Un centenar de profesores y abogados de inmigración firman carta pidiendo a Trump que proteja DACA

Abogados de inmigración y profesores universitarios le escriben al presidente Donald Trump para advertirle que sería un grave error quitarles a cerca de 750,000 jóvenes la protección que hace 5 años les otorgó el gobierno de EEUU.

¿Qué pasará con DACA y el perdón I-601A si Trump cumple sus promesas electorales? © 2015 Univision Communications Inc.

Un grupo integrado por 100 abogados firmaron una carta dirigida al presidente Donald Trump, donde le piden que proteja la Acción Diferida de 2012 (DACA), que ampara de la deportación a unos 788,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país (antes de cumplir 16 años) y a los que se les conoce como dreamners.

En la misiva, los abogados le dicen al presidente que, “como profesores de derecho de inmigración y académicos, le escribimos para expresar nuestra posición de que el Poder Ejecutivo tiene autoridad legal para implementar DACA”, y agregan que, a su juicio, la acción diferida tomada por el entonces presidente Barack Obama en 2012 “es un ejercicio legal de la discreción procesal”.

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“Nuestras conclusiones se basan en años de experiencia en el campo, y un estudio detallado de la Constitución de Estados Unidos, el derecho administrativo, los estatutos de inmigración, los reglamentos federales y la jurisprudencia”, indicaron. “A medida que el gobierno determina el futuro de DACA, la comprensión de su fundamento legal y la historia es crítica”, indicaron.

La Acción Diferida de 2012 se encuentra en la mira de los fiscales generales de 10 estados, encabezados por Texas, y el gobernador de Idaho (todos republicanos), quienes a comienzos de julio le enviaron una carta al Fiscal General Jeff Sessions para exigirle que, antes del 5 de septiembre, elimine DACA o de lo contrario acudirán a las cortes.

“Con la carta queremos cambiar la narrativa sobre DACA, y presionar al gobierno (de Trump) sobre cómo responder a las reclamaciones del Estado”, dice a Univision Noticias Michael Oliva, presidente del distinguido centro William B. Bates de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston y uno de los firmantes del documento.

“Creemos que el programa es legal, y que se requieren más análisis tanto políticos como legales. Acabar con DACA sería una tragedia y una ruptura del contrato que Estados Unidos hizo con estos estudiantes. Esperamos que nuestra Carta Abierta tenga un efecto positivo”.

Poder del ejecutivo

Tras explicar los alcances del poder ejecutivo, garantizado por la Constitución e interpretado a lo lardo de los años por los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, los abogados defienden la legalidad de DACA, y destacan que ha sido el Congreso quien “delegó la mayoría de las funciones discrecionales sobre inmigración al DHS”, lo que permitió en 2012 anunciar la acción ejecutiva para los dreamers.

Señalan además que el Congreso, en repetidas ocasiones, ha señalado que el Poder Ejecutivo “tiene el poder de conceder" medidas diferidas "a ciertas categorías de personas, como las víctimas de delitos y la trata de personas, y recuerdan que “adicionalmente, gobiernos anteriores han anunciado programas de acción diferida para proteger a las personas calificadas”, como por ejemplo estudiantes víctimas del paso del huracán Katrina, y un programa para beneficiar a viudas de ciudadanos estadounidenses.

Los abogados también citan decisiones similares adoptadas por mandatarios y las antiguas oficinas de inmigración desde 1825, cuando la entonces Oficina de Superintendencia de Inmigración se transformó en el Buró de Inmigración de Estados Unidos.

La demanda de los 10 estados

En la misiva los abogados y profesores universitarios critican el ultimátum de los 10 estados enviado al Fiscal General Sessions a comienzos de julio, y rechazan el señalamiento de que DACA se trata de algo “ilegal”.

Indican que la oposición a DACA “combina la acción diferida, la presencia legal y la autorización de trabajo en formas que son jurídicamente erróneas y poco claras”, y advierten que una demanda ventilada en 2012 contra la ampliación de la Acción Diferida (caso Texas versus EEUU) nunca mencionó la legalidad de DACA.

El 20 de noviembre de 2014 el presidente Obama anunció una acción ejecutiva para ampliar los beneficios de DACA de 2012, y un programa para amparar la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes. Ambos beneficios fueron frenados por las cortes, pero nunca estuvo en juego la legalidad de la Acción Diferida de 2012.

“Aunque el alcance de esta carta es describir la base legal para DACA 2012, es importante destacar la historia y la inevitable discrecionalidad procesal en la aplicación de la ley de inmigración”, indican los abogados.

Agregan que “la discreción de la Fiscalía existe porque el gobierno tiene recursos limitados, y carece de la capacidad de hacer cumplir la ley contra toda la población indocumentada”, estimada en 11 millones.

También señalan que DACA tiene una dimensión humanitaria, y subrayan que en estos cinco años de vigencia “ha sido un éxito político sin reservas, permitiendo a más 750,000 beneficiarios continuar su educación, recibir licencias profesionales, encontrar empleo, pagar impuestos, cuotas en el Seguro Social y otras arcas fiscales.

Historia de DACA

DACA fue anunciado el 15 de junio de 2012 y entró en vigor 60 días más tarde, el 15 de agosto de 2012, tras la publicación de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El programa ampara de la deportación y concede una autorización de empleo renovable cada dos años.

“La acción diferida es una forma de procesamiento discrecional de la ley de inmigración, y ha sido utilizada por décadas, primero por el Departamento de Justicia (cuando el servicio de inmigración dependía de este ministerio) y a partir de 2003 por el DHS”, explican los firmantes.

Los beneficiarios de DACA deben demostrar que están en el país desde antes del 15 de junio de 2017, tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012, estudian o se han graduado, y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos.

“Y no constituyan una amenaza para la seguridad pública ni para la seguridad nacional”, se lee en la carta.

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