MIAMI, Florida - Cualquier residente legal que haya cometido un delito criminal, a partir del 18
de enero debe pensarlo dos veces antes de salir del país, a menos que haya "limpiado" sus antecedentes con la asesoría
de un abogado. Si no lo hace de esta forma, se expone a ser detenido
y deportado al momento que quiera reingresar a Estados Unidos.
Así lo contempla la extensión de una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que puso en alerta a miles de inmigrantes que cometieron felonía, fueron sentenciados y después de cumplir sus condenas rehicieron sus vidas, incluyendo la salida y entrada a territorio estadounidense.
El plan no es nuevo: En agosto de 2006 el DHS anunció que haría
cambios en el programa de seguridad ideado tras los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001 y que tiene como objetivo fichar a
extranjeros que entran legalmente al país.
Sin embargo, el DHS
advirtió que el mismo sería ampliado y que afectaría a todos los
residentes legales que portan una tarjeta Verde (o Green Card) y que
forma parte del US Visitor and Status Indication Technology (US-VISIT).
El
programa exige la toma de huellas digitales y una foto cuando entren
por uno de los 284 puertos de entrada aéreo, marítimo o terrestre a
Estados Unidos.
¿A quiénes afecta?
"Todos los residentes, asilados, refugiados y personas con 'parole'
que entren al país tendrán que hacer el registro ante los agentes del
servicio de inmigración", dijo el abogado Jorge Rivera, uno de los
coordinadores del Chat de Inmigración de Univision.com, donde usuarios
han expuesto algunos casos criminales, han pagado sus penas y luego han
viajado y regresado al país.
Rivera agregó que de acuerdo con la
versión oficial, "la razón de este nuevo requisito es mejorar la
seguridad nacional, porque de esta manera pueden verificar que la
tarjeta de residente le pertenece a la persona que la está presentando
en el momento de ingresar al país".
Los datos obtenidos por el
US-VISIT son almacenados en una gigantesca base de datos que comparten
varias agencias, entre ellas el servicio de inmigración (USCIS), la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de
Inteligencia (CIA), las agencias de policía locales (estatales y
municipales) y el National Crime Information Center (NCIC).
El
sistema fue habilitado por primera vez en diciembre de 2003 y a partir
de abril de 2004 comenzó a funcionar en cada uno de los 115 aeropuertos
y en todos los puertos marítimos, con un presupuesto inicial de $380
millones de dólares, pero sólo afectaba a extranjeros que ingresaban legalmente a
Estados Unidos.
Tiempo después, la GAO, brazo fiscalizador del gobierno, advirtió que el costo del programa superaría con creces las primeras estimaciones.
¿Qué opina de la decisión del gobierno federal de averiguar los antecedentes criminales de los residentes legales que ingresan al país? Comente aquí.
* Esta información tiene el único fin de educar e informar. No tome acción alguna o deje de tomarla sobre la base de este contenido. No le recomendamos abstenerse de pedir consejo a un abogado. Por favor revise las Declaraciones Generales del Portal de Univision
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