California reta a Trump y demanda al gobierno federal por amenazas a ciudades santuario

El fiscal general estatal, Xavier Becerra, advirtió que no permitirá que California sea menos segura ni pondrá en riesgo a sus comunidades: "Lucharemos contra el crimen y todo el que quiera quitarnos los dólares que nos hemos ganado".

California demanda al gobierno federal por amenazas de bloquear fondos a ciudades santuario © 2015 Univision Communications Inc.

LOS ÁNGELES, California.- El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció en conferencia de prensa que el estado presentó este lunes una demanda contra el gobierno federal por sus amenazas de bloquear fondos a las ciudades santuario, alegando que estas acciones son "inconstitucionales" y ponen en riesgo la seguridad pública al tratarse de recursos requeridos por los gobiernos locales para luchar contra el crimen.

Con esta acción legal, California se sumó a San Francisco, que el viernes pasado demandó nuevamente a la administración Trump por considerar "ilegal" el bloqueo de fondos a jurisdicciones que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la persecución de inmigrantes indocumentados.

"El gobierno de Trump no puede manipular los requisitos de concesión de fondos federales para presionar a los estados, condados o municipios para que ejecuten las leyes de inmigración", señaló Becerra.

Según los datos de la Fiscalía californiana, más de 28 millones de dólares de ayudas a través del fondo federal Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant, destinado a programas de seguridad y prevención del crimen, corren peligro en California debido a los nuevos criterios estipulados por la Casa Blanca para su obtención.

El fiscal general estatal advirtió que esos recursos son indispensables para la protección de las comunidades y que la amenaza del gobierno de negárselos para forzarlos a hacer el trabajo de las autoridades de inmigración no es "legal" ni "responsable.

"Vamos a luchar contra el crimen y por los recursos que necesitamos, tenemos la intención de detener a cualquiera que intente negarnos los dólares que nos hemos ganado y por los que hemos pagado (taxes)", afirmó.

El Departamento de Justicia confiaba en doblegar a las ciudades santuario con estas nuevas reglas que incluyen garantizar el acceso sin límite a los agentes federales en las ciudades para que busquen a inmigrantes sin papeles, o la obligación de la Policía de avisar con un plazo de 48 horas de antelación acerca de cualquier intención de liberar a un inmigrante indocumentado.


A finales de julio el fiscal general Jeff Sessions dio una orden nacional anunciando que que cada localidad deberá permitir que agentes migratorios entren a sus cárceles y cuestionen sobre el estatus migratorio de cualquier detenido para ser elegibles al mayor programa de fondos federales de justicia criminal del país.

Becerra indicó que se trata de "pura intimidación" con la intención de obligar a los cuerpos de seguridad a cambiar las políticas y prácticas que han determinado la seguridad pública. "Estamos en el negocio de la seguridad pública. No estamos en el negocio de las deportaciones".

"Nosotros respetamos la constitución: el gobierno federal debería hacer lo mismo. Es nuestro derecho y nuestro deber luchar por defender a nuestros agentes del orden (...) y proteger los recursos de los que dependen para hacer su trabajo por nuestra seguridad pública", aseveró.

En su comparecencia para anunciar la denuncia, Becerra estuvo acompañado por el fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, quien presentó la demanda en el mismo sentido en nombre de esta ciudad el viernes.

Las acciones legales de California y San Francisco se unen a otras iniciativas en todo el país como la de Chicago, que la semana pasada denunció al Departamento de Justicia por negarle fondos federales debido a que es una ciudad santuario.

Como respuesta a la demanda de Chicago, Sessions afirmó que esa denuncia no servirá para que reciban los fondos federales, si no dejan de ser una ciudad santuario, y aseguró que "el dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos".

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