Esto deja medio siglo de guerra en Colombia

El acuerdo de paz que el Gobierno firmará con las FARC enfrenta un enorme reto: garantizar justicia, lograr la reconciliación del país y desmovilizar a los guerrilleros sin dejar una sensación de impunidad. Las víctimas del conflicto armado reconocen que los responsables de los peores crímenes quizá no serán castigados.

Pastora Mira García nació hace 60 años en San Carlos, un pueblo en las montañas del Sureste de Antioquia, Colombia. Casi toda su vida ha conocido la guerra.

Su padre fue asesinado cuando ella tenía seis años. En 1974 le mataron a su primer esposo y a finales de los 90 huyó de la violencia con su familia a Medellín. Regresó a casa y en 2002 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –uno de los grupos paramilitares más sangrientos del conflicto armado– secuestraron y mataron a su hija Sandra, cuyos restos encontró seis años después. En 2005 le mataron a Jorge Aníbal, su hijo menor. Un sobrino también fue asesinado y su hermano Antonio está desaparecido desde febrero de 2002.

Hoy ella es concejal y una conocida líder de las víctimas del conflicto armado en San Carlos, donde dirige el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, un espacio de encuentro entre los guerrilleros desmovilizados y la comunidad.

Pastora cree que la paz que Colombia está a punto de lograr es “imperfecta” y costará consolidarla, pero apoya el acuerdo que pondrá fin a la guerra. Ella respaldaba la negociación inicial y apoya el nuevo plan que hoy 24 de noviembre firmarán el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochencko".

“No le puedo decir que el acuerdo es perfecto. Eso no lo vamos a lograr. Pero alcanzar a que se nombre lo innombrable es una puerta de entrada, es muy valioso. La paz costará, es un camino largo y tortuoso, pero no se compara con el monstruo de la guerra”, dijo Pastora a Univision Noticias.

“Nunca estuvimos tan cerca. No quiero que los años pasen y nuestros niños nos recriminen por la cobardía de no haberles dado la oportunidad de vivir en paz”.

Al igual que Pastora, muchos otros colombianos, víctimas todos al fin y al cabo, aceptan que el convenio de paz al que llegaron el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba, tras cuatro años de diálogo, es la mejor oportunidad que ha tenido el país para acabar con el conflicto armado que le desangró en las últimas cinco décadas.

El lunes 26 de septiembre de 2016, el presidente Santos y Timochenko firmaron la paz en Cartagena de Indias, pero los colombianos rechazaron esa negociación en un plebiscito el 2 de octubre, pese a que distintas encuestas apuntaban a que el país lo aprobaría.

Durante poco más de un mes se discutió y reescribió un nuevo pacto, incluyendo los puntos de vista de los sectores que se opusieron al documento inicial, principalmente el partido Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe. Ahora será el Gongreso colombiano el que debe aprobar este nuevo plan.

“Para un país que durante décadas ensayó tantas veces una negociación de paz y nunca llegó a nada, este es un evento histórico”, dijo a Univision Noticias Gonzalo Sánchez Gómez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad pública creada en 2011 que busca el reconocimiento y la reparación de las víctimas.

Pero hay un sector –políticos y víctimas– que lo objeta por considerar que ofrece voz política e impunidad a guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad.

El plan de paz permite a las FARC presentarse a elecciones para el Congreso en 2018, aunque desde ya tienen aseguradas un mínimo de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

“El acuerdo es inequitativo y pone por encima a los victimarios. Salen fortalecidos y las víctimas no hemos visto nada positivo. Así como está planteado, nadie irá a la cárcel. Es increíble”, manifestó a Univision la senadora liberal Sofía Gaviria, quien hasta el 17 de noviembre presidió la Comisión de Derechos Humanos del congreso colombiano .

Gaviria representa a la Federación de Víctimas de las FARC, una de las organizaciones más grandes de afectados por la guerra en el país. Su hermano Guillermo, exgobernador de Antioquia, fue secuestrado y asesinado por la guerrilla en 2003.

Los militares retirados también han manifestado su oposición de lo que negoció el Gobierno: "Las FARC resultaron supremamente favorecidas. Se aplican penas restaurativas y los integrantes de las bases van a asumir una responsabilidad penal mínima. El Gobierno cedió mucho más que las FARC en este proceso de negociación, asumió una actitud muy generosa, una posición débil que la guerrilla aprovechó de inmediato", dijo a este medio el general retirado Jaime Ruiz Barrera, actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro (Acore).

Un joven recluta de las FARC escuchó una clase sobre el proceso de paz en un campamento guerrillero, en febrero de 2016. Los rebeldes ahora reciben charlas sobre como podría ser su vida cuando dejen las armas.
Luis Acosta /AFP/Getty Images

¿Ofrece justicia a las víctimas el acuerdo de paz?

En más de cinco décadas de violencia, el conflicto armado en Colombia –cuyo cese al fuego definitivo entró en vigencia el 29 de agosto- dejó más de 8 millones de víctimas, entre ellas 280,619 muertos, 29,644 secuestrados y 7.4 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar su hogares, según los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) que analizó Univision.

Una quinta parte de todos los desplazados salieron de Antioquia, el departamento donde el conflicto dejó más víctimas, quizás porque allí estuvieron en un momento u otro todos los participantes, desde los cárteles de las drogas hasta los paramilitares y la guerrilla.

En junio de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que Colombia es el país con más desplazados internos del mundo con un registro de 6,9 millones. Otros 3,9 millones de colombianos buscaron refugio o asilo en el extranjero entre 1951 y 2014.

Solo entre 1988 y 2012, esa nación suramericana sufrió casi un centenar de atentados terroristas perpetrados por distintos grupos armados, principalmente las FARC, que dejaron 223 muertos y más de 1,000 heridos.

El registro de víctimas contabiliza casi 10,000 casos de tortura y 9,000 niños que fueron reclutados por los grupos guerrilleros o se vincularon de alguna manera a la lucha armada. También quedan las 16,463 personas que sufrieron delitos sexuales, de las cuales el 93% son mujeres.

El Gobierno cree que cuando las FARC comiencen a desmovilizarse aumentará el número de denuncias de delitos sexuales y menores de edad utilizados por la guerrilla. Está pendiente determinar con claridad las cifras de colombianos que huyeron al exterior a causa del conflicto, explicó Paula Gaviria, consejera del presidente Santos para los Derechos Humanos y quien hasta abril de 2016 dirigió la Unidad de Víctimas.

La guerrilla y los paramilitares no fueron los únicos que cometieron atrocidades. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 170 masacres ejecutadas por el Ejército o la Policía colombiana entre 1980 y 2012, con un saldo de 968 muertos.

El plan de paz para finalizar este horror establece cinco puntos básicos para reconocer los crímenes que se cometieron en todos los bandos e identificar a sus autores y reparar a las víctimas.

Entre ellos está la creación de una comisión que buscará la verdad de lo que ocurrió durante la guerra, para explicarla y revelar los detalles de los crímenes que se cometieron. También establece una unidad para buscar a las personas desaparecidas y una Jurisdicción Especial para la Paz, que tratará de llevar a la justicia a quienes cometieron los peores crímenes y las violaciones más graves a los derechos humanos.

El documento además contempla acciones para limpiar los territorios de minas antipersona, distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos y formalizar los títulos de propiedad de otras 7 millones de hectáreas en las zonas rurales.

Pero los planes en el papel podrían ser insuficientes para reparar todo el daño que sufrieron miles de personas y castigar a los responsables de tantos crímenes, opinan diversos actores políticos y de la sociedad civil colombiana.

“Dadas las dimensiones enormes que tiene este conflicto, atender uno a uno los casos en el plano judicial es una tarea casi imposible”, explicó Gonzalo Sánchez.

“Siendo que el sistema judicial va a tener limitaciones estructurales para cumplir, los otros componentes del acuerdo en materia de verdad y reconocimiento jugarán un papel importante, no como mecanismo de provisión de sentencias sino como lugar de reconocimiento genérico de las víctimas”, agregó Sánchez.

La impunidad para los autores de los peores crímenes es uno de los principales argumentos de los grupos opuestos al plan de paz, especialmente el Uribismo, cuya cara más visible es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel es uno de los más férreos opositores al pacto de paz, al que califica como “un acuerdo de impunidad”.

“Los peores criminales de las FARC no pagarán ni un solo día de cárcel. Más bien se les va a premiar con curules gratis en el Congreso de la República. Eso es inmoral y antiético”, dijo el senador en entrevista con Univision Noticias.

“Los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por los miembros de las FARC no van a tener las penas adecuadas. Basta con que reconozcan que los cometieron para que no vayan a prisión”, agregó.

El arreglo al que llegó el gobierno de Juan Manuel Santos impide que los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra graves sean objeto de amnistía o indulto. Sin embargo, establece que los guerrilleros que cooperen con el sistema judicial y reconozcan su responsabilidad en los delitos más graves solo recibirán restricciones de libertades y derechos por un máximo de 8 años, en condiciones que “en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión”.

Los sancionados también deben cumplir con trabajos de reparación como el desminado y la búsqueda de desaparecidos.

Aquellos que no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel.

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, solo entre 1988 y 2012 las FARC fueron responsables de la muerte de 1,133 civiles en acciones bélicas y estuvo involucrada en el homicidio de otras 900 personas durante los combates con otros grupos armados, incluidos el ejército, la policía y los paramilitares.

En diciembre del 2015, la organización Human Rights Watch acusó a Colombia de permitir que los autores de “atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino” y aseguró que la negociación entre el Gobierno y los rebeldes ofrece “promesas vacías”.

El propio presidente de Colombia reconoce que los principales miembros de la guerrilla no recibirán las penas máximas de cárcel que exigen muchos colombianos.

“Buscamos el máximo de justicia que nos permita la paz, y eso es lo que logramos, llegamos a ese equilibrio (…) ¿Que va a dejar gente descontenta? Por supuesto. O hay justicia perfecta o hay paz. ¿Que no se va a sancionar a los máximos responsables con 60 años de cárcel? Sí, eso es cierto, pero habrá sanción y aplicación de justicia y no habrá impunidad. Todo es aceptado por la comunidad internacional”, dijo Juan Manuel Santos el 15 de septiembre, frente a un grupo de empresarios en Bogotá.

En 2015, la Fiscalía General de Colombia informó de que investigaba unos 38,000 hechos violentos ocurridos durante la guerra y estimó que la amnistía que establece el acuerdo para los delitos políticos o por rebelión podría beneficiar a unos 16,000 miembros de las FARC.

"Mucha gente pide que se debe juzgar todos los crímenes. Eso es ideal en condiciones ordinarias, pero en Colombia eso es imposible por la magnitud de lo que ocurrió. No es realista pensar que la justicia está en capacidad de investigar y juzgar cada uno de los hechos. Además, este es un proceso de paz, no uno de sometimiento de una parte a otra. Es un proceso que busca convivencia y reconciliación", opina la consejera de la Presidencia, Paula Gaviria.

A inicios de septiembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda dijo que el acuerdo de paz con las FARC cumplía con los tratados internacionales que ha firmado el país y destacó que este no incluya una amnistía para los responsables de los peores crímenes.

Recuerdo de los paramilitares

Esta no es la primera negociación del Gobierno colombiano para eliminar grupos armados. En 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe implementó la Ley de Justicia y Paz para lograr la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas, que terminaron entregando sus armas tres años más tarde.

La de Uribe fue una Ley criticada, inicialmente ofrecía penas alternativas que hubiesen salvado de prisión a los principales dirigentes y a los responsables de las peores masacres que cometió ese grupo armado en una década de actividad.

En 2006 dicha ley fue fortalecida por la Corte Constitucional de Colombia, pero muchos siguen considerándola generosa con los desmovilizados al establecer penas de prisión cortas, de 5 a 8 años por delitos graves a cambio de una confesión.

Además, la verdad de lo que pasó dependía casi exclusivamente de la versión de los desmovilizados, con poca participación de sus víctimas.

Ese proceso de confesión se interrumpió en 2008, cuando Álvaro Uribe autorizó la extradición de 14 líderes paramilitares a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico. La inesperada decisión presidencial se produjo luego de que las declaraciones de los jefes paramilitares implicaron a varios senadores, aliados políticos, funcionarios de Gobierno y hasta familiares del propio Uribe.

Ahora, los críticos del compromiso al que llegó Juan Manuel Santos con las FARC opinan que este es más benevolente con los guerrilleros que el trato con los paramilitares, pues les permitirá librarse de prisión con solo confesar sus crímenes.

“Los paramilitares cometieron las mismas atrocidades que las FARC y algunos estuvieron 5, 8 y 10 años en la cárcel, otros fueron extraditados. Lo mínimo sería tener lo mismo para los perpetradores de las FARC”, dijo la senadora Gaviria.

Pero contrario a la Ley de Justicia y Paz en la administración de Uribe, el acuerdo del gobierno de Santos con la guerrilla no deja toda la carga de la verdad en los guerrilleros. En este caso, una comisión será la encargada de establecer lo que verdaderamente ocurrió, con una activa participación de las víctimas.

Otra diferencia notable en el convenio con las FARC es que permite al Tribunal de la Paz investigar los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas estatales, algo que no ocurría con plan de desmovilización de los paramilitares. Eso sí, esto servirá para que soldados y policías se salven de ir a prisión si optan por confesar sus crímenes.

“El acuerdo no es perfecto, no es el mundo ideal. Pero más imperfecta es la jurisdicción ordinaria, en Colombia hay un 98% de impunidad. Este tribunal va a permitir subsanar ese problema. Todo responsable de crímenes de lesa humanidad tendrá que comparecer ante este tribunal, los que no se presenten pueden ir hasta 20 años a la cárcel”, dijo a Univision el senador Iván Cepeda Castro, uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y defensor del arreglo con los guerrilleros.

Guerrilleros de las FARC bailan durante un evento cultural en un campamento en los Llanos del Yari, Caquetá, el 21 de setiembre de 2016. El viernes 23 los rebeldes aprobaron por unanimidad el acuerdo de paz con el Gobierno. Luis Acosta /AFP/Getty Images

Otro problema que le señalan al convenio son las pocas exigencias que le hace a las FARC por su participación en el tráfico de drogas. El único compromiso significativo que asumió la guerrilla en el acuerdo inicial fue el de “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”, según se lee en la página 91 del plan de paz. El documento no señala directamente al grupo armado como una organización narcotraficante.

Tampoco se le exigía a las FARC entregar los bienes y activos que obtuvo por su participación en el tráfico de drogas ni menciona alguna cooperación de la guerrilla para identificar las rutas del narcotráfico o a sus testaferros.

En cambio, el Gobierno asume toda la responsabilidad para identificar los sistemas de financiación y rastrear los bienes y activos involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado, y su penetración en las instituciones del Estado.

Sobre este punto, el nuevo plan que negoció el Gobierno obliga a la guerrilla a hacer un inventario de los bienes y activos que posee para reparar el daño a las víctimas. El documento señala que los rebeldes podrían perder el tratamiento especial de justicia si ocultan sus propiedades.

El documento renegociado también exige a las FARC entregar revelar mayor información sobrelas rutas de la droga, así como un compromiso expreso de abandonar su participación en este negocio ilícito. Pese a estos cambios, sel sector más radical del NO, encabezado por Uribe, mantiene su oposición al acuerdo.

“Se ha firmado una política antinarcóticos con el principal cartel de la cocaína a nivel mundial. Es inmoral, que no se le obligue a las FARC a entregar los recursos que tiene producto del narcotráfico. Son cientos de millones de dólares. Por el contrario, serán las víctimas las que a través de sus impuestos van a financiar a las FARC en su reinserción política”, alega el senador Alfredo Rangel.

El general retirado Rosso José Serrano, quien fue jefe de la Policía Nacional de Colombia entre 1994 y 2000, reconoce que el compromiso de paz pudo haber sido más duro con las FARC en el tema de narcotráfico, pero cree que lo que se logró contribuirá a disminuir el tráfico de drogas en su país.

“Uno quisiera que fuera más radical, pero creo que lo pactado es un paso muy importante. Si los frentes (de las FARC) que están comprometidos y que son muy fuertes cumplen –como los del Putumayo, el Caquetá y el Guaviare que permanentemente atacan a la Fuerza Pública– será positivo, indiscutiblemente vamos a ver una disminución del narcotráfico”, dijo Serrano a Univision Noticias.

El general Jaime Ruiz Barrera es otro crítico con esta cuestión: "El tema del narcotráfico es preocupante, ¿A quién le va a entregar las FARC los laboratorios de cocaína y las plantaciones?, ¿Quiénes los van a seguir manejando? En esto no hay claridad ni tranquilidad, el acuerdo es muy confuso", opinó el militar.

"La justicia no está en los barrotes"

Algunas de las víctimas entienden que no todos los responsables de los crímenes de guerra irán a prisión. Esther Polo Zabala, de 26 años, es una de ellas.

Polo vive en Montería, en el departamento de Córdoba, en el Norte de Colombia. En noviembre de 1989 los paramilitares asesinaron a su padre, Antonio José Polo Hernández, así como a un tío y a un primo. Los atacantes les dispararon mientras participaban en un bautizo. En total murieron 11 personas.

“Las víctimas hemos entendido que la justicia no necesariamente está representada en los barrotes. Esas personas presas, inactivas, no hacen nada. Es mejor que contribuyan a que esta sociedad avance, que salgan a buscar a los desaparecidos y a quitar minas”, dijo Polo a Univision Noticias.

Actualmente ella estudia Derecho para defender a quienes sufrieron la guerra, según cuenta. Junto a su madre, María Zabala, lidera dos organizaciones civiles en Córdoba que buscan disminuir el impacto de la guerra en las mujeres.

Polo fue una de miles de víctimas que ofrecieron su testimonio durante distintos foros realizados en Bogotá a solicitud de los negociadores de la paz en Cuba. Otros 70 colombianos viajaron a La Habana para narrar ante la Mesa de Conversaciones los horrores que padecieron durante la guerra.

“La sorpresa grande para este país es que las víctimas dieron una lección enorme de generosidad, muy por encima de los limitados esfuerzos y reconocimientos que se hacen desde la esfera política", opina Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

"En La Habana, todos esperaban que las víctimas iban a ir a buscar retaliación, pero hicieron una afirmación de futuro. Aplazaron su reclamo de justicia en aras de la negociación. Ese es un acto de suprema generosidad”, agregó.

Ángela Moreno Salazar es otra de esas víctimas que prefiere ver a los guerrilleros en la calle, siempre y cuando cuenten los horrores que cometieron. A ella los paramilitares y las FARC le mataron cuatro hermanos entre 1991 y 2004. Hoy coordina una organización en San Carlos de Antioquia que vela para que los derechos de las víctimas sea restituidos.

“Claro que este acuerdo no es perfecto, pero estoy convencida de que ese grupo de personas en la cárcel seguiría delinquiendo. Es mejor que retomen sus vidas, se reinserten a la sociedad y sean conscientes del daño que nos hicieron”, declaró Moreno a Univision.

Pero la posición reconciliadora de algunas víctimas no parece convencer a quienes se oponen a lo que negoció el Gobierno con los rebeldes.

“Puede haber muchas víctimas que estén en la actitud de perdonar a sus verdugos y apoyar los acuerdos. El perdón es una decisión individual. Pero en Colombia hay asociaciones de víctimas que exigen que haya ese castigo ejemplar y no están en contra de la paz. El Gobierno y sus voceros engañan a la opinión pública al decir que los delitos de lesa humanidad no van a quedar en la impunidad”, insistió el senador Rangel.

Esther Polo y Pastora Mira creen que el plan de paz tiene buenas propuestas, especialmente las iniciativas para devolver las tierras, la consolidación de las reservas campesinas y la creación de la comisión de la verdad.

“Es necesario conocer quiénes estuvieron detrás del conflicto, quiénes le echaron leña al fuego y quiénes se beneficiaron. Eso baja el nivel de sufrimiento”, dijo Polo.

“El primer elemento de la guerra es el hambre y ahora hay mucha gente con ganas de hacer algo, de cultivar y trabajar, por eso la restitución de tierras es tan importante. La paz se contagia cuando hay equidad social”, agregó Mira.

Así quedó la iglesia de Bojayá, en el departamento del Chocó, luego de que las FARC lanzara una bomba mientras casi 300 personas se ocultaban en el edificio. Fue el peor ataque en décadas de conflicto, ocurrió el 2 de mayo de 2002 y murieron 119 civiles. Luis Acosta /AFP/Getty Images

Hoy –como siempre lo ha sido– la paz depende de la voluntad de colombianos, quienes decidirán en el Congreso si ratifican o no el pacto con la guerrilla.

El plan de paz inicial fue aprobado unánimemente por los rebeldes el 23 de setiembre, durante la X Conferencia Nacional Guerrillera que se realizó en el municipio de San Vicente del Caguán, el mismo sitio donde hace 17 años el entonces jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, dejó la silla vacía al inicio de uno de los tantos diálogos de paz que terminaron en nada.

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El presidente de Colombia Juan Manuel Santos dice qué pasará si gana el "no" en el plebiscito © 2015 Univision Communications Inc.