PHOENIX - Pese a las demandas judiciales y las restricciones impuestas
por el gobierno federal de Washington, el Alguacil del Condado
Maricopa, Joe Arpaio, aseguró que sigue arrestando a inmigrantes
indocumentados en su jurisdicción.
Conocido como el "alguacil más duro del Oeste", Arpaio dijo no tener ninguna duda en estar haciendo lo correcto al detener a indocumentados y negó rotundamente las acusaciones de prácticas de perfil racial durante un programa de televisión en Phoenix, en el que contestó preguntas hechas directamente por el público.
El pasado 5 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) no renovó la cláusula bajo el programa 287(g) que permitía a los
agentes de la oficina de Arpaio cuestionar a personas sobre su estatus
migratorio durante sus operativos anticrimen en las calles del condado.
"Nada ha cambiado y nada cambiará", sostuvo Arpaio, quien adelantó que prepara un nuevo operativo en las próximas semanas.
"Nosotros
seguiremos arrestando personas que violen la ley, aquellos que no
cuentan con una identificación y que utilizan documentos falsos para
trabajar", enfatizó el policía.
Arpaio manifestó que los
arrestos se hacen bajo las leyes estatales de Arizona (en particular la
denominada ley anticoyote), las cueles le permiten detener a
indocumentados que acepten haber pagado a traficantes para ser traídos
de manera ilegal a los Estados Unidos y bajo la ley estatal de
sanciones a empleadores.
"Continuaremos arrestando personas con identificaciones falsas y seguiremos haciendo redadas en sitios de trabajo", advirtió.
Explicó
que los indocumentados arrestados durante sus operativos han sido
entregados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para su
procesamiento y deportación.
A
comienzos de octubre y en un giro esperado por la comunidad inmigrante
del Condado de Maricopa, el DHS retiró a Arpaio el poder de arrestar en
las calles a personas solamente por su estatus migratorio.
En
respuesta, el alguacil dijo el mismo día que "continuará" realizando
sus controvertidos operativos anticrimen en las calles de Maricopa,
donde se asienta la capital estatal, Phoenix.
"Solamente se trata de política", indicó.
Tras
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno
federal activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración que faculta a
los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a lograr acuerdos
con las agencias de policías locales -estatales y municipales- para
ayudar en poner freno a la inmigración ilegal.
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