Sessions amenaza a ciudades santuario con negarles ayuda para combatir narcotráfico y pandillas si siguen protegiendo a indocumentados

El fiscal general de EEUU envió una carta este jueves advirtiendo a varias localidades, entre ellas Stockton y San Bernardino en California, que de no colaborar con las políticas para detener a inmigrantes sin papeles, no podrán participar de un nuevo programa para combatir el crimen.

Foto tomada el 2 de agosto de 2017 del fiscal general Jeff Sessions en un evento en Columbus, Ohio. AP Photo/Jay LaPrete

LOS ÁNGELES, California.- A través de una carta que envió el Departamento de Justicia a varias ciudades santuario este jueves, entre las que se encuentran San Bernardino y Stockton en California, el fiscal general Jeff Sessions les advirtió que si no intensifican sus esfuerzos en enfocarse en detener delitos cometidos por inmigrantes indocumentados no podrán participar de un nuevo programa de entrenamiento contra el crimen.

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el fiscal general amenazó con castigar a las ciudades santuario negándoles fondos si estas no cumplen con las nuevas políticas migratorias que buscan detener a las personas que viven en el país sin documentos, en este caso quitándoles la posibilidad de ser parte de una iniciativa para luchar contra las pandillas y el crimen relacionado con el narcotráfico.

Lo más inquietante es que la carta fue enviada a municipalidades azotadas por ese tipo de violencia y se les pone como condición ciertos requisitos para que puedan verse beneficiadas con este programa de seguridad pública. Antes de ser aceptadas, primero deberán responder una serie de preguntas para confirmar que no tienen políticas de santuario para proteger a inmigrantes indocumentados de una posible deportación.

Los cuatro departamentos policiales que fueron advertidos son Albuquerque en Nuevo Mexico, Baltimore en Maryland y San Bernardino y Stockton en California. Estas ciudades han expresado su interés en participar de este entrenamiento que incluye tecnología para ayudar a las comunidades a combatir el crimen, por lo que recibieron como respuesta esas condiciones.

Una de las peticiones que se les hace es que otorguen a las autoridades de inmigracion federales acceso a las cárceles y avisen antes de liberar a alguien en custodia que es requerido por alguna violación migratoria.

Carta enviada al jefe de la Policía de San Bernardino por el Departamento de Justicia el 3 de agosto.

"Tomando en cuenta consideraciones simples y de sentido común estamos incentivando a cada jurisdicción en este país a cooperar con el cumplimiento de las leyes federales", dijo Sessions en un comunicado que acompañaba las cartas.

"Al proteger a criminales de la aplicación de las leyes sobre inmigración, las ciudades y los estados con las llamadas políticas santuario nos dejan a todos menos seguros", declaró.

En las cartas les enumeran una serie de requisitos a modo de pregunta, que tienen plazo hasta el 18 de agosto para comprobar que están cumpliendo.

Las ciudades que recibieron esta notificación han visto en recientes años cómo la violencia y el crimen ha ido creciendo en sus comunidades. De acuerdo con cifras citadas por el diario Los Angeles Times, San Bernardino tuvo un récord de homicidios en 2016: 62 asesinatos apenas un año después del atentado terrorista en el que murieron 14 personas en el complejo Inland Regional Center (IRC).

El anuncio de Sessions refleja parte de una política más extensa impulsada por el presidente Donald Trump para reducir la inmigración ilegal. Hace una semana el fiscal general ya dio una orden nacional anunciando que que cada localidad deberá permitir que agentes migratorios entren a sus cárceles y cuestionen sobre el estatus migratorio de cualquier detenido para ser elegibles al mayor programa de fondos federales de justicia criminal del país.

De esa manera, Sessions busca implementar el ultimátum que dio a las ciudades santuario en marzo, cuando aseguró que le quitaría fondos federales del Departamento de Justicia que lidera si continuaban limitando su cooperación con las deportaciones al mínimo requerido por la ley.

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