas rechazaron todas las apelaciones de Medellín (incluidas las que fueron basadas en el memorando del presidente) y la fecha de ejecución fue fijada para mediados del año 2008. Medellín recurrió nuevamente a la Corte Suprema, que esta vez sí se pronunció de fondo.

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En un fallo presentado el 25 de marzo de 2008 la Corte dijo, en resumen, que los estados no tenían que acogerse al fallo de la Corte Internacional de Justicia porque el Congreso no había convertido en ley federal la Convención de Viena, y en ese caso la ley local estaba por encima del llamado fallo Avena.

Una nueva derrota para México

El gobierno mexicano no perdió las esperanzas y en junio de 2008 le pidió a la Corte Internacional de Justicia una interpretación del fallo del 2004 sobre las obligaciones en torno al cumplimiento de sus sentencias y le pidió que dictara medidas provisionales para evitar la ejecución de Medellín y de otros reos mexicanos.

El 16 de julio la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos suspender las ejecuciones. Pero de nuevo aró en el viento, no solo porque el estado de Texas se sentía cobijado por la decisión de la Corte Suprema, sino porque Estados Unidos había renuciado al protocolo que le daba poder a la Corte Internacional de Justicia para resolver las controversias entre los países firmantes de la Convención de Viena.

Medellín, que tenía 18 años de edad cuando cometió su crimen, fue ejecutado el 5 de agosto de 2008, después de permanecer 15 años en el corredor de la muerte. Con él llegaban a siete los mexicanos ejecutados desde la restauración de la pena capital en Estados Unidos en el año 1976.

El abogado Greg Kuykendall dirige el Programa  de Asistencia Jurídica a...
El abogado Greg Kuykendall dirige el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos, MCLAP.


La repercusión internacional del caso Medellín reforzó la decisión del gobierno de buscar la protección de los derechos de los mexicanos residentes en Estados Unidos. Sandra Babcock había renunciado al MCLAP en el año 2006, pero dejó en su lugar a Greg Kuykendall, quien había sido su mano derecha durante varios años.

Kuykendall fortaleció el programa y logró un aumento importante en el presupuesto para su funcionamiento. De los 238,000 dólares iniciales, el programa había pasado a costar 3,5 millones de dólares al año en 2008, y contaba con una red de más de 20 abogados y especialistas en mitigación prestando asesoría en los casos de pena capital contra reos mexicanos.

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El proyecto de ley de Patrick Leahy

Parte del aumento en el presupuesto del programa se debió a que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos abrió un nuevo “campo de batalla” para el gobierno mexicano: buscar la aprobación de una ley federal para reglamentar el contenido de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, con el fin de obligar a estados como Texas a cumplir con el fallo Avena.

El MCLAP contrató a dos importantes firmas de lobby –Raben Group y Brownstein, Hyatt, Farber, Schreck– que han promovido y apoyado todos los esfuerzos dirigidos a lograr una legislación que permita proteger los derechos consulares de los extranjeros detenidos en Estados Unidos. Sin muchos resultados, hasta ahora.

El 14 de junio de 2011 el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy introdujo el proyecto de ley S.1194 “para facilitar el cumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”, y el 27 de julio del mismo año se realizó una audiencia en el Senado para examinar la viabilidad de la ley.

El senador Leahy no logró, sin embargo, conseguir el apoyo necesario para someter la ley a votación y desde entonces el proyecto duerme el sueño de los justos en los anaqueles del Senado.

La lista sigue siendo larga

“Cada tantos años, Texas comienza el proceso para ejecutar a un mexicano condenado en el corredor de la muerte. Acto seguido, el gobierno mexicano y el departamento de Estado objetan la decisión. Entonces Texas encoge los hombros y sigue adelante”. Así reseñó la revista Foreign Policy la muerte por inyección letal de Édgar Arias Tamayo, el 22 de enero de 2014.

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Tamayo hacía parte de la lista de reos mexicanos incluidos en el caso Avena. Los mismo que Humberto Leal García, ejecutado el 7 de julio de 2011, y Ramiro Hernández Llanas, ejecutado el 9 de abril de 2014. Con Medellín, son cuatro los de la lista que han sido ejecutados. Todos en Texas. Y todavía quedan siete más esperando que comience el proceso para su ejecución en ese estado.

No es Texas, sin embargo, sino California, el estado con más presos mexicanos en el corredor de la muerte. De la lista del caso Avena hay 25 (y a ellos se han sumado 14 más en los últimos años). California está en una moratoria de ejecuciones. En noviembre de 2016 los votantes se pronunciaron sobre la pena de muerte y rechazaron una propuesta que pedía su abolición. Una proposición en sentido contrario, que pedía acelerar los procesos de apelación, fue aprobada por una ligera minoría, pero fue demanda y está todavía en las cortes.

De los 51 mexicanos sobre los que falló la Corte Internacional de Justicia a 12 se les ha conmutado la condena (casi siempre por cadena perpetua) por distintas razones: no eran adultos al momento de cometer el crimen, se les comprobó discapacidad mental o tuvieron la suerte de que la pena de muerte fuera abolida en el estado donde estaban detenidos. Solo en dos casos, en el estado de Oklahoma, se mencionó el fallo Avena como razón para la conmutación de la pena.

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Críticas y resultados del MCLAP

Si los resultados del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital (MCLAP) se midieran por el número de mexicanos que ha logrado sacar del corredor de la muerte –que fue su objetivo original– la evaluación no sería muy positiva. Pero si se juzga por el número de mexicanos que han estado a las puertas del mismo y no han entrado los beneficios del programa parecen innegables.

Según un comunicado expedido por la Cancillería mexicana el pasado 7 de noviembre, de los 1,150 casos de mexicanos envueltos en procesos que podrían haber terminado en la pena capital que han sido manejados por el programa, 1,014 fueron liberados de la sentencia de muerte en prisiones estadounidenses, lo que significa que en 88% de los casos se ha logrado revertir el fallo. Y cuando el MCLAP ha podido manejar el caso desde sus inicios la cifra de éxito sube a 98%.

Algunos medios mexicanos han criticado el programa diciendo que no se justifica una inversión tan grande para defender los derechos de personas que han enlodado el nombre del país y alimentado la xenofobia al norte de la frontera. Desde su fundación, los recursos comprometidos en el MCLAP superan los 60 millones de dólares. Y el director tiene unos ingresos anuales superiores a los 500,000 dólares.

Según el gobierno mexicano, a toda persona (aún a los peores criminales) se le deben respetar sus derechos, y es obligación del gobierno de un país velar por sus connacionales, independientemente de dónde se encuentren.


Los gestores del programa se defienden diciendo que a toda persona (aún a los peores criminales) se le deben respetar sus derechos, y que es obligación del gobierno de un país velar por sus connacionales, independientemente de dónde se encuentren. En México no solo se trata de una tradición sino de un mandato legal. Y en cuanto a los costos del director, dicen que ningún abogado a la cabeza de un bufete especializado, con una dedicación igual a la de Kyukendall, gana menos de eso en Estados Unidos.

¿Una espina en el corazón?

Siguiendo con esa tradición y ese mandato, el gobierno de Enrique Peña Nieto –que marcó el retorno del PRI al poder después de 12 años– no solo mantuvo sino que aumentó los recursos del programa, y de un esquema de contratos anuales con el despacho del abogado Kuykendal –que opera en Tucson, Arizona– pasó a un contrato multianual. En 2014 se firmó un contrato que iba de mayo de ese año a mayo de 2017. Y una vez terminado éste, se renovó de nuevo por tres años, hasta 2020. El costo del programa supera ahora los cinco millones de dólares anuales.

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El MCLAP funciona con una amplia red de profesionales que trabajan de la mano de los 50 consulados mexicanos que hay en Estados Unidos, y maneja de manera simultánea más de un centenar de casos. En este momento hay 58 mexicanos en el corredor de la muerte (34 del caso Avena y 24 que han sido condenados con posterioridad). Y al terminar el año 2016 había 64 mexicanos que enfrentaban procesos penales que pudieran derivar en la imposición de la pena capital.

Uno de los argumentos que esgrimen los enemigos de la pena de muerte –además de los principios ideológicos y morales– es el alto costo de los procesos relacionados con la pena capital. Diversos estudios hechos en Estados Unidos muestran que el costo final de cada caso puede superar los dos millones de dólares. Esas cifras dan una idea de la magnitud de la tarea del MCLAP.

Aunque no faltan quiénes ven en la lucha por defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos –incluidos los criminales– una respuesta a los múltiples atropellos históricos sufridos por México en su relación con el país del norte. Y, para ellos, sacarse una espina clavada en el corazón no tiene precio.

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